Ayuso prueba en persona una razón por la que se deberían derogar las leyes de género

En la vida se pueden sacar enseñanzas incluso de las peores experiencias. Esto es algo que Isabel Díaz Ayuso debería tener en cuenta para el futuro.

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Una operación contra Ayuso en la que se le ha negado la presunción de inocencia

La presidenta madrileña ha sido víctima de una operación de acoso y derribo en el seno de su propio partido. La guinda de esa operación la puso ayer el número dos de Casado, Teodoro García Egea, en una bochornosa intervención en la que poco más que pretendía que Ayuso probase su inocencia frente a acusaciones sin pruebas contra ella. Acusaciones que, según Ayuso, fueron filtradas desde La Moncloa, en lo que sería un intento de destruir su reputación.

Es algo gravísimo que en su operación de acoso y derribo contra Ayuso, la dirección nacional del PP se haya saltado uno de los derechos que asisten a todo acusado de un delito: el respeto a su presunción de inocencia. En todo país democrático y civilizado, no es el acusado el que tiene que probar su inocencia ante una acusación sin pruebas. En una democracia es el acusador el que debe probar su acusación, y no al revés. Ese derecho a la presunción de inocencia tiene como fin evitar que se vivan situaciones propias de regímenes totalitarios, en las que una simple acusación sirve como sentencia para condenar a alguien, incluso aunque sea sin pruebas ni indicios de ninguna clase.

Una actuación coherente del PP: ha apoyado leyes que lesionan ese derecho fundamental

Hay que decir que el PP no ha actuado de forma incoherente al utilizar ese perverso método acusatorio contra Ayuso. Aunque el partido de Casado dice defender la Constitución, cuyo Artículo 24 ampara la presunción de inocencia como un derecho fundamental, el PP ha apoyado leyes de género en siete comunidades autónomas. De esas siete, las siguientes incluyen el mecanismo de inversión de la carga de prueba, de modo que los acusados de discriminar deben probar su inocencia:

• Ley LGTB de Extremadura de 2015, Artículo 43.
• Ley LGTB de la Comunidad Madrid de 2016, Artículo 66.
• La Ley LGTB de Baleares de 2016, Artículo 30.
• La Ley LGTB de Murcia de 2016, Artículo 47
• La Ley LGTB de Aragón de 2018, Artículo 46.
• La Ley de "Identidad y Expresión de Género" de Aragón de 2018, Artículo 47

A estas normas hay que añadir otra ley más, la Ley 2/2016 de "Identidad y Expresión de Género" de la Comunidad de Madrid (incluye la inversión de la carga de prueba en su Artículo 48), que no contó con el apoyo del PP en el momento de su aprobación. Sin embargo, en agosto de 2021 el PP se negó a apoyar la petición de Vox de derogar las dos leyes de género de Madrid.

Las leyes de género de Madrid ya llevan tres varapalos judiciales en su contra

Hay que recordar que las leyes de género madrileñas ya llevan tres varapalos judiciales en su contra por lesionar derechos fundamentales, al ser utilizadas para promover persecuciones por motivos ideológicos contra aquellos que no comulgan con los dogmas de la izquierda en lo relativo a la ideología de género, pero a pesar de todo tanto el PP como Ayuso no han querido derogarlas.

Ayuso ya sabe ahora lo que es sufrir la inversión de la carga de prueba

Ahora, la presidenta madrileña, que no pensó en las dramáticas consecuencias que pueden tener esas leyes para las víctimas de falsas acusaciones, sufre en primera persona la situación de indefensión en la que se ven las personas a las que se les exige que prueben su inocencia cuando son acusadas sin pruebas.

Espero que doña Isabel se dé cuenta ahora de la barbaridad que ella mismo decidió mantener al rechazar la petición de Vox y negarse a derogar esas leyes. La cerdada que ha hecho el PP con Ayuso podría haberla sufrido cualquier madrileño que fuese falsamente acusado de discriminar a algunos de los colectivos a los que privilegian dichas leyes, unos privilegios que, por cierto, choca de lleno con el Artículo 14 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley. Ojalá esta experiencia le sirva a la señora Ayuso para abrir los ojos sobre las leyes que no quiso derogar.

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Foto: Comunidad de Madrid.