La acampada ultraizquierdista de Sol ya no está, pero sus gastos aún deben ser pagados

Ayer, después de 38 días, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid pusieron fin a la acampada ilegal en la Puerta del Sol.

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Esa acampada, instalada por la extrema izquierda el sábado 26 de septiembre, supuso la ocupación ilegal de un espacio público por unos activistas que han olvidado que la calle es de todos, unos activistas que se creen con derecho a usurpar durante semanas al resto de los ciudadanos algo que han pagado con sus impuestos. Además, el fin de esa acampada supuso la retirada de 36 toneladas de basura por parte de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, unos servicios pagados por todos los vecinos de esa ciudad.

A la retirada de esa enorme cantidad de basura hay que sumarle otro capítulo no menos importante de las labores de limpieza: la reparación de los bienes públicos dañados por los campistas de extrema izquierda, que vandalizaron la famosa estatua del Oso y el Madroño, los símbolos de la ciudad, y también la estatua ecuestre de Carlos III.

La izquierda dice ser una gran defensora de la justicia, pero parece haber olvidado uno de sus principios más básicos: el que la hace la paga. Si esos activistas han usurpado un espacio público durante semanas, lo justo es que sean ellos quienes paguen la factura de la limpieza, y no todos los vecinos de Madrid, que ya han tenido bastante con no poder transitar con normalidad por la Puerta del Sol durante esos 38 días.

Además de eso, los comerciantes de la zona no han podido desarrollar con normalidad su actividad debido a la presencia de esa acampada ilegal, que durante semanas ha dificultado los accesos a sus negocios sin que el anterior delegado del gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín Aguirre, hiciese absolutamente nada por impedirlo. Tanto los acampados como Martín deberían hacerse cargo de las indemnizaciones que correspondan por el lucro cesante que esos comerciantes hayan sufrido durante estos 38 días.

En una democracia no se puede tolerar que unos jetas ensucien ni dañen lo que es de todos, ni se puede permitir que perjudiquen económicamente a comerciantes que pagan religiosamente sus impuestos, y que además queden impunes y no deban pagar nada por todo ello. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben exigir a los miembros de esa acampada y al político socialista que les dio barra libre durante semanas pagar lo que han contribuido a ensuciar y dañar, porque en una democracia no puede haber ningún ciudadano que goce de privilegios sobre los demás, por mucho que la izquierda haya asumido la idea de que su ideología la sitúa por encima del resto de la gente.

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Foto: Eneko Torres Peco.