El alarmante argumento circular de uno de los abogados generales de la UE sobre la amnistía

Hoy, el Estado de Derecho ha quedado un poco más debilitado en España a causa de dos informes de la abogacía general de la Unión Europea.

Amnistía, el mayor acto de corrupción de toda la historia de la democracia en España
Declaración del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía: es «una grave vulneración de los derechos fundamentales»

Un abogado cuya acción permitió liberar a 60 terroristas de ETA en 2013

Esos informes son obra de uno de los ocho abogados generales de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann. Su designación para emitir informes sobre la ley de amnistía que otorgó privilegios penales a los socios separatistas del gobierno de Pedro Sánchez debería haber causado alarma. Como recuerda Pablo Planas, Spielmann presidió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que tumbó la "doctrina Parot", poniendo en la calle a 60 terroristas de ETA en 2013. Concretamente, Spielmann presidió la sala que revisó la apelación presentada por España contra una sentencia del TJUE que obligaba a poner en libertad a una terrorista de ETA y a indemnizarla por "daño moral".

El flaco favor que Spielmann le hace ahora al Estado de Derecho

Aquella sentencia causó un gran dolor a las víctimas del terrorismo. Hoy Spielmann le hace un flaco favor al propio Estado de Derecho con dos informes laxos y que suscriben casi todas las tesis del gobierno de Sánchez, salvo la referida a los plazos impuestos por la ley de amnistía a los jueces para revisar la aplicación de esa norma a cada caso. Lo más preocupante es que, aunque no son vinculantes, el TJUE suele tener muy en cuenta los informes de los abogados generales en asuntos complejos, por lo que es muy probable que el tribunal acabe suscribiendo sus conclusiones, lo que implicaría bendecir el mayor acto de corrupción de la historia de la democracia en España: la concesión de privilegios penales a cambio del apoyo a la reelección de Sánchez en 2023 tras haber perdido las elecciones generales de ese año.

El Poder Judicial español criticó duramente esa amnistía

Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó gravemente esa amnistía señalando que es "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho". Una calificación que contrasta con la laxitud de la posición del abogado luxemburgués sobre esa concesión de privilegios penales a cambio de favores políticos.

Las leves objeciones de Spielmann a la amnistía en sus informes

Los informes presentados hoy por Dean Spielmann son dos: el primero responde a las alegaciones de la ACVOT, Asociación Catalana de Víctimas de Organitzaciones Terroristas (aquí la nota de prensa y aquí el informe), y el segundo en respuesta a SCC, Societat Civil Catalana (aquí la nota de prensa y aquí el informe).

Hay que señalar que el único informe de ese abogado general que pone objeciones a la ley de amnistía es el segundo, que considera que algunas "disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva". Sobre los plazos impuestos por la LOA a los jueces, la nota de prensa del segundo informe señala: "el Abogado General señala que un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial". Pero acto seguido añade: "el Gobierno español ha apuntado que el plazo en cuestión tiene carácter estrictamente indicativo, extremo que ninguna de las partes interesadas ha refutado".

Un argumento circular que bendice lo que vota un parlamento porque lo vota un parlamento

Después de revisar los dos informes, hay algo que me ha chocado especialmente en el primer escrito de Spielmann. El abogado luxemburgués aborda la posibilidad de que la LOA sea una autoamnistía, lo que chocaría con el Derecho europeo. En el punto 92, Spielmann afirma: "nada permite calificar la LOA de autoamnistía en el presente caso, por varias razones convergentes. Primero, la ley en cuestión es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista. No es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales".

Este argumento es sorprendente. Considera que la LOA no es una ley de autoamnistía porque no la ha emitido un "poder autoritario", sino que es el fruto de una "votación democrática", como si eso validasa automáticamente que una norma es ajustada al Derecho europeo. Hay una objeción evidente: no hay ningún país miembro de la UE que sea un régimen autoritario, por lo que toda amnistía aprobada en un país de la UE se beneficiaría de ese argumento, aunque violase gravemente el Derecho europeo. Bastaría con que una mayoría parlamentaria la hubiese aprobado. Esto es un alarmante argumento circular que bendice cualquier amnistía aprobada por un parlamento, simplemente porque la ha aprobado un parlamento. Es lamentable leer algo así en un informe oficial de un abogado general de la UE.

Spielmann niega la evidencia al rechazar que esto sea una autoamnistía

Además, en el punto 95 de su escrito, Spielmann añade: "de los autos del asunto no se deduce que las personas que se benefician de la amnistía sean miembros o representantes del Gobierno o del poder legislativo que promovieran la aprobación de la LOA, de modo que no existe un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida. Así pues, no cabe sostener, en mi opinión, que la LOA suponga una autoamnistía".

Este párrafo resulta cómico si tenemos en cuenta que la amnistía fue exigida por los socios separatistas de Sánchez para apoyar su reelección, una reelección que no habría sido posible sin la concesión de ese privilegio penal. Obviamente, Sánchez se ha beneficiado de esa amnistía porque ha permitido su reelección como presidente del gobierno después de haber perdido unas elecciones generales. Se trata de un claro caso de intercambio de privilegios penales a cambio de apoyo al gobierno, algo que la Unión Europea debería calificar duramente porque se trata de un evidente ejemplo de corrupción política.

En vez de eso, lo que hace el citado abogado del TJUE es negar la evidencia, es decir, el beneficio que supuso para Sánchez la concesión de esa amnistía a sus socios parlamentarios.

Si el TJUE suscribe ese escrito será el final del Estado de Derecho en la UE

Ese escrito debería hacernos temer el peor de los resultados para este asunto. Si el TJUE suscribe ese argumento, entonces se habrá acabado el Estado de Derecho en la UE. Cualquier gobierno podrá traficar con privilegios penales a cambio de apoyo a la reelección de sus miembros sin merecer ningún reproche del TJUE. Es la muerte de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es uno de los pilares de la democracia. En este sentido, el informe de Spielmann es indignante y pone de relieve la degradación de las instituciones europeas. ¿Cómo confiar en la UE si quienes tienen que velar por el Estado de Derecho hacen estas cosas? Después vendrán quejándose del "euroescepticismo", cuando son ellos mismos quienes lo alimentan.

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Foto: Claude Truong-Ngoc.