¿El diario socialista El País pretende que el Estado censure las conversaciones privadas?

Últimamente se está viendo una serie de discursos sobre la libertad de expresión que deben hacer muy felices a los peores dictadores.

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Con el pretexto de combatir "bulos", "discursos de odio" y "desinformación" (términos que algunos suelen sacar de su contexto para calificar todo aquello que no es de su agrado), algunos están dando pasos para que la censura deje de parecer algo propio de tiempos pasados y empiece a ser algo aceptable e incluso imprescindible en cualquier país democrático. Veamos un ejemplo.

El pasado domingo, el diario socialista El País titulaba una noticia del siguiente modo: "Sin defensas contra el odio: las narrativas tóxicas se imponen tras la dana". Viendo que el tema va sobre "odio" y "narrativas tóxicas", algunos pensarán que El País iba a hablar sobre los discursos odiosos y extremistas de la izquierda y de sus amigos separatistas, que tienen la fea costumbre de demonizar a los ricos, a los católicos, a los españoles que no son de su región, a los trabajadores autónomos, a los empresarios... Pero no. Los tiros no iban por ahí.

A fin de cuentas, para los socialistas, las expresiones de odio de la izquierda y de sus amigos separatistas nunca son dignas de reproche. Recordemos, sin ir más lejos, que el año pasado el PSOE anunció que apoyaría una iniciativa de los comunistas de Sumar para legalizar el delito de apología del terrorismo, los ultrajes a España, los escarnios a los creyentes, las injurias al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas y a la Policía y las injurias a la Corona. Así es como la izquierda y el separatismo vomitan su odio, un odio que les parece irreprochable.

Al igual que el resto de la izquierda, El País sólo identifica como "odio" aquello que contradice los dogmas izquierdistas. Es la vieja ley del embudo: para la izquierda el extremo más ancho, y para los demás el extremo estrecho. Pero atentos a lo que añade el diario socialista:

"En comidas de amigos, en tertulias espontáneas y, por supuesto, en grupos de WhatsApp ya se derraman con naturalidad lecturas conspiranoicas, mentiras rotundas y teorías extremistas".

Mi querido Fray Josepho se tomó esto con humor y comentó con tono irónico: "Urge que el gobierno de progreso prohíba las comidas con amigos, las tertulias espontáneas y los grupos de WhatsApp, y establezca que solo Lo País, RTVE y la SER puedan difundir información verificada". El caso es que El País no se lo toma con tanta ironía. Tras mencionar esas conversaciones privas, el diario socialista añadía:

"Las plataformas digitales no actúan, las autoridades tampoco, y se genera un clima de total impunidad para quienes se dedican a diseminar peligrosos bulos. Sin un sistema inmunitario que proteja el derecho a la información veraz, las narrativas tóxicas fluyen sin freno desde esta industria del odio perfectamente engrasada para explotar la fragilidad de la gente".

Leyendo esto es lógico preguntarse: ¿El País pretende que el Estado censure las conversaciones privadas? ¿El afán socialista por lograr que el Estado controle cualquier aspecto de nuestra existencia llegará hasta ahí? ¿Se detentrá ahí siquiera?

Eso que El País llama "clima total de impunidad" en realidad tiene un nombre: democracia. Una democracia es un sistema en el que las personas y las organizaciones tienen "derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Este entrecomillado no me lo acabo de inventar yo: es lo que dice el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En su Artículo 20, la Constitución Española ampara el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", señalando que ese derecho "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa" y que tiene sus límites en los demás derechos y, concretamenre, en "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia".

Obviamente, ese derecho implica la libertad de decir cosas que resultarán desagradables para otros. Incluso podría decir que incluye el derecho a decir cosas que no sean del agrado del periódico socialista El País, aunque en su redacción les cueste asimilarlo.

Por otra parte, ese derecho ampara también la posibilidad de faltar a la verdad y expresar ideas odiosas, una forma de ejercer la libertad de expresión que ciertamente puede provocar asco a cualquier persona decente, pero que se basa en el hecho de que eso es preferible a tener un Estado que se dedique a perseguir a la gente por opinar y por decir cosas que molesten a ciertos gobernantes. En una democracia, el medio más eficaz y la forma legítima de combatir la mentira y los bulos es la información, no la censura.

De hecho, El País puede dar gracias de que difundir bulos no sea delito. Como recordaréis algunos, aquí publiqué una lista de bulos difundidos por ese periódico, que ha hecho cosas como llamar "franquistas" a personas muertas antes del franquismo, negar que un feto humano sea un ser humano, y afirmar que la Iglesia aniquiló a Galileo, condenó el pararrayos y mandó a la hoguera a los primeros anestesistas, por poner algunos ejemplos. Todas ellas eran afirmaciones abiertamente falsas. Si expresar ideas odiosas y extremistas, mentir y difundir bulos fuese delito, El País lo tendría crudo.

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Imagen: Grok.