Así es como el socialismo reventó los frenos legales contra los abusos de poder en España

Elentir EN Vie 2·12·2022 · 7:02 1

Ayer vimos los datos de la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez. Es lógico preguntarse: ¿cómo ha llegado España a este punto?

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Obviamente, la degradación de una democracia no es algo que suele ocurrir de la noche a la mañana, a menos que ocurra un hecho extraordinario y convulso, como un golpe de Estado. De hecho, esa lenta degradación hace que muchos ciudadanos no la perciban. No obstante, ha habido algunos momentos que han acelerado esa degradación, al reventar uno de los mecanismos que necesita toda democracia para evitar tomar una deriva autoritaria: aquellos que limitan la acción del poder político y que sirven de freno a sus abusos.

Los frenos de la Constitución de 1978 contra los abusos de poder

La Constitución de 1978 estableció tres importantes mecanismos para frenar abusos de poder. El primero es de carácter individual: el recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), y tiene como fin frenar posibles violaciones de derechos por parte de ciudadanos. El segundo es el recurso de inconstitucionalidad, con el cual 50 diputados o senadores pueden recurrir leyes al Tribunal Constitucional si consideran que violan la Constitución. El tercero es la cuestión de inconstitucionalidad, que es similar al recurso, pero impuesto por un juzgado o un tribunal. El Artículo 165 de la Constitución remitió el funcionamiento del Tribunal Constitucional a una ley orgánica. De este modo, se dejaron las llaves de los frenos a los abusos al poder en manos de quienes podían cometerlos.

El recurso previo de inconstitucionalidad aprobado en 1979

En 1979, durante el mandato del centrista Adolfo Suárez, se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En su redacción original, su Artículo 79 establecía un recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas (que son las encargadas de regular derechos fundamentales). Este mecanismo se introdujo con el fin de evitar que un gobierno lesionara libertades y derechos fundamentales mediante una política de hechos consumados, es decir, aprovechándose del posible retraso del Tribunal Constitucional a la hora de dictar sentencia sobre un recurso.

Ese recurso previo significaba que una ley orgánica recurrida ante el TC sólo podía entrar en vigor una vez que ese Tribunal resolviese el recurso. Además de frenar posibles abusos de poder, que era su finalidad principal, ese mecanismo jurídico creaba, además, una cultura del consenso que obligaba a pactar las leyes sobre derechos fundamentales con la oposición, pues de lo contrario una ley aprobada sin consenso y que fuese lesiva para los derechos fundamentales podía ser frenada y anulada antes de entrar en vigor. Este mecanismo, además, obligaba al TC a ser diligente a la hora de resolver los recursos, pues lo contrario podría dar lugar al bloqueo indefinido de leyes justas.

En 1985 los socialistas eliminaron ese recurso previo porque les estorbaba

En 1982 el Partido Socialista Obrero Española (PSOE) llegó al poder tras ganar las elecciones generales por mayoría absoluta. La agenda ideológica del gobierno socialista de Felipe González chocó pronto con ese freno jurídico a los abusos del poder. En 1983, los socialistas aprobaron una ley para despenalizar el aborto, una ley que implicaba una legalización de hecho del acto de matar a hijos por nacer, lesionando gravemente el más básico de los derechos humanos: el derecho a la vida. Los diputados de Alianza Popular (AP) y de la Unión de Centro Democrático (UCD) votaron en contra de esa ley, que fue recurrida ese mismo año ante el Tribunal Constitucional por 54 diputados de ambos partidos. Al recurrir esa ley orgánica, su entrada en vigor quedó en suspenso.

La agenda ideológica socialista se había acelerado, y ocurrió lo mismo con otras cinco leyes orgánicas aprobadas por el PSOE en sus dos primeros años de gobierno, leyes que afectaban a derechos fundamentales, igual que la del aborto, y que los socialistas se negaron a consensuar con la oposición. En vez de optar por el acuerdo en materias delicadas que afectaban al desarrollo de nuestras libertades, el PSOE decidió suprimir sin más ese freno a los abusos de poder, aprobando una ley orgánica que suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad de los diputados y senadores, limitándolo al gobierno (es decir, al propio poder político cuyos abusos pretendía frenar ese recurso previo).

El entonces vicepresidente socialista dijo que Montesquieu había muerto

En el preámbulo de esa reforma, los socialistas tuvieron el cinismo de alegar que "este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado": poco después aprobaban una Ley Orgánica del Poder Judicial que liquidaba la separación de poderes, al otorgar al gobierno el control del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Unos meses antes de aprobar esa ley, el socialista Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, dijo: "Montesquieu hace mucho tiempo que ha muerto", en referencia al Barón de Montesquieu, que formuló el principio democrático de la separación de poderes en 1748.

Los atropellos a derechos fundamentales que desencadenó aquella medida

El resultado de aquel zarpazo a la democracia se ha visto en leyes orgánicas posteriores que han sido recurridas al Tribunal Constitucional. El recurso a la ley del aborto de 2010, también aprobada por los socialistas, lleva 12 años sin resolverse. De esta forma, los socialistas han podido imponer su agenda ideológica cada vez que han gobernado, mediante una política de hechos consumados que permite lesionar derechos fundamentales aprovechando la lentitud del tribunal encargado de protegerlos. Un tribunal cuya independencia es puramente ficticia, ya que los grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, se reparten descaradamente el nombramiento de sus magistrados desde hace años.

El Partido Popular no repuso el recurso previo cuando gobernó

En 2010, con el PSOE en el poder, el Partido Popular presentó una proposición de ley para recuperar ese recurso previo, que fue rechazada con 186 votos en contra, 144 a favor y 1 abstención. El Partido Popular pudo aprobar esa iniciativa durante el mandato de Rajoy, pero no lo hizo a pesar de tener mayoría absoluta, como tampoco lo hizo durante el mandato de José María Aznar.

El resultado es una régimen político en el cual el gobierno puede lesionar derechos fundamentales sin ningún freno eficaz, y con un Tribunal Constitucional que suele resolver los recursos con retraso y cuando el daño ya está hecho. Los socialistas son los principales culpables de haber llevado a nuestra democracia por ese derrotero autoritario, pero el Partido Popular es también responsable de no haber hecho nada para derogar los atropellos que hizo el PSOE.

En 2020 Vox propuso recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad

Frente a dos grandes partidos que nos han llevado a esta situación, a los españoles sólo nos queda una esperanza: en 2020, Vox propuso recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad. Ese partido no se limitó a formular esa idea: el 10 de diciembre de 2020, Vox presentó una proposición de ley orgánica para recuperar ese freno a los abusos de poder. A día de hoy, dos años después, esta iniciativa aún no ha sido votada en el Congreso, cuya Mesa está controlada por el PSOE y por sus aliados ultraizquierdistas de Podemos.

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