Grabaciones del CNI: el Gobierno mintió al juez que lleva el caso Faisán

Hoy El Mundo revela los detalles de la "Operación Txori" del CNI, el operativo montado por el Centro Nacional de Inteligencia para grabar las reuniones entre el Gobierno y ETA entre 2005 y 2007, es decir, antes incluso de que ETA declarase su tregua-trampa el 22 de marzo de 2006 y mientras Zapatero y sus ministros mentían a los españoles al negar todo contacto con los terroristas. La existencia de esas grabaciones añade una mentira más -y ésta con posibles consecuencias penales- al largo historial de embustes del gabinete socialista. Y es que el 30 de marzo se conoció que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Faisán (el chivatazo policial a ETA en 2006), pidió al gobierno la documentación relativa a la reunión mantenida entre el ejecutivo y los terroristas el 22 de junio de 2006, en la que según las actas de ETA, se habló del chivatazo en los escandalosos términos desvelados por El Mundo el 28 de marzo. La petición incluía actas o resumen alguno del contenido de esa reunión.

El Gobierno dijo al juez que no tenía acta ni resumen escrito de la reunión

La respuesta del Gobierno a esa petición del juez fue que no tenía esa documentación, pues las actas de la reunión fueron guardadas por el centro Henry Dunant -encargado de la mediación- "en rigurosa y sofisticada custodia" en una caja de seguridad de un banco suizo, y que el Gobierno ni tenía copia ni hizo acta propia de ese encuentro. Era más que evidente que el Gobierno mentía al juez, pues resulta impensable, en primer lugar, que los delegados del Gobierno en esa reunión no entregasen a sus representados más que un resumen verbal de lo hablado, sin que se dispusiese de ningún informe escrito. En segundo lugar, tampoco era creíble que el CNI, encargado de captar las comunicaciones de todo aquel al que señala el Gobierno, no hubiese tenido la precaución de "pinchar" esa reunión. Ahora se confirma lo obvio: esas reuniones se grabaron, y como toda grabación del CNI, el Gobierno ha de disponer de la transcripción, conforme a los usos habituales de ese Centro.

Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, que publique las grabaciones del CNI

Así pues, el Gobierno sí que tenía sus propias actas de la reunión. Al negar ante el juez la existencia de esas actas, una negativa que se veía a kilómetros que era una burda mentira, el ejecutivo puede haber incurrido en sendos delitos de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia. Por otra parte, tras la publicación de las actas tomadas por ETA sobre esa reunión, que el Gobierno no haya publicado las actas de lo grabado por el CNI deja en evidencia que tiene algo grave que ocultar. Quizá el contenido de las grabaciones del CNI no coincida exactamente con el de las actas redactadas por los asesinos, pero que se sigan manteniendo en secreto e incluso se haya negado su existencia ante un juez sólo deja lugar para una conclusión: que esas grabaciones deben tener un contenido muy comprometedor para el Gobierno, tanto en el terreno político como en el legal. Zapatero y Rubalcaba lo tienen muy fácil para desmontar esta conclusión si no es cierta: entreguen al juez las grabaciones íntegras, den una explicación creíble de por qué negaron su existencia -pudiendo incurrir con ello en dos delitos- y pónganlas a disposición de la opinión pública.

Entrada relacionada:

- Una recopilación de las mentiras del gobierno sobre su negociación con ETA