García Castellón demuestra a Sánchez cómo combatir una mentira en democracia

Tres días después de la presentación del "Plan Mordaza" de Sánchez, un exjuez lo ha dejado por los suelos mediante una demanda.

El 'Plan Mordaza' de Sánchez imita medidas de Franco y Putin para controlar a los medios
El exdirector adjunto de El País desvela las presiones de Pedro Sánchez a periodistas

El gobierno y sus terminales mediáticas vienen insistiendo en la necesidad de medidas de excepción para combatir los "bulos", una expresión con la que se refieren sistemáticamene a las informaciones periodísticas veraces sobre los casos de corrupción que afectan a los socialistas, y muy concretamente al entorno personal de Pedro Sánchez. Obviamente, el gobierno no pretende combatir ningún bulo, sino dotarse de impunidad. De hecho, si el gobierno considerase que lo publicado por esos medios es falso, ya existen mecanismos legales para penalizar las mentiras dañinas.

Hoy mismo, el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha demandado a la dirigente de Podemos Ione Belarra, después de que la diputada de extrema izquierda le acusase de corrupción y prevaricación en un mensaje en Twitter. García Castellón nunca ha sido condenado por corrupción ni por prevaricación, de modo que Belarra tiene muchas posibilidades de resultar condenada en este juicio.

Resulta curioso observar que la persona demandada es una exministra del gobierno de Sánchez. No estamos ante un caso aislado. Recordemos que en noviembre de 2023, la entonces ministra y también dirigente de Podemos Irene Montero fue condenada por acusar falsamente de "maltratador" a un hombre inocente. No está de más recordar que Sánchez, que ahora finje estar preocupado por los "bulos", no dijo nada sobre esa condena ni cesó a la entonces ministra por aquella condena judicial por acusar a alguien de un delito que no cometió.

La demanda presentada hoy por García Castellón demuestra a Sánchez cómo combatir las mentiras en democracia: mediante la Justicia, que es el cauce que todo país democrático tiene para dirimir los conflictos de derechos entre ciudadanos. En este caso se ven afectados dos derechos: la libertad de expresión y el derecho al honor. Obviamente, la libertad de expresión tiene límites y no abarca a las difamaciones ni a las calumnias, pero para poner freno a esos excesos ya tenemos el sistema judicial, sin necesidad de que venga ningún gobernante autoritario a utilizar los bulos como excusa para someter a los periodistas.

Obviamente, una demanda judicial es un procedimiento farragoso y largo, pero debe ser así para evitar abusos, tanto los que se puedan cometer por parte de la persona demandada como los que pueda hacer la persona demandante al utilizar indebidamente ese procedimiento.

No tengo que ir muy lejos para encontrar un ejemplo de esto último: en 2013, la Justicia desestimó una demanda del diario ultraizquierdista Público contra este blog, una demanda presentada contra un artículo en el que criticaba a ese medio. Público me demandó por usar expresiones que son habituales en ese periódico contra sus rivales, algo que la Justicia señaló en la sentencia, que estableció que mi artículo "no supone una intromisión en el honor de la editora demandante, sino que ha de reputarse prevalente el ejercicio de la libertad de expresión que encierra".

Así se resuelven los conflictos de derechos en una democracia, y no como pretende Sánchez. No cuesta mucho imaginar lo que habría pasado si en vez de tener que recurrir al sistema judicial, ese diario ultraizquierdista hubiese apelado a un órgano censor dependiente de un gobierno al que ese periódico viene apoyando desde hace años.

Por eso en una democracia necesitamos una Justicia bien dotada de medios (algo que hoy no tenemos) y que sea independiente, algo que Sánchez intenta liquidar. No es la democracia lo que Sánchez intenta proteger, sino a su mujer, a su partido y a su gobierno frente a cualquier información veraz que sea publicada por medios independientes señalando presuntos casos de corrupción.

---

Foto: Europa Press.