Ya que TV3 es la tele de los separatistas, que se la paguen ellos: ni un euro más del Estado

Este sábado, el canal de noticias de TV3 emitió en directo un discurso de fin de año del golpista Puigdemont, refiriéndose a él como «presidente» y usando el logo de la Generalidad.

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Un delito de usurpación de funciones públicas: hasta 3 años de prisión

Hay que recordar que Puigdemont fue cesado el 27 de octubre con arreglo a la ley y en aplicación del Artículo 155 de la Constitución, aplicado mediante el Real Decreto 944/2017, cuyo Artículo 3 señala que el presidente del Gobierno asume las funciones y competencias del presidente de la Generalidad. De hecho, ese mismo día y en virtud de esta destitución, fue el presidente del Gobierno el que convocó las elecciones catalanas del 21 de diciembre, a las que el propio Puigdemont se presentó encabezando la candidatura de «Junts per Catalunya», que fue la segunda más votada. Así pues, con su discurso de ayer Puigdemont ha incurrido -una vez más- en un delito de usuarpación de funciones públicas al presentarse como presidente de la Generalidad. Se trata de un delito castigado por el Artículo 402 del Código Penal con pena de prisión de uno a tres años. Una posible estancia en la cárcel a la que habría que sumar los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los que Puigdemont ya está imputado actualmente.

TV3 se ha convertido en cómplice de la comisión de ese delito

El Artículo 28 del Código Penal considera autores del delito a aquellos que «cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado», y el Artículo 29 considera cómplices a «los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos». TV3 ha sido -como mínimo- cómplice de ese delito de usurpación de funciones públicas al presentar a Puigdemont como «presidente» y permitirle emitir un discurso en directo como si lo fuese. Sería inexplicable que la Fiscalía no actuase ante estos hechos delictivos en lo que respecta al medio que ha sido cómplice de los mismos. Tener un medio de comunicación no sitúa a nadie por encima de la ley, y menos aún si el medio en cuestión es de titularidad pública. Es especialmente intolerable que una televisión pública se salte las leyes a la torera para hacer favores a un político, y más si ese político está imputado por varios delitos.

Está en manos del Gobierno cortarle el grifo a ese órgano de propaganda separatista

Lo ocurrido anoche en TV3 no es el primer ejemplo de desprecio por la legalidad de ese canal público, pero ya es la gota que colma el vaso. La televisión pública catalana sigue actuando como un medio de propaganda del separatismo, pagado con el dinero de todos. Si esto es posible ahora mismo, todo hay que decirlo, es porque el Gobierno y el PP aceptaron la condición puesta por el PSOE para contar con su apoyo en la aplicación del Artículo 155 en Cataluña: que no se interviniese TV3, una condición de la que son responsables quienes la pusieron y quienes la aceptaron. Por otra parte, cabe preguntarse si el PP denunciará a TV3 como sí lo hizo con el diario Abc por publicar una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión. Ya al margen de que el PP presente esa denuncia, en manos del Gobierno está la posibilidad, actualmente, de impedir que TV3 use el dinero de todos para seguir haciendo propaganda separatista. Y es que TV3 no haría esto si el Gobierno dejase de proporcionar los fondos necesarios para mantener ese carísimo órgano de propaganda (TV3 es el canal autonómico que gasta más dinero público, duplicando casi el presupuesto del segundo de la lista, que es la televisión andaluza Canal Sur).

Es inmoral tirar en TV3 el dinero que no se paga a farmacias y geriátricos

Así pues, el Gobierno no tiene derecho a encogerse de hombros ante lo que está haciendo TV3. Bastaría con cortarle el grifo del dinero público para poner a ese canal en vereda, siguiendo la sencilla premisa que indico en el título de esta entrada: ya que TV3 es el canal de los separatistas, que se lo paguen los separatistas, y que no se obligue a todos los contribuyentes a sostener esa televisión del odio y de la manipulación. Una filosofía que, dicho sea de paso, estaría bien aplicar a todas las televisiones públicas: el que las quiera que las pague. En un país democrático el Estado no debería estar gestionando medios de comunicación. Tengo muy claro que si TV3 dependiese exclusivamente de aportaciones privadas, ese canal se vendría abajo. Y es que con una plantilla de 2.312 personas, TV3 es un mastodonte con un 82% más de plantilla que Mediaset (1.266 empleados) y un 28% más que Atresmedia (1.800 empleados), los dos principales grupos televisivos españoles. Es inmoral que gaste ese dineral en propaganda separatista una Generalidad cuyos impagos han estado asfixiando a farmacias y a residencias de ancianos. Al despilfarro de TV3 hay que añadir, además, el otro despilfarro de la Generalidad para comprar el favor de 362 medios privados de comunicación mediante millonarias ayudas públicas. Y es que como algunos ya llevan tiempo señalando, el separatismo no sólo mentía al lanzar su lema de «España nos roba», sino que además lo hacía para encubrir su propio robo: es el separatismo el que lleva décadas saqueando los ingresos y los ahorros de los catalanes.