Ataque a la democracia por parte de los socialistas tras su pacto con Podemos

El PSOE niega que el Senado represente a los españoles: esto es lo que dice la Constitución

El pacto del PSOE y de Podemos para saltarse el control del Senado, violando sin rodeos la Constitución, ha sido defendido en La Sexta por Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso.

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“La soberanía nacional reside en el pueblo español”

Demostrando una absoluta ignorancia sobre lo que afirma la Constitución, Lastra ha tachado de “antidemocrático” que la Cámara Alta tenga “poder de veto sobre una decisión del Congreso, donde reside la soberanía nacional” (se puede ver el vídeo aquí, a partir del minuto 3:43). La portavoz socialista debería repasar lo que dice la Constitución Española. Para empezar, la soberanía nacional no reside en el Congreso, sino “en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (Artículo 1.2). Es un matiz muy importante: el Congreso y el Senado ejercen una función de representación, pero la soberanía reside en el pueblo, no en sus políticos.

“Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado

Así mismo, parece que Lastra tampoco ha leído el Artículo 66: Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado“. Ese mismo artículo recuerda que las Cortes, es decir, tanto el Congreso como el Senado, “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos” y “controlan la acción del Gobierno”. Es esta labor de control la que socialistas y comunistas se quieren saltar, simplemente porque no tienen mayoría en el Senado. Una actitud propia de personas que no tienen respeto por las reglas democráticas.

Modificar una ley orgánica con un decreto-ley es inconstitucional

Por otra parte, hay que recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no sólo concede poder de veto al Senado, sino también al Congreso. Lo dice el Artículo 15.6: “Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”. Además, esa ley fue aprobada en el Congreso con 192 votos a favor, 116 en contra y cuatro abstenciones. Una mayoría que el PSOE y sus aliados no tienen a día de hoy. Anular una ley orgánica mediante un decreto-ley es inconstitucional, como indica el Artículo 86 de la Constitución y como ratificó el Tribunal Constitucional en su sentencia 60/1986. Si se salta esa prohibición constitucional, el Gobierno podría ser acusado de un delito de prevaricación. No cabe esperar que un Gobierno que no respeta la Constitución muestre respeto por una norma de rango inferior como es el Código Penal. Allá ellos. En España hay jueces dispuestos a enviar a políticos a prisión si se saltan las leyes, como ya ha demostrado el Tribunal Supremo con los golpistas catalanes.

(Foto: Senado.es)

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