La herencia que nos está consumiendo

Por Álvaro J. Díaz-Mella

¿De qué sirve decirle a un joven que vive en una España más moderna si no encuentra la manera de salir de casa de sus padres? Ha estudiado, trabaja y hace cuentas cada mes, pero el sueldo no le alcanza para independizarse. La discusión sobre el futuro del país empieza ahí: en la distancia entre lo que celebramos haber conseguido y lo que hoy cuesta poner en marcha.

Padres contra hijos
El carrusel de los becarios: cuando la subvención sustituye al empleo

Casi cincuenta años después de la Constitución de 1978, mirar atrás ya no es solo un ejercicio histórico. La Transición abrió una etapa de estabilidad y modernización cuyos avances merecen reconocimiento. Pero reconocer lo que funcionó no obliga a conservar lo que ha dejado de funcionar. Una herencia se cuida cuando permite vivir mejor, no cuando exige a los hijos sostener indefinidamente las decisiones de sus padres.

El PSOE y el PP han sido los grandes protagonistas de la alternancia política de estas décadas. Son partidos distintos, pero determinadas inercias sobreviven a sus relevos. Ambos han negociado con partidos nacionalistas, incluidos los separatistas, para sostener mayorías. El Majestic basta para recordar que el PP tampoco fue ajeno a negociar financiación y transferencias a cambio del apoyo nacionalista para gobernar. La legitimidad de un acuerdo no elimina la obligación de explicar qué se entrega, a quién beneficia y quién responde por sus consecuencias.

Guardando las distancias históricas, esa persistencia recuerda al turnismo de Cánovas y Sagasta. No porque la democracia actual sea equivalente a aquel sistema, sino porque cambiar de Gobierno puede resultar insuficiente cuando quedan intactas las reglas y los intereses que merecerían revisión. La alternancia importa, pero debe permitir algo más que repartir por turnos la responsabilidad de administrar lo heredado.

El Estado autonómico también debe someterse a ese examen. Que un organismo tenga presupuesto y ocupe un edificio no demuestra su utilidad. Cada administración debe explicar qué resuelve, cuánto cuesta y por qué no puede hacerlo de una manera más sencilla. La continuidad de una estructura pública no puede convertirse en un objetivo por encima del servicio que presta. Esa exigencia alcanza a las subvenciones y a los nombramientos. Hacen falta criterios públicos, responsabilidades claras y resultados comprobables para distinguir una ayuda útil de un reparto de favores, o una designación justificada de una colocación. La rendición de cuentas no puede ser un arma contra el adversario y una molestia cuando toca gobernar.

¿Qué tiene todo esto que ver con aquel joven? La dificultad para encontrar vivienda o mejorar los ingresos no tiene una causa única. Precisamente por eso hay que examinar qué puede corregirse desde cada ámbito de responsabilidad. El Banco de España ha señalado que la demanda de vivienda ha crecido más que la oferta y que las dificultades de acceso afectan especialmente a los jóvenes. Hablar de emancipación exige, por tanto, hablar de viviendas disponibles y de posibilidades reales de pagarlas, no limitarse a anunciar ayudas. Estas deberían facilitar la independencia, no convertirse en el horizonte permanente de quien las recibe. Y una regulación tiene que justificar su utilidad antes de imponer otro coste. El ciudadano necesita saber qué cambia en su vida después de cada anuncio, cada plan y cada nueva ley.

La misma regla vale para quienes quieren producir. Un empresario, un autónomo o una familia necesitan normas comprensibles, trámites proporcionados y respuestas en un plazo razonable. La crítica a la maraña administrativa tiene fundamento: el Banco de España advierte de que una normativa densa y fragmentada eleva costes y dificulta el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Revisarla exige distinguir las reglas necesarias de las cargas que pueden simplificarse o eliminarse. La complejidad no demuestra rigor. A veces solo traslada al ciudadano el trabajo que la administración no ha sabido simplificar. Por eso reducir la burocracia debe significar algo concreto: identificar el trámite que sobra, corregir una duplicidad y cumplir un plazo.

Lo mismo cabe exigir a los fondos europeos. Las inversiones deben juzgarse por la capacidad que dejan, no por el anuncio de su llegada. La agricultura, la pesca, la industria y los servicios necesitan un entorno en el que trabajar y competir resulte viable. Importa qué queda cuando los recursos se han gastado.

Al final, todas estas cuestiones vuelven a la posibilidad de hacer planes. Después de una década marcada por el descenso de los nacimientos, y pese al ligero repunte provisional de 2025, la preocupación por el relevo generacional necesita algo más que discursos. Las instituciones no deben decidir cómo han de vivir los jóvenes. Deben facilitar que quienes quieran formar una familia puedan encontrar vivienda, sostener un trabajo y organizar su futuro con autonomía.

Los avances materiales del pasado no garantizan por sí solos un camino más fácil para quienes vienen después. Por eso la pregunta política sigue siendo inevitable: ¿por qué esperar que quienes contribuyeron a consolidar estas inercias las corrijan sin una exigencia distinta? Haber gobernado durante décadas obliga a responder por lo hecho; no concede un crédito indefinido.

Mi apuesta por Vox nace de esa necesidad de cambiar las prioridades. Quiero que revisar el tamaño y la eficacia del Estado, reducir trabas y defender la igualdad entre españoles ocupen el centro de la acción política. Ese es el rumbo que apoyo, pero a Vox habrá que pedirle decisiones y resultados cuando asuma responsabilidades de gobierno. Si reclama revisar el gasto, deberá explicar qué elimina y por qué. Si promete simplificar, tendrá que demostrar qué trámite desaparece. Y si defiende la libertad, deberá respetarla también cuando el ciudadano discrepe. Ninguna sigla está por encima de esas obligaciones.

Las elecciones generales del 29 de noviembre ofrecen la oportunidad de impulsar ese cambio. La medida del próximo Gobierno será el margen que devuelva a las personas para decidir sobre su vida, no la contundencia de sus discursos. El voto abre una oportunidad; no certifica de antemano el resultado.

Cuidar la herencia recibida exige conservar sus avances y corregir sus cargas. Cuando aquel joven encuentre un camino más accesible hacia su propia casa y pueda hacer planes con mayor autonomía, tendremos una razón concreta para hablar de progreso. No porque el poder le haya prometido un futuro, sino porque las instituciones cumplan su función y le dejen espacio para construirlo.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, octubre de 2026

Fuentes

• El País: «La España de las autonomías avanza a golpe de investiduras inciertas desde hace 30 años».
• Banco de España: Informe Anual 2024.
• Banco de España: «El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y…».
• Banco de España: «La complejidad normativa en España: un freno para las empresas y el crecimiento económico».
• INE: estimaciones de nacimientos de 2025.

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Imagen: Grok.