Uno de los males más extendidos en los países democráticos es la llamada corrupción política, pero muchos parecen ignorar en qué consiste.
Se podría definir la corrupción política como el abuso del poder otorgado por el pueblo para obtener beneficios personales o partidistas de manera ilícita. En este sentido, la peor expresión de la corrupción política no es el mero acto de robar, incluso grandes cantidades, vulnerando las leyes penales. Antes bien, la peor corrupción política es aquella en la que el abuso de poder se dedica a erosionar y destrozar los propios cimientos de la democracia, con la finalidad de proporcionar un beneficio personal a quienes ostentan el poder político.
En España hemos visto muchos casos de políticos corruptos, que han abusado de su posición para enriquecerse de forma ilítica. Pero hay una corrupción más terrible que ésa, una corrupción que pervierte las propias bases de nuestra convivencia y corroe las virtudes cívicas.
Hace un año, la izquierda española perpetró el peor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia aprobando una ley de amnistía para personas condenadas por graves delitos, una medida cuya única justificación real, al margen de las mentiras usadas por el gobierno para disfrazar sus motivaciones reales, es que a Pedro Sánchez le hacían falta los votos de partidos separatistas que perpetraron un golpe contra la Constitución en Cataluña en octubre 2017. Un golpe en el que se cometieron delitos de sedición, malversación de fondos públicos y terrorismo, entre otros.
En su Artículo 62, la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, por lo que en 46 años en España no se había publicado ninguna amnistía al ser abiertamente inconstitucional. De hecho, Pedro Sánchez y varios de sus ministros dijeron que la amnistía era ilegal e inconstitucional, antes de que fuese el precio puesto por los separatistas para garantizar su apoyo a la reelección de Sánchez.
Ayer, según ha informado la emisora progubernamental Cadena SER, el Tribunal Constitucional controlado por los socialistas dejó lista para votar hoy una ponencia para legitimar esa amnistía, una ponencia que previsiblemente será aprobada hoy con el apoyo de la mayoría formada por los magistrados socialistas. Un nuevo acto de corrupción política por el que algún día los responsables del mismo deberían ser juzgados, pues están permitiendo que el PSOE destroce nuestro Estado de Derecho y viole la Constitución impunemente, sin otro argumento que el hecho de que ese partido tenga bajo su control el citado tribunal.
Tanto el colosal acto de corrupción que es la propia amnistía, como el que la mayoría socialista del Tribunal Constitucional pretende cometer al bendecir esa medida inconstitucional, son hechos mucho peores que los escándalos de corrupción que venimos viendo últimamente, y que incluyen ingredientes propios de una novela negra. Lo que la izquierda está haciendo con todo esto es destrozar nuestra democracia y quebrar la igualdad ante la ley, otorgando un intolerable privilegio penal a aliados del gobierno por el simple hecho de que a Sánchez le hace falta el apoyo de esos delincuentes. El Partido Socialista ya era un tumor para España y ahora ha llegado a la metástasis, amenazando la propia existencia de nuestro régimen de libertades.
La grave herida creada por este gran escándalo de corrupción, hecho con luz y taquígrafos y con la absoluta desvergüenza de quienes se creen que el poder les otorga la razón, no se podrá cerrar con un mero cambio de gobierno. El daño que se ha hecho a nuestra democracia y a la convicencia entre españoles es demasiado grave como para zanjar así este asunto. Todos y cada uno de los implicados en este acto de corrupción deben ser juzgados y deben pagar por lo que han hecho, y sólo podremos decir que hemos recuperado nuestra democracia cuanto todo el peso de la Justicia haya caído sobre el último de ellos.
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Foto: PSOE.
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Comentarios:
isanchezgil
No solamente los seis «magistrados» (con minúscula y entre comillas) del tribunal constitucional (también con minúscula) deben ser juzgados y condenados por delito contra lesa España, sino también los 177 diputados que figuran en la lista que se adjunta, porque también ellos han cometido delito.
Espero que el partido ganador en las próximas (quiéralo Dios) elecciones tengan esto en cuenta y los procesen a todos, condenándolos lo más severamene posible.
Qué pena que ya no existan los trabajos forzados.
14:42 | 26/06/25
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