El separatismo juega con fuego y su golpe podría acabar como empezó el 23F: a tiros

Hoy los partidos separatistas han declarado el inicio de una "república catalana", por