Google se enfrenta a un nuevo intento de censura en España

Jue 20·1·2011 · 7:08h 32

El maltrato a la libertad en España llegó ayer a uno de sus momentos más surrealistas al quedar vista para sentencia en la Audiencia Nacional la causa que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos contra Google. Cinco personas recurrieron a la AEPD para exigir a Google la retirada de datos de su pasado aparecidos en medios e incluso en boletines oficiales. Como señala Alt1040, algunas de ellas ya habían emprendido acciones legales contra los editores de los sitios en los que aparecían dichos datos, sin que los tribunales dieran la razón a los demandantes. Censurar la indexación en un buscador de datos que son públicos, apelando a un “derecho al olvido”, se convirtió en el último intento de esas personas por borrar esos datos. Lo inaudito es que tengan el apoyo de la AEPD, que requirió a Google la eliminación de casi 100 artículos “potencialmente difamatorios”.

Una causa judicial que cuestiona la libertad de expresión en España

Google ya ha anunciado que si la fuente de origen de esos datos procediese a su eliminación, el buscador también los suprimiría. Lo que sí ha advertido Peter Barron, director de comunicaciones exteriores de Google, es que “exigir que intermediarios como los motores de búsqueda censuren el material publicado por otros tiene un efecto profundo y negativo sobre la libertad de expresión”. Pradais Reidy, de la organización británica Index on Censorship que defiende la libertad de expresión, ha declartado: “Lo preocupante es por qué deben ir a Google, en lugar de a las personas que han creado esos contenido”.

Con este caso se revive, una vez más, una situación que está siendo cada vez más frecuente en España y que es impropia de una democracia: utilizar órganos administrativos para ejercer la censura, eludiendo los cauces judiciales. Si el contenido de una web lesiona la dignidad de una persona y debe ser retirado, eso lo tiene que dictar un tribunal. La AEPD no tiene derecho ni autoridad ninguna para ejercer la censura, y menos aún de forma preventiva, apelando a que la mera posibilidad de que un dato publicado en la red pueda ser difamatorio. Una tesis que, dicho sea de paso, resulta ridícula cuando nos referimos a datos ciertos publicados en un boletín oficial. Este detalle en especial ya constituye el extremo más esperpéntico de esta causa: ¿acaso es perseguible enlazar o citar la información de un boletín oficial? Hablamos de información que es pública, que cualquiera puede localizar acudiendo a una biblioteca. En el colmo del surrealismo, uno de los abogados ha alegado que la información publicada en esos boletines es difícil de localizar y difundir, una labor que facilita Google. Valiéndonos de la misma línea argumental, habría que exigir que el BOE se copiase a mano y prohibir su reproducción impresa, pues la imprenta ha contribuido a difundir contenidos que antes sólo estaban disponibles para unos pocos.

“Derecho al olvido”, o como imponer a otros la obligación de olvidar

Espero, en fin, que la Audiencia Nacional dicte sentencia con un mínimo de racionalidad y ampare la libertad en la red frente a la demanda contra Google. Y es que con este juicio todos nos jugamos algo más grave que la mera aparición de los datos de cinco personas en un buscador. Si la información pública y objetiva fuese susceptible de ser censurada no en sus fuentes, sino en los medios que se limitan a reproducirla, se estaría abriendo la puerta a una ola de censura generalizada y arbitraria en la red, en función de la valoración subjetiva que haga una persona sobre los efectos en su vida personal de dicha información.

La apelación a un inexistente “derecho al olvido” supondría que todos tendríamos la obligación de borrar las consecuencias públicas y objetivas de los actos que libremente han realizado otras personas. La mera formulación de ese derecho en tales términos es un disparate tan colosal que las consecuencias de su reconocimiento son inabarcables para la imaginación. A fin de cuentas, hablar del “derecho al olvido” supone exigir a otros el deber de olvidar o, al menos, de fingir que no ha existido un hecho publicado y archivado en un periódico e incluso en un boletín oficial, una exigencia de lo más orwelliana.

Google ya denunció en 2010 la censura de webs en España

Hay que recordar, por cierto, que en marzo del año pasado Google ya llamó la atención sobre la censura en España, refiriéndose al kafkiano bloqueo de varias webs en 2007 por haber llamado al boicot a los productos catalanes, un llamamiento totalmente legal. Entonces muchos que no dijeron ni pío por el bloqueo de aquellas webs se escandalizaron ante la denuncia de la empresa norteamericana. A modo de ejemplo, El País acusó a Google de “desprestigiar a España” por “un incidente judicial aislado”. Después de casi un centenar de requerimientos de censura de la AEPD a Google, ¿el diario de PRISA aún tendrá el cuajo de decir que aquello era un caso aislado?

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Comentarios a esta entrada:

  1. eos

    Es un tema complicado, pero creo que Google tiene razón, si el que publico el articulo lo borra, desaparecerá de la red.
    Claro que hace unos años, para buscar información de alguien tenias que estar mucho tiempo en emerotecas con el riesgo de no obtener nada.

