El secretismo que hay en España sobre los favores políticos a medios de comunicación

Elentir EN Mar 6·6·2023 · 7:18 4

Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en cualquier país democrático, como fiscalizadores de la labor del poder político.

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Sin embargo, en algunos países, entre ellos España, existe un gran secretismo sobre los favores que reciben ciertos medios por parte del poder político, unos favores que se plasman económicamente en ayudas directas, publicidad institucional y suscripciones institucionales a periódicos. Con frecuencia, las administraciones públicas promueven ese secretismo asignando la publicidad institucional a agencias de medios que la distribuyen, a su vez, a cada medio de comunicación. ¿Y cómo sabemos que es un reparto equitativo y no hay favores a nadie?

Los gobiernos de PSOE, PP y Podemos vienen incumpliendo una ley de 2005

Desde 2005, en España hay en vigor una Ley de Publicidad y Comunicación Institucional cuyo Artículo 14 afirma lo siguiente:

"El Gobierno elaborará un informe anual de publicidad y de comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales previstas en esta Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes.

Este informe se remitirá a las Cortes Generales en el primer periodo de sesiones de cada año y será puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector".

Los informes anuales publicados por cada gobierno se pueden consultar en la web de La Moncloa. El último informe publicado es el correspondiente al año 2021. En la lista de informes figuran, entre 2011 y 2016, seis informes sobre "Inversión en herramientas de comunicación" que indican a qué tipo de medios se asignó esa publicidad.

Sin embargo, en los informes publicados hasta ahora, tanto por gobiernos del PSOE como del PP y por el actual gobierno de coalición PSOE-Podemos, no se indican los medios que reciben esa publicidad. Sólo se indican las agencias a las que se asigna la distribución de esas campañas, que funcionan como una pantalla para que el gobierno oculte sus destinatarios finales. Lo más escandaloso es que esas agencias sí que están obligadas a entregar un "plan de medios" al gobierno a qué medios asigna esa publicidad, como se puede ver en este pliego de prescripciones técnicas de una de esas campañas, en el punto 6.1. Sin embargo, el gobierno no publica esa información. ¿Por qué?

El gobierno de Sánchez desoye un requerimiento del Consejo de Transparencia

El 17 de abril, el Consejo de Transparencia emitió un requerimiento al gobierno (ver PDF) relativo al destino final de sus campañas publicidad institucional, tras recibir el año pasado una solicitud para conocer "qué medios de comunicación han sido los destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales". El Consejo de Transparencia recordó:

"Revelar el destino concreto de los gastos en publicidad institucional y anuncios oficiales realizados por una administración con cargo a sus presupuestos es una parte inescindible de las obligaciones de transparencia de las instituciones para posibilitar que la ciudadanía pueda conocer “cómo se manejan los fondos públicos” y someter a escrutinio la acción de los responsables públicos".

El Consejo de Transparencia instó a la presidencia del gobierno a facilitar esa información en 20 días. Ya han pasado casi dos meses y esa información aún no ha sido publicada. Como se puede ver en la web del Consejo de Transparencia, la mayor parte de sus resoluciones son contestadas con el silencio o la denegación, una exhibición de opacidad que viola los deberes de un gobierno democrático.

Una situación que también existe en los gobiernos autonómicos

Por supuesto, lo mismo que acabo de señalar sobre el gobierno de España es aplicable también a los gobiernos autonómicos, ya que la amplia mayoría de ellos no indican los destinatarios finales de sus campañas de publicidad institucional, con excepciones como el gobierno de Castilla y León, que sí da cuenta de ello.

Debemos tener en cuenta que esa publicidad institucional sirve a menudo para materializar favores políticos a medios afines, corrompiendo así la función de los medios de comunicación en una democracia, que pasan de ser fiscalizadores del poder político a meros propagandistas del gobierno que les otorga esos favores. Los españoles tenemos derecho a saber a qué se destina el dinero de nuestros impuestos, sobre todo cuando se emplea en propósitos que son claramente ajenos al interés público y al bien común.

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Foto: Efe.