El contenido inconstitucional e ilegal de la orden ministerial de Illa para cerrar Madrid

En España tenemos un Gobierno socialista-comunista que parece creer que la Constitución está para saltársela a la torera, a juzgar por lo que publica hoy el BOE.

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La Ley 16/2003 exige que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud sean «por consenso»

Y es que el BOE ha publicado en tiempo récord el supuesto acuerdo tomado ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para establecer los criterios para ordenar el cierre de las ciudades más afectadas por la segunda ola de coronavirus. Un acuerdo cuya validez jurídica es muy cuestionable, como ya ha señalado el Gobierno regional de Madrid, ya que la Ley 16/2003 dice lo siguiente en su Artículo 73.2: "Los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso". Difícilmente se puede hablar de consenso en el Consejo de ayer, ya que Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta rechazaron el acuerdo propuesto por Salvador Illa, ministro de Sanidad.

La ley sólo le permite emitir recomendaciones pero dicta órdenes y prohibiciones

Además de lo anterior, y a diferencia de lo que marca el citado Art. 73.2 de la Ley 16/2003, lo que publica hoy la orden ministerial de Illa no son recomendaciones, sino órdenes y prohibiciones claras y directas. Su apartado 1, por ejemplo, señala: "La declaración de actuaciones coordinadas obligará a las comunidades autónomas a adoptar, al menos, las medidas que se prevén en el apartado 2", señalando a continuación unos criterios que parecen redactados expresamente para aplicarse solamente a la Comunidad de Madrid. Es inevitable ver motivaciones políticas y no sanitarias en esta redacción que, insisto, viola abiertamente la citada Ley 16/2003.

La orden ministerial viola el Artículo 55 de la Constitución

Pero lo peor de esa orden ministerial no es que viole una ley ordinaria como la citada, sino que además viola también el Artículo 55 de la Constitución Española. Y es que el apartado 2 de la citada orden ministerial, titulado "Medidas de obligado cumplimiento" (cuando el citado consejo sólo puede emitir recomendaciones, como acabamos de ver), se imponen claras restricciones de la libertad de circulación, un derecho constitucional amparado por el Artículo 19 de nuestra Carta Magna: "Se restringirá la entrada y salida de personas de los municipios previstos en el apartado 1.1, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos", señalando a continuación una serie de excepciones.

La orden también establece lo siguiente: "La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios previstos en el apartado 1.1, será posible, siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos".

Así mismo, la orden ministerial restringe también el derecho de reunión, otro derecho constitucional, en este caso amparado por el Artículo 21 de la Constitución, estableciendo aforos máximos para lugares de culto, velatorios, establecimientos comerciales, academias, colegios y otros centros, imponiendo además unas horas límite a establecimientos comerciales y de hostelería. Un toque de queda en toda regla.

El Artículo 55 de la Constitución Española señala claramente: "Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución". Hay que recordar que el 14 de marzo, el Gobierno recurrió a la declaración del estado de alarma para restringir esos derechos, cuando tendría que haber recurrido a un estado de excepción. Ahora ni eso: el Gobierno pretende suspender derechos constitucionales con una simple orden ministerial, algo radicalmente inconstitucional. De hecho, nuestra Carta Magna no permite que ninguno de los tres citados estados sea utilizado para limitar el ejercicio de la libertad de culto, amparado por su Artículo 16.

Díaz Ayuso anuncia que recurrirá la orden a los tribunales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que recurrirá esa orden ante los tribunales, algo que me parece del todo lógico a la vista de su contenido. Pero no se debería quedar ahí: la adopción de una medida claramente ilegal y contraria a la Constitución por parte de Salvador Illa también debería tener consecuencias, concretamente las relacionadas con el Artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". De llevarse a cabo las prohibiciones establecidas por dicha orden, además, podría acusarse al Gobierno de los correspondientes delitos contra el ejercicio de derechos individuales.

Están fallando los diques para frenar los abusos de poder en España

Dicho sea de paso, lo más lamentable de todo esto no es que tengamos un Gobierno que se empeña en lesionar derechos fundamentales de forma ilegal, como ya lo hizo durante el confinamiento la pasada primavera, sino la falta de reacción por parte de la sociedad y de muchas de las instituciones que tienen a su cargo fiscalizar la acción del Gobierno. ¿Dónde está el clamor de tantos miles de juristas como hay en España? ¿Qué hay de los medios de comunicación, que deberían poner el grito en el cielo ante estos atropellos? Y sobre todo, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional siga sin resolver el recurso presentado por Vox en abril contra los abusos del estado de alarma impuesto por el Gobierno? Una democracia falla estrepitosamente si no funcionan los diques jurídicos, políticos y sociales para frenar los abusos del poder político. Y eso, lamentablemente, es lo que está pasando en España.

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Foto: La Moncloa.