Los despilfarros de Yolanda Díaz y su distinto tratamiento mediático respecto del caso Alvise

Una de las funciones de los medios de comunicación es fiscalizar al poder político, y no defenderlo a toda costa, como hacen algunos.

Encuesta: ¿Yolanda Díaz debe ser cesada por sus despilfarros y por ocultarlos?
El caso Alvise, una distracción y un penoso mensaje que se envía a la sociedad española

Esa labor fiscalizadora es la que permite identificar a un medio que está haciendo verdadero periodismo. Ayer, el diario El Debate publicó un excelente ejercicio de periodismo, sacando a la luz que la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz gastó 44.117 euros en restaurantes, hoteles y viajes en un solo año, y eso sin contar los desplazamientos que hizo utilizando aviones oficiales del Estado.

Esos despilfarros, difícilmente justificables teniendo en cuenta que su cargo no incluye competencias en política exterior, no son lo único denunciable de este caso. Peor aún es el hecho de que El Debate ha tenido que recurrir a la Justicia porque la vicepresidenta se negó a revelar esa información, un ejercicio de opacidad que es habitual en dictaduras a las que apoyan comunistas como la vicepresidenta segunda, pero que es algo intolerable en una democracia, pues los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gasta nuestro dinero.

En respuesta a su demanda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a El Debate y ha obligado a la vicepresidenta a facilitar la información socilitada por ese periódico. Una información que fue solicitada en enero de 2023 y que se refiere al año 2022. Quedan por conocer ahora los gastos efectuados por el departamento de la vicepresidenta comunista en 2023 y 2024. Recordemos que las prácticas de ocultación de esos gastos son ilegales. Por ello, la decisión del TSJM debería provocar la destitución inmediata de Díaz por negar el acceso a información que debería ser pública.

Viendo las cantidades despilfarradas por Díaz en sus viajes se explica su afán de ocultación. Tras disfrutar de viajes de lujo a costa de los contribuyentes, seguramente Díaz no quería que se conociesen los importes para no empañar su imagen política. Es decir, que quiso disfrutar de esos lujos y que luego nadie se enterase.

Hay otro aspecto de este caso que deja en evidencia la doble moral de este gobierno. Meses después de cometer esos despilfarros, en octubre de 2023 el PSOE y Sumar, la coalición comunista de Díaz, pactaron prohibir los vuelos cortos en avión, con la excusa de reducir las emisiones de dióxido de carbono a las atmósfera. Unas emisiones que, por lo que parece, no importan si proceden de los aviones oficiales usados por Díaz y el gobierno, pues los detalles de sus vuelos en estos aviones son otro de los asuntos sobre los que mantienen una total opacidad ante los requerimientos que se les plantean.

En resumen, que el gobierno de coalición de socialistas y comunistas disfruta de una vida de lujo mientras pide sacrificios a los ciudadanos. Afortunadamente, aún hay jueces y periodistas en España dispuestos a denunciar estos abusos. La pregunta es: ¿porqué no se lee nada sobre esos despilfarros en los medios afines al gobierno que han estado publicando noticias sobre el caso de Alvise Pérez?

Como ya dije ayer, el caso de ese eurodiputado español (con independencia de que la Justicia determine o no la existencia de un delito) no implica -que sepamos, al menos- el uso de dinero público, pero los despilfarros del gobierno salen de los impuestos que pagamos todos. Ése es precisamente el dinero cuyo uso debería ser objeto de una mayor vigilancia por parte de los periodistas. Sin embargo, hay medios que se ponen una venda en los ojos en todo lo que respecta a los abusos del gobierno de Sánchez. Y luego vienen a presumir de periodismo.

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Foto: La Moncloa.