Su portavoz ha criticado hoy la detención de dos terroristas de ETA

Amaiur ya podría ser ilegalizada si nos atenemos a la sentencia del TC sobre Sortu

Hoy el portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados ha anunciado que su partido no asistirá al homenaje a las víctimas convocado en el Parlamento para mañana miércoles. Amaiur dice preferir rendir tributo a “todas las víctimas” frente al árbol de Gernika, tanto las provocadas por ETA como las del Estado; es decir, equipara a las víctimas de los terroristas de ETA y a los asesinos etarras que murieron en el desarrollo de su actividad criminal.

Por si no bastara con esto, Amaiur ha criticado las últimas detenciones de terroristas etarras, entre ellas el presunto responsable del asesinato del empresario Ignacio Uría y del militante socialista Isaías Carrasco, ambos crímenes cometidos en 2008. Amaiur ha tenido la desfachatez de acusar al gobierno de “dar pasos justo en la dirección contraria a la resolución del conflicto político”, cínica expresión esta última con la que los proetarras se refieren al más de medio siglo de acción terrorista de ETA. Dicho sea de otra forma: Amaiur pretende que se deje escapar a los asesinos etarras, que sus crímenes queden impunes y que a sus víctimas les sea negado el más elemental sentido de la justicia.

Ante esta infamia, me remito a la página 74 de la sentencia con la que el Tribunal Constitucional legalizó a los proetarras de Sortu la semana pasada. Cito y pongo en negrita las frases más destacables:

“En relación con las mismas este Tribunal Constitucional a la vista de la experiencia acumulada frente a las tentativas de eludir la ilegalización judicialmente decidida, quiere llamar la atención sobre algunas conductas que, por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político (art. 1 CE), pueden conducir a la ilegalización de una determinada formación política.

Así ocurre con las expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de Derecho se reserva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo; y a los Jueces y Tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garantías. Y es que en una democracia como la implantada por la Constitución de 1978, tal equiparación pugna con el hecho de que en ella pueda defenderse cualquier opción política, siempre que se haga por procedimientos genuinamente democráticos, es decir, sin incurrir en conductas que, tipificadas como delitos, determinan la actuación de las fuerzas de orden público. En este sentido, ya hemos advertido de que no resultan admisibles “comunicados ambiguos y de compromiso sobre la base de una equidistancia entre el Estado y el terror, construida desde la premisa de no ver ninguna diferencia de cualidad entre el poder público -que monopoliza legítimamente la fuerza del Estado- y una banda criminal -cuya violencia sólo es constitutiva de ilícitos penales-, con lo que se pretende que la responsabilidad de ésta quede disminuida o desplazada” (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 18) Es por ello que tampoco resultan admisibles las actuaciones que tengan por objeto cuestionar el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los responsables de la violencia terrorista.”

A la vista de este párrafo, el gobierno ya no tiene excusa para esperar ni un día más a fin de recabar motivos a fin de instar a la ilegalización de esa marca electoral de ETA. A la luz de la citada sentencia del TC, y a la vista de las miserables declaraciones hechas por el portavoz de Amaiur, el gobierno ya no sólo puede sino que tiene el deber de ilegalizar Amaiur, un deber para con las víctimas de ETA, los perseguidos y amenazados por esa banda terrorista, y para con todos los ciudadanos que tenemos que sufrir la indignidad de ver como esos testaferros de ETA se burlan del Estado de Derecho desde las propias instituciones democráticas y, para colmo, recibiendo una suculenta subvención que pagamos todos los españoles.

Entradas relacionadas:

Dos miembros del TC que legalizaron Sortu agotaron su mandato en 2010
Sortu: el Tribunal Constitucional sigue hundiéndose en la infamia
Trato privilegiado en el Tribunal Constitucional para los de Bildu
Bildu llama “presos políticos” a los asesinos etarras y pide su liberación
Si la justicia premia a los violentos, ¿qué mensaje se está enviando a los pacíficos?
Siete consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu
Trato privilegiado en el Tribunal Constitucional para los de Bildu

(Foto: Efe. Los diputados de Amaiur Jon Iñarritu (derecha) y Rafa Larreina (izquierda), el pasado sabado durante una rueda de prensa)

¡Suscríbete gratis a este blog! Ya somos más de 5.000

Comentarios (Facebook):

AVISO: el incumplimiento de las Normas de Participación podrá dar lugar al bloqueo del infractor, de tal forma que sus comentarios quedarán ocultos para los demás lectores.

NOTA: Debido al cambio de URL de http a https, algunos comentarios publicados antes del 9.2.2020 en el blog pueden haberse perdido. Lamento las molestias.

Enlaces desde blogs, webs y agregadores:

Comentarios (Blog):

  1. No me explico cómo una sentencia como ésa pudo servir precisamente para legalizar Sortu, cuando esas actitudes son habituales en los proetarras de cualquier denominación.

  2. Yo tampoco me lo explico. De hecho, esos dos párrafos que he señalado se los salta Sortu en sus mismos estatutos.

  3. La duda maquiavélica que me asalta sobre esta última sentencia es:
    Todos los argumentos que se esgrimen, y de los que luego no se hace caso, ¿son una pista para que cuando luego se inste nuevamente la ilegalización, y la apruebe el Supremo, un TC ya renovado confirme la ilegalización?

    La verdad, es que uno ya no sabe qué pensar (y por eso, prefiero ver la botella medio llena).

Opina sobre esta entrada:

Al pulsar 'Enviar' aceptas las Normas de Participación.