    Ahora prueba a poner tu nombre y apellidos en google y verás lo que pasa ;-)

    Yo lo he hecho con el mío y aunque no me disgusta nada de lo que leo reconozco que sirve para darse una idea de a que me dedico ;-)

  2. aln

    A mí hay una cosa que me intriga muchísimo de este caso. Si quieres que Google deje de indexar una web (incluyendo su retirada de la cache), no hay nada más fácil: añadir unos cuantos tags en la cabecera de las páginas (noarchive, noindex, nofollow), editar el archivo robots.txt, y solicitar la eliminación por medio de las Google Webmaster Tools. En un par de días (o más, dependiendo de la frecuencia de indexación del sitio), no quedará rastro de la web en el buscador. Así que, en este caso, lo correcto y lo sencillo sería solicitar al BOE que prohibiese la indexación de esos contenidos DESDE SU WEB. ¿No se le ha ocurrido a nadie? Aunque tampoco serviría de mucho, porque el BOE (como la mayoría de las webs) tiene su propio buscador, y cualquiera puede utilizarlo.
    Así que, una de dos, o los señores de la AEPD no tienen ni cochina idea de cómo funcionan los buscadores de Internet -lo que tampoco se puede descartar-, o esto es una campaña (¿casualidad que haya coincidido con lo que proponía González-Pons sobre la ‘soberanía’ de los datos de los españoles?) dirigida a ablandar a la opinión pública y preparar el terreno para una “regulación” de internet. Es que no puede ser que cualquiera publique algo, y al instante lo pueda leer todo el mundo; hasta ahí podíamos llegar.

  3. Juana de Arco

    Esto es parte del proyecto de varios sujetos y “sujetas” de la cúpula del PSOE, y que si no lo remediamos de alguna forma cuanto antes, las cosas se volverán muy negras.

    - Intervención en la educación de los hijos
    - Intervención negando a los padres el derecho a educar a sus hijos.
    - Control dela natalidad, mediante el arma de la ley para matar a personas en estado embrionario.
    - Control de la población mediante la proxima legalización de la eutanasia.
    - Control de los medios de comunicación, que se hará efectivo más pronto que tarde.
    - Control de todo tipo de libertad de expresión, finalizando con el domino de internet.

    Todo está orquestado desde hace tiempo, y por si aún queda alguien que lo dude, ¿porqué a ultima hora ha salido Jáuregui hecho un fiera arremetiendo contra todo el que les quite las caretas?. Y eso sin mencionar la puesta en escena de Rubalcaba como líder del PSOE, y el teatro de Zapatero haciendose el inocente para intentar desviar la atención hacia otro lado y confundir al personal. Además de la creación de leyes sin ton ni son de la Pajín cada vez que le cae mal alguien o algo que le dicen.

    La dictadura la tenemos encima, y temo que las elecciones se den de forma turbulenta o no se den.

  4. Juana, esto es algo más que un proyecto sólo del PSOE. Como bien apunta Aln, también el PP está interesado en tener control sobre la red. De hecho, la ley que están utilizando los demandantes para apoyarse en este proceso, la LSSI, es una tremenda burrada legal aprobada durante el mandato de Aznar.

  5. Juana de Arco

    Claro. Ambos partidos van a lo mismo.

    Tenemos a España en manos de esta casta autoritaria de politicos, y sin solución por el momento como estamos viendo. Ellos se reparten la tarta y cuidado con que otros quieran hacerles competencia porque quienes lo intenten lo llevan claro.

    De todas formas sigo diciendo lo mismo, pues este PP apoya todo lo que lleva hecho el PSOE.

  6. Elentir, Juana, cada cual tenemos nuestras habilidades. Ten por seguro que muchos de los que estamos en el lado técnico nos revolveremos y pondremos lo mejor de todo lo que somos para que no controlen del todo (la ya de por sí) controlada Internet. Si alguien piensa que su línea no se puede monitorizar fácilmente y sin que se detecte está equivocado.

    Respecto a la censura en Internet, llevan muchos años intentando colarla, aunque de momento, no han conseguido resultados tangibles en Occidente. La excusa, probablemente, venga de la pornografía. infantil o la protección de menores o por capítulos como lo de Wikileaks.. Los estados no calibraron inicialmente el alcance de Internet (excepto los más paranoicos y totalitarios, como Arabia Saudí o China), pero tener por seguro que intentarán que no se les escape la presa.

  7. Scabelum

    La AEPD es una agencia estatal. No es independiente y adolece de los mismos fallos y la misma corrupción que el Defensor del Pueblo.
    Lo digo porque yo denuncié que un funcionario del Sacyl había grabado una conversación telefónica y que eso habia sido causa para que me sancionasen administrativamente durante un año. Les envié la sanción, lo que tengo de expediente y la afirmación por parte del Gerente de Salud de dichas grabaciones y de la procedencia de la sanción. Ante eso, la AEPD dice, que no hay pruebas suficientes de irregularidad y que por lo tanto, para evitar perjuicios e inconvenientes a la adminitración del Sacyl, no procedía abrir investigación.
    Estamos hablando de una sanción administrativa y un reconocimiento explícito de grabar conversaciones telefónicas sin permiso de los interesados y sin autorización administrativa.

    Bueno, dejo el caso particular a parte. Lo importante es que la maquinaria disfrazada de democracia y de garantías, está bien engrasada y funciona adecuadamente.

    El totalitarismo avanza….

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