El disparate del bloqueo de Telegram en España desde un punto de vista jurídico

Elentir EN Dom 24·3·2024 · 18:04 3

Este viernes se conoció la noticia de que un juez de la Audiencia Nacional había ordenado el bloque de la aplicación Telegram en toda España.

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Telecinco anunció ese día que el bloqueo se debe a una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar por un asunto de derechos de autor. Telecinco también señaló que el bloqueo ordenado por el juez Santiago Pedraz es una medida cautelar ante "la falta de respuesta de la aplicación, que no ha proporcionado al magistrado la información que le ha solicitado". Sin embargo, hoy la Cadena SER da otra versión, afirmando que quienes no contestaron al juez fueron las autoridades de las Islas Vírgenes, a quienes el juez envió una petición el 28 el julio de 2023. La decisión judicial alega que "solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram".

España se pone al nivel de tres dictaduras comunistas y dos repúblicas islámicas

Llama la atención un detalle: ahora mismo, los únicos países en los que Telegram es inaccesible son China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Pakistán y Tailanda. Así pues, con la insólita decisión del juez Pedraz de bloquear esa aplicación, España se pone al nivel de tres dictaduras comunistas y de dos repúblicas islámicas. ¿Hay justificación jurídica para una medida que no ha tomado ningún otro país democrático en Occidente?

Ningún otro país bloquea Telegram por un asunto de derechos de autor

Me gustaría analizar este hecho desde un punto de vista jurídico. Empezando por el Derecho comparado, no hay ningún otro país que tenga bloqueado Telegram por un asunto de derechos de autor, a pesar de que hay numerosos medios de comunicación de otros países que también verían afectados sus derechos con posibles actividades ilegales de esa aplicación. El juez Pedraz ha tomado una decisión que no tiene precedentes en la Unión Europea ni en el resto del mundo democrático.

Una medida desproporcionada

En cuanto a la decisión en sí, es una medida absolutamente desproporcionada, ya que para proteger de forma cautelar la propiedad intelectual de tres empresas muy concretas, se vulneran los derechos de 8 millones de usuarios. Es tan disparatado como si para evitar una ocupación ilegal de una vivienda se bloqueasen los accesos a toda una calle. Dicho sea de paso, no deja de resultar curiosa que la motivación del bloqueo sea un asunto de propiedad intelectual y no otra cosa. Y resulta especialmente hiriente que en un país en el que se permiten homenajes a terroristas de ETA, se dicte un bloqueo de toda una aplicación por derechos de autor, como si la propiedad intelectual fuese un bien más valioso que la lucha contra el terrorismo.

La crítica al bloqueo desde un punto de vista procesal

Desde el punto de vista procesal, el abogado Juan Antonio Frago Amada ha señalado ha señalado hoy una serie de irregularidades de ese bloqueo, señalando que no consta que haya habido vista judicial, no se ha establecido una caución para adoptar esa medida cautelar (tengamos en cuenta que el bloqueo de una aplicación con 8 millones de usuarios, muchos de ellos con cuentas de pago, puede generar perjuicios económicos a muchos de ellos) y además Telegram ni siquiera es parte del proceso, "ni como investigada ni como responsable civil". Frago concluye: "Es muy grave que quienes están llamados a tutelar las libertades públicas limiten los derechos a las comunicaciones de esta manera".

El bloqueo viola la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este viernes, Yago Menéndez-Abascal, del equipo legal de Google, ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con los bloqueos de contenidos ilegales. Concretamente, ha recordado la sentencia Vladimir Kharitonov contra Rusia de junio de 2020, relativa a un caso en el que Rusia bloqueó un sitio web legal que tenía la misma IP que un sitio web ilegal. La nota informativa de esa sentencia señala lo siguiente:

Cuando circunstancias excepcionales justificaban el bloqueo de contenidos ilegales, el organismo estatal que dictaba la orden de bloqueo debía garantizar que la medida se dirigiera estrictamente al contenido ilegal y no tuviera efectos arbitrarios o excesivos, independientemente de la forma en que se aplicara. Cualquier medida de bloqueo indiscriminado que interfiriera con contenidos o sitios web legales como efecto colateral de una medida dirigida a contenidos o sitios web ilegales equivalía a una interferencia arbitraria con los derechos de los propietarios de dichos sitios web.

Un abogado anuncia un recurso ante la Justicia europea

Este domingo, el abogado Josep Jover ha anunciado que recurrirá el bloqueo a la Justicia Europea, afirmando: "Según la normativa de la Unión Europea, el juez Pedraz no puede bloquear Telegram". También ha recordado lo que señala el Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

Los denunciantes y su falta de respeto por la propiedad intelectual de otros

Otra paradoja de este caso es que esta medida desproporcionada se adopte por una denuncia de grupos mediáticos que usan indiscriminadamente contenidos tomados de Internet sin permiso, vulnerando la propiedad intelectual de otros mientras sacralizan la propia. Esos grupos de comunicación tienen programas de televisión que reproducen contenidos de redes como Youtube, TikTok, Twitter, Flickr y otras sin permiso, y casi siempre sin tan siquiera citar su autoría. En este caso no hablo de oídas. En 2017 señalé aquí como Antena 3, del grupo Atresmedia, reprodujo una foto mía sin citarme como autor.

Muchas personas se han visto en esa misma situación. Este hecho ha provocado una especial indignación entre muchos usuarios, porque esto transmite la sensación de que no se aplican las leyes españolas, sino la ley del embudo, con un lado muy ancho para esos grupos mediáticos y un lado muy estrecho para los demás.

Telegram tiene un proxy para soslayar los bloqueos

Ya desde el punto de vista técnico, el bloqueo ordenado por el juez Pedraz también es inútil. La única forma que las operadoras españolas tienen de bloquear esa aplicación es bloquear su IP. Pero es una medida que no impedirá continuar usando esa aplicación, ya que Telegram ofrece a sus usuarios un servicio de proxy (aquí explican cómo activarlo) para poder utilizar esa aplicación en países que la bloquean. Ese proxy se ha convertido en un aliado de la libertad de expresión en países como Irán, Cuba y China, ya que permite a los usuarios comunicarse libremente soslayando la censura impuesta por esas dictaduras. Paradójicamente, ahora también será necesario en España.

+ ACTUALIZADA 17:18: El juez Pedraz reconoce que el bloqueo de Telegram es una medida desproporcionada y excesiva y la deja en suspenso. Es precisamente lo que denunciaba en esta entrada.

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Foto: Camilo Jiménez.