Más de 1.300 jueces de España denuncian que la amnistía de Sánchez supone «volar por los aires el Estado de Derecho»
ENLa asociación mayoritaria de jueces de España se ha unido a la denuncia de ocho vocales del Poder Jucial contra la amnistía.
En un comunicado publicado anoche, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a más de 1.300 jueces, se ha pronunciado en contra de la amnistía anunciada por el gobierno, denunciando que es "situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho".
En su comunicado, la APM recuerda que "los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017", que ahora el gobierno pretende borrar y dejar impunes con la amnistía que negocia con sus aliados separatistas, fueron "hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles".
La APM señala que una ley de amnistía "no es admisible en la Constitución Española de 1978", y además "deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos", y "quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes".
Podéis leer a continuación el comunicado íntegro publicado por la APM:
LA APM EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO
La Asociación Profesional de la Magistratura nació con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del Poder Judicial, por la defensa de los principios reconocidos en nuestra Constitución y, en definitiva, para preservar el Estado de Derecho, con pleno respeto a la separación de poderes y al imperio de la ley.
Llevamos mucho tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho. Asistimos a una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes. Escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley.
Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho.
En los próximos días se presentará una iniciativa legislativa con el fin de conceder la amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles.
No vamos a pronunciarnos sobre el hecho de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos; no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos.
Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena.
Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.
Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo.
Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes.
Y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad.
En definitiva, la ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura expresamos nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política.
En Madrid, a 1 de noviembre de 2023.
La Asociación Profesional de la Magistratura
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Foto: PSOE.
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Comentarios:
Pau
Me temo que esta importantísima denuncia desde el ámbito judicial caerá en saco roto para Sánchez e incluso para el Tribunal Constitucional-PSOE.
España está en una situación de extraordinaria gravedad ante lo que está negociando Sánchez para su investidura. Por ello desde la política las respuestas han de ser drásticas. Si VOX y el PP creen realmente en sus juicios, si está en juego el Estado de Derecho y si la investidura se va a construir sobre un fraude de ley, deberían deslegitimarla claramente no participando en ella.
12:52 | 2/11/23
wladimir
al Sanchismo…
por lo visto le importaria muy poco si en su empeño por obtener esta tan ansiada anmistia para sus amigos y secuaces ultraizquierdistas
Al Regimen no le importa que la Asociación Profesional de la Magistratura advierta que la ley de amnistía cuestione la labor de los jueces y «deslegitima el Estado de Derecho» y es el ‘El principio del fin de nuestra democracia’
aso como al Sanchismo no le importa en absoluto que la amnistía también ‘borre’ los delitos de los espías rusos de la ‘Unidad 29155’ del GRU en el 1-O
y que con esa amnistia los expertos en ciberseguridad y geoestrategia advierten de que desaparecerá la pata española en la lucha contra desestabilización rusa. El Parlamento Europeo publica este lunes su investigación sobre la injerencia rusa en la UE.
por supuesto que al Sanchismo le da lo mismo que la inclusión en la amnistía de acusados de terrorismo y corrupción indigne a policías, fiscales y jueces y que
el empleo de fondos públicos para financiar el proceso independentista o los ataques a infraestructuras esenciales quedarán impunes.
asi como prontamente El PNV exige otro pago a Sánchez: desmantelar las instalaciones del Ejército del Aire en Navarra a cambio de su voto favorable para la amnistia..
13:01 | 2/11/23
Alberto
Lo siguiente será indemnizar económicamente a Junqueras y compañía por el tiempo que estuvieron presos en la cárcel. A ver qué dice y hace la UE porque en España el estado de derecho y el principio de legalidad hacen aguas por todos lados.
18:22 | 2/11/23
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