Estos días se cumplen tres años de uno de los más graves ataques que ha sufrido el Estado de Derecho en España en el último medio siglo.
El infame pacto entre el PSOE y Junts en noviembre de 2023
El 9 de noviembre de 2023, el PSOE y los separatistas de Junts anunciaron un pacto para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, después de que los socialistas fuesen derrotados en las elecciones generales de ese año. El pacto incluía una amnistía para los implicados en el golpe separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, un intento de romper la unidad nacional y de socavar la vigencia de la Constitución en esa comunidad. A cambio de los siete votos de Junts, Sánchez otorgó un borrado total de sus delitos a los golpistas.
En un desvergonzado intento de blanquear ese ataque al Estado de Derecho, el PSOE aseguró que su propósito era "abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya". Como muchas otras cosas que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho en los últimos ocho años, era una mentira. El verdadero propósito de esa amnistía era que Sánchez siguiese en el poder a cualquier precio, incluso pisoteando la igualdad ante la ley.
El rotundo rechazo de numerosas instituciones a ese ataque al Estado de Derecho
El mismo día que se anunció ese pacto de la infamia, el Consejo General del Poder Judicial denunció que era "un flagrante atentado a la separación de poderes" y "una inadmisible injerencia en la independencia judicial". Una larga lista de instituciones denunciaron ese pacto entre Sánchez y Puigdemont, entre ellas 11 gobiernos autonómicos, 26 entidades del ámbito judicial (incluido el Tribunal Supremo, los 17 Tribunales Superiores de Justicia y las 4 mayores asociaciones de jueces); todas las asociaciones de fiscales; 51 entidades de abogados, letrados y procuradores; 559 notarios; 28 asociaciones de funcionarios; 39 entidades empresariales, profesionales y de comercio; y 22 medios de comunicación. El gobierno de Sánchez pasó por encima de todos para aferrarse al poder, con la complicidad de Cándido Conde Pumpido y de los vocales socialistas del Tribunal Constitucional, que retorcieron la Constitución para bendecir ese infame pacto.
Puigdemont presume de lograr una derrota de España con la ayuda de Sánchez
Tres años después de todo aquello, Puigdemont ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que se mofa de España y de la impunidad que le otorgó Sánchez. Esto es lo que dice el cabecilla separatista en el punto 10:17 del vídeo:
"Nosotros teníamos que probar hasta dónde mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, ¿hasta dónde podríamos empujarle? ¿Hasta dónde le podríamos llevar de lo que nosotros pudiéramos sacar provecho?"
En el punto 29:15 del vídeo, el entrevistador pregunta a Puigdemont: "De los puntos críticos que pusieron en riesgo la negociación, ¿cuáles fueron? ¿El mediador internacional, eh el término lawfare?" En su respuesta, Puigdemont declara:
"Yo pensaba que iban a lucharlo un poco más porque era evidente que aquello era una derrota a que el PSOE iba a propiciar a España y que era una victoria del campo independentista. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa agradable fue que no".
Sobre estas declaraciones, hay que matizar que la palabra de una persona que odia a España y que intentó romper la unidad nacional, violando abiertamente la ley y cometiendo graves delitos (son hechos que no podrá borrar ningún sucio pacto entre políticos como el que socialistas y separaristas suscribieron hace tres años), tiene ahora un considerable valor incriminatorio porque Sánchez decidió confiar en él y ceder a todas sus exigencias, incluso a las que no tenían ningún encaje posible en nuestro marco constitucional.
Una confesión que debería terminar con la carrera política de Sánchez
Sánchez dejó claro que España y la Constitución no le importaban. Lo único que quería esa seguir en el poder a cualquier precio, un precio que todos los españoles hemos tenido que pagar, ya que implicó la degradación de nuestras instituciones democráticas, la devaluación de nuestro Estado de Derecho y su sustitución por un modelo autoritario en el que los deseos de Sánchez están por encima de la Constitución y de las leyes. Ese ese modelo autoritario el que ha hecho que la corrupción política socialista acabase carcomiéndolo todo, desde la cúpula del gobierno hasta nuestras red ferroviaria.
Esa confesión de Puigdemont deberían terminar con la carrera política de Sánchez, porque es la confesión de su cómplice en el peor ataque que ha sufrido nuestra democracia. Sánchez vinculó su destino a un golpista y ahora su cómplice le deja en evidencia, desmontando la farsa creada por el PSOE para justificar el mayor acto de corrupción de toda la historia democrática de España, que fue esa amnistía. A pesar de ello, Sánchez no sólo se presenta de nuevo a las elecciones sino que lo hace, además, perpetrando un masivo fraude electoral con la llamada Ley de Nietos. Esto ya no sólo debería implicar el fin de la carrera política de Sánchez, sino el inicio de su carrera penitenciaria.
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Imagen: RTVE.
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