Echelon fiscal en España: el gobierno socialista impone unas medidas propias de una dictadura

En octubre advertí aquí sobre cuál es el fin último del socialismo: que el Estado lo controle todo.

Verifactu, un nuevo invento socialista para controlar y entorpecer a PYMES y autónomos
La corrupción socialista en España explicada de forma breve a personas de otros países

En España, ese afán controlador está conduciendo al gobierno de Pedro Sánchez a imponer medidas propias de un régimen totalitario que considera sospechosos a todos los españoles (menos, claro está, a los que tienen el carnet socialista, como están revelando los escándalos de corrupción que rodean al PSOE). Ya vimos aquí el caso de Verifactu, un nuevo programa para someter a un control obsesivo a empresarios y profesionales autónomos, obligándoles a declarar en el momento todas sus facturas a Hacienda con la excusa de combatir el fraude fiscal.

Ahora la Agencia Tributaria da un paso más en su afán por tratarnos a todos como a delincuentes. El 26 de noviembre anunció un cambio en los deberes informativos de las entidades financieras con el pretexto de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El anuncio señala que "se modifica la periodicidad del suministro de información: tanto la información sobre cuentas como la relativa a los sistemas de cobro mediante tarjetas o teléfonos móviles pasa de ser anual a mensual, lo que permite a la Administración disponer de datos más actuales y útiles para el desarrollo de sus funciones. Se suprime además el umbral de 3.000 euros que acotaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta, con el fin de evitar la pérdida de información relevante".

Ayer, Eva Díaz explicaba en El Economista lo que implica esto: ahora los bancos están obligados a informar al fisco de todos los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos, sea cual sea su importe. Así pues, más de tres millones de profesionales autónomos y más de tres millones de empresas serán tratados como sospechosos de ser unos delincuentes, todo ello mientras el gobierno está cercado por escándalos de corrupción que actualmente incluyen una investigación judicial por pagos de grandes cantidades en metálico mediante sobres a dirigentes socialistas. Así pues, el gobierno pone una gran lupa fiscal sobre empresarios y autónomos mientras hace la vista gorda con su partido. Es algo indignante y que demuestra lo que se está instaurando en España: un cóctel de autoritarismo y corrupción política.

Lo más pasmoso es la falta de reacción de la sociedad frente a esos abusos. ¿Qué dirían muchos españoles si el gobierno les exigiese entregar todas sus comunicaciones por email, sms, WhatsApp y otros medios al Estado? Podrían usar la misma excusa de combatir el terrorismo y otro tipo de delitos. Obviamente, sería un escándalo. Recordemos que en 2012 hubo un escándalo por la existencia de la llamada red Echelon, con la que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos interceptaba un enorme volumen de comunicaciones buscando ciertas palabras claves. Muchos se quejaron, con razón, de que ese programa violaba el derecho a la privacidad y abría las puertas a posibles abusos por parte del gobierno de ese país.

En España estamos en un caso similar con estas nuevas medidas fiscales propias de un régimen totalitario. La diferencia es que aquí el gobierno no se toma la molestia de interceptar la información por métodos de espionaje, sino que exige la entrega de esa información y lo reconoce públicamente. Para colmo, esto lo hace un gobierno cuyo fiscal general acaba de ser condenado por un delito de revelación de secretos en una sucia operación para desprestigiar a una rival política de los socialistas. Es un grave delito pero en vez de pedir perdón, los socialistas están atacando a los jueces por condenar al responsable de esa filtración, como si el problema no fuese difundir un dato reservado que estaba en manos del Estado, sino condenar su difusión.

¿Qué podemos esperar que haga este gobierno con ese gran volumen de información fiscal que reclama ahora? España tiene el gobierno más corrupto en décadas, un gobierno instalado en una deriva autoritaria que incluye ataques a la independencia judicial, a los medios independientes y al derecho a la privacidad en las redes sociales. Basta con ver a dónde llevan todos esos hechos para comprender lo que se avecina: con un gobierno en minoría, el socialismo está imponiendo medidas propias de una dictadura, y lo está haciendo, tristemente, con una resistencia muy escasa por parte de la sociedad. ¿Es que tan poco valoramos la libertad y la democracia en España como para dejarnos pisotear así por estos aprendices de dictadores?

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Foto: PSOE.