Sanciones administrativas en España: ¿hacia una dictadura de los burócratas?

Hay personas que creen que una democracia consiste simplemente en que la gente pueda votar cada cuatro años a sus representantes.

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Los signos de degradación de una democracia

Obviamente, las elecciones libres son una característica definitoria de la democracia, pero no la única. Democracia es también el poder político limitado, el respeto por los derechos fundamentales (especialmente los derechos de la minoría frente a la mayoría que sostiene al poder), la división de poderes, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa ante sanciones impuestas por el poder político, entre otros elementos.

Para conocer el nivel de degradación de una democracia basta con revisar cuántas de esas características están deterioradas, repasando, por ejemplo, si los límites al ejercicio del poder político son claros y efectivos, si la Justicia es realmente independiente, si se respetan los derechos fundamenrtales, si estamos amenazados por actuaciones arbitrarias y si tenemos un derecho real a defendernos frente a ellas.

En España se impusieron 1,2 millones de sanciones administrativas en 2023

Lamentablemente, en España hay indicadores alarmantes de que nuestra democracia está cada vez más degradada. El actual gobierno izquierdista de Pedro Sánchez ha deteriorado gravemente el Estado de Derecho con sus ataques a la Justicia, sus medidas lesionando derechos fundamentales (como su "plan mordaza" contra los medios libres, imitando medidas de la dictadura de Putin) y el colosal acto de corrupción de otorgar privilegios penales a sus aliados.

Además, hay un signo de deterioro democrático del que no se habla mucho en los medios pero que debería ser motivo de alarma: la abundancia de sanciones administrativas que hay en España. Para hablar de este asunto, basta con repasar lo que dicen los profesionales de este ámbito. El bufete de abogados de Daniel Álvaro, en Madrid, señala al respecto:

"Las sanciones administrativas son muy frecuentes en España. Según los datos oficiales, en 2023 se interpusieron 1,2 millones de expedientes sancionadores, de los cuales el 60% fueron por infracciones leves. La multa media impuesta fue de 350 euros, lo que supone un importante impacto económico para los infractores".

Una situación de indefensión en la que el gobierno es juez y acusador

Ese bufete recuerda que las sanciones administrativas son unilaterales, es decir, que se imponen por la Administración Pública sin necesidad de intervención judicial. Esto puede parecer un motivo de alivio para muchos españoles, ya que verse inmerso en un proceso judicial es una perspectiva muy desagradable para muchos, pero en un juicio tienes unas garantías de defensa que no existen en un proceso sancionador administrativo, en el que el gobierno es a la vez juez y acusador y no hay un abogado que te asista, a menos que decidas recurrir la sanción en un juzgado cosas que pocos hacen porque el coste del proceso judicial podría ser mayor que el de la sanción.

En mayo, el bufete británico Amsterdam & Partners denunció que la Agencia Tributaria española viola derechos fundamentales de los contribuyentes, señalando que "las víctimas típicamente se enfrentan a demandas fiscales inesperadas con sanciones sustanciales. Se les presiona para que paguen inmediatamente o acepten un acuerdo". A finales de junio, ese bufete anunció una denuncia en la ONU y la OCDE para pedir que sus países miembros no compartan información fiscal con España hasta que no se corrijan las vulneraciones al Estado de Derecho cometidas por Hacienda. Pero esto es sólo la punta de un enorme iceberg.

Un problema multiplicado por 17 en España

Debido al llamado Estado de las Autonomías, España está dividida en 17 estados de facto con una abundante diarrea legislativa que abarca todos los ámbitos posibles de la vida de los ciudadanos. Así pues, a las sanciones de Hacienda hay que añadir las sanciones de los gobiernos autonómicos por los motivos más variados, muchas veces por cuestiones cuyo conocimiento no resulta fácil para los ciudadanos, porque la ingente producción normativa hace que saber todas las cosas que son motivos de infracción sea una tarea imposible.

Esta situación ya genera, de por sí, una gran indefensión entre los españoles, pero a eso hay que añadirle otro factor más que tiene relación con uno de los males más arraigados en la política española: la corrupción, un problema que se extiende a distintos niveles de la administración, pervirtiendo a menudo el sentido de las distintas normas vigentes y abriendo la puerta a venganzas personales o políticas, de las que no es fácil defenderse a menos que tengas un importante patrimonio personal o el respaldo de alguna organización relevante, dos elementos de los que muchos españoles carecen.

En 2022 se publicaron 1.329.865 páginas en los boletines oficiales de toda España

De esta forma, se está generando una sociedad hiperregulada (recordemos que a las normas nacionales y autonómicas hay que añadir, además, las normas municipales) con niveles propios de un régimen autoritario. Hace dos años, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) denunció que en 2022 se publicaron 1.329.865 páginas en los boletines oficiales de toda España, con 849 nuevas normas de nivel estatal. "Esto posiciona a este 2022 como el sexto año con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático (1977 - 1986), y el tercero más alto de los últimos 10 años", denunció la CEOE.

Una diarrea legislativa como ésta lastra gravemente la economía española, provocando inseguridad jurídica a los inversores, desincentivando a quienes crean riqueza y puestos de trabajo y generando más paro y más pobreza, algo que no parece preocupar ni lo más mínimo al gobierno de coalición de socialistas y comunistas. Además, ese colosal volumen legislativo amenaza los derechos de los españoles y degrada nuestra democracia, convirtiéndola de hecho en una dictadura de los burócratas, de una casta política dedicada a engordar cada vez más el volumen normativo que hay en España y a dejar cada vez más puertas abiertas a todo tipo de abusos.

Lo más penoso es que esto no sólo se debe a la izquierda. En algunas comunidades autonómocas, el Partido Popular demuestra ser tan aficionado a los excesos regulatorios como los socialistas, convirtiendo las sanciones administrativas en un problema de cada vez más ciudadanos. Ejemplos como Galicia y Andalucía dan fe de ello.

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Imagen: Grok.