Sánchez se salta la ley: su gabinete votó dos decretos leyes sin haberlos redactado

La falta de escrúpulos a la hora de violar la legalidad se ha convertido en una práctica habitual del gobierno de Pedro Sánchez.

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El último ocurrió este mismo martes 29 de septiembre. El Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos ley en materia de vivienda. O al menos eso dijo oficialmente el sitio web del palacio de La Moncloa. A mediodía, la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez García, era incapaz de explicar los decretos, reconociendo ante los periodistas que no tenía consigo la última versión de los textos. Los socios parlamentarios del gobierno empezaban a impacientarse al no recibir la letra pequeña de lo acordado. Ya a las 22:00 horas Antena 3 señalaba: "El Gobierno aún no ha redactado los decretos de vivienda aprobados y los socios están a la espera de recibirlos".

Estamos ante una irregularidad más por parte de un gobierno que exhibe la odiosa costumbre de saltarse la ley. En este caso, el artículo 26 de la Ley 50/1997 del Gobierno indica el procedimiento para aproba un real decreto ley:

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La propia ley señala que el gobierno podrá prescindir del trámite de consulta pública en una serie de casos que, en realidad, dejan a su propia voluntad el saltarse ese paso, convirtiéndolo de hecho en algo excepcional cuando debería ser lo normal.

A continuación la ley exige que el centro directivo competente elabore "con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo", que valore, entre otras cosas, la "oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación", y un análisis jurídico, "con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma".

La ley también señala que "cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades". Es otro requisito que los dos decretos aprobados ayer no han cumplido.

Pero lo que nos interesa en relación a lo ocurrido ayer aparece en el punto 8 del citado artículo: "Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación".

Lo que vimos ayer fue una exhibición de improvisación y de falta de respeto por la ley, elaborando un real decreto ley a toda prisa para contentar a la extrema izquierda, sin consultar a los colectivos afectados y saltándose los deberes legales del gobierno para finalmente afirmar que el Consejo de Ministros había aprobado esos dos decretos, cuando en realidad el gobierno aprobó dos normas que ni siquiera estaban redactadas. Algo que es muy grave, ya que los textos aprobados por el Consejo de Ministros son los que deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto es tan irregular como votar una ley en el Congreso y después cambiar su contenido, sin que los diputados puedan valorar los cambios.

El gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a tratar la legalidad vigente como si su cumplimiento fuese opcional, como si las normas creadas para impedir abusos de poder fuesen meros estorbos que el gobierno puede saltarse si le incomodan demasiado. Esto es un atentado contra el Estado de Derecho, y lo es, además, para aprobar dos normas que según el gobierno reconoce en privado no solucionarán nada ni siquiera a corto o medio plazo, ya que el problema de la vivienda en España se debe principalmente a una falta de oferta, derivada de las innumerables trabas burocráticas que existen para su construcción.

Una situación provocada por el propio gobierno, que ha generado un entorno regulatorio asfixiante, que impide responde a la amplia demanda de viviendas, incumpliendo además la obligación que el Artículo 47 de la Constitución marca a los poderes públicos: regular "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

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Foto: La Moncloa. La rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre de 2026, en la que el gobierno de Pedro Sánchez anunció la aprobación de dos reales decretos ley que ni siquiera habían sido redactados.