El golpe de Sánchez a la Justicia en España es una copia de lo que hizo Chávez en Venezuela

Elentir EN Vie 16·12·2022 · 18:01 1

Muchos llevamos años alertando de que la izquierda estaba convirtiendo a España en una réplica de Venezuela. Ahora tenemos un motivo más para denunciarlo.

Los artículos de la Constitución que Sánchez viola para liquidar la independencia judicial
Ayer Perú y ahora España: golpe de la izquierda contra la independencia judicial

La trampa de Sánchez: rebajar mayorías de tres quintos a mayorías simples

En una polémica sesión, ayer la izquierda y sus socios separatistas aprobaron una reforma de la Justicia que liquida la independencia judicial, por la vía de urgencia y por la puerta de atrás, mediante dos simples enmiendas a una proposición de ley para derogar el delito de sedición. Las enmiendas en cuestión son la 61 y la 62, y fueron presentadas conjuntamente por los socialistas del PSOE y por sus socios comunistas de Podemos para modificar dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial (1985) y la del Tribunal Constitucional (1979), respectivamente.

En concreto, la enmienda 61 señala que la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional se hará "por mayoría de tres quintos", pero si pasados tres meses no hay acuerdo, se procederá a elegir a los magistrados "sin necesidad de un quorum mínimo", es decir, por mayoría simple, y no por la citada mayoría cualificada de tres quintos. Se trata de un planteamiento que viola abiertamente la Constitución, tal como vimos ayer. El planteamiento que han hecho los socialistas y los comunistas con esta reforma no es nuevo: es un calco de lo que Hugo Chávez, admirado por Podemos, hizo en Venezuela para liquidar la separación de poderes y establecer una dictadura socialista.

Hugo Chávez ya usó esa trampa en Venezuela en 2004 para controlar a la Justicia

En junio de 2004, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó de la amenaza para la independencia judicial en Venezuela mediante un informe en el que señalaba: "Desde el año pasado, el Presidente Chávez y sus aliados han venido adoptando medidas para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, a través de medios que violan los principios fundamentales de la Constitución venezolana y el derecho internacional de los derechos humanos".

HRW denunciaba, en concreto, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) aprobada por la mayoría izquierdista en la Asamblea Nacional venezolana en mayo de ese año: "La nueva ley para conformar el Tribunal Supremo de adeptos al gobierno aumentó el número de magistrados de 20 a 32, aumentando dos magistrados a cada una de las seis salas del Tribunal. Los nuevos magistrados podrían ser designados por mayoría simple en la Asamblea Nacional: un candidato que no reciba el apoyo de una mayoría de dos tercios en las tres primeras votaciones puede ser designado por mayoría simple en la cuarta votación. En contraste a la nueva Ley, los 20 miembros actuales del Tribunal Supremo fueron confirmados con una mayoría de al menos dos tercios".

Se puede verificar lo señalado por HRW leyendo el Artículo 8 de esa ley, que atribuye a la Asamblea Nacional la designación de los miembros del Tribunal Supremo mediante una mayoría cualificada de dos tercios, pero a continuación introduce una trampa: si no se logra un voto favorable durante tres sesiones plenarias, "se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional".

PSOE y Podemos ya intentaron implantar esa trampa antidemocrática en 2020

El PSOE y Podemos ya intentaron introducir esa trampa en España en octubre de 2020, pero aquella reforma fue temporalmente desactivada por las protestas de la oposición y por las presiones de la Comisión Europea, que sin embargo ha permanecido en silencio ante la reactivación de ese golpe a la independencia judicial en los últimos días. Igual que ocurrió en Venezuela, el sistema aprobado ayer por la izquierda en España somete al Poder Judicial al control del gobierno, destruyendo uno de los pilares básicos de la democracia, que es la separación de poderes. Lo más alarmante es que esto pueda ocurrir en un país miembro de la Unión Europea y la Comisión no diga nada.