La violación de una chica en Pamplona y las mujeres que no importan al feminismo progre

Una agresión sexual es un hecho muy grave y que debe ser condenado siempre, sea quien sea el autor o los autores de ese delito.

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Un principio tan elemental debería ser entendido por todos, especialmente por las feministas, que se supone que ponen una especial atención en la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no es así. Ante ciertas violaciones, el feminismo progre enmudece. Después de años predicando la sororidad y coreando lemas como "hermana, yo sí te creo" o "si tocan a una, respondemos todas", cuando el violador tiene un determinado origen, la izquierda aparca su feminismo y se distrae con cualquier otra cosa.

En los últimos años ya hemos visto demasiadas veces esta conducta. Ahora se repite en Navarra. El viernes por la noche, una chica fue hallada semiinconsciente bajo un árbol en Pamplona tras haber sufrido una violación grupal durante una fiesta universitaria. Casualmente, cuatro magrebíes han sido detenidos como presuntos autores del delito y tres de ellos tienen una orden de expulsión pendiente por haber entrado en España de forma ilegal. Según El Mundo, se han encontrado similitudes entre los restos biológicos hallados en la chica y los de los presuntos agresores sexuales, que además de violarla, le habrían robado su teléfono móvil y otras pertenencias.

Llevamos mucho tiempo leyendo y escuchando mensajes desde la izquierda política y mediática insistiendo en que hablar de los crímenes sexuales cometidos por inmigrantes era favorecer a la "extrema derecha", por lo que lo procedente era subestimar el problema e incluso taparlo, recurriendo a trucos estadísticos como decir que la mayoría de las violaciones son cometidas por hombres españoles, cuando la realidad es que el 43,3% de los autores de delitos sexuales grupales cometidos en España son de procedencia extranjera, con los marroquíes encabezando la lista con un 9,5%. Así mismo, un 36,29% de los condenados por delitos sexuales son extranjeros, a pesar de que son el 12,66% de la población residente en España.

Por supuesto, como vengo insistiendo desde hace años, las estadísticas son un indicador de la realidad social, no un retrato individual. Que haya una mayor incidencia de los extranjeros en los delitos sexuales no debe llevarnos a demonizar a todos los extranjeros, ni siquiera a los de aquellas nacionalidades con mayor incidencia de esos delitos. Entre los extranjeros que hay en España, incluidos los magrebíes, hay buenas personas y merecen respeto, especialmente cuando se ganan la vida de forma honrada, asumiendo nuestras normas de convivencia y tratando de integrarse en nuestra sociedad.

Lo que sí demuestra esa realidad estadística son los efectos negativos de una política de inmigración irresponsable, con la que la izquierda ha buscado mano de obra barata y una futura bolsa de nuevos votantes, a pesar de los evidentes peligros de traer masivamente población de entornos culturales donde la mujer es menospreciada y discriminada. Unos peligros que son aún mayores si gran parte de esa población inmigrante, especialmente la que llega de forma ilega, está formada por hombres jóvenes con un nivel educativo y cultural muy bajo.

Aunque algunos intentan negarlo, todos los países tienen el derecho y el deber de ordenar la inmigración conforme a sus necesidades y su realidad social. Es un derecho y un deber que obliga especialmente a los políticos, que son quienes elaboran las leyes. En vez de eso, la mayoría de los partidos y de los políticos españoles han jugado con fuego con el tema de la inmigración, tal vez con la tranquilidad que da vivir en barrios acomodados donde los efectos de esa política irresponsable no se notan tanto como en los barrios donde viva la gente que tiene una posición económica más modesta.

Quienes están pagando los efectos de esa política irresponsable son muchas mujeres y muchos españoles con pocos recursos, que ven que ahora ya no pueden salir tranquilamente a la calle en los barrios en los que crecieron. Ya va siendo hora de que esos políticos paguen por el daño que han hecho, y en una democracia la forma más fácil de conseguir eso es dejándoles sin trabajo en las próximas elecciones.

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Foto: Pixabay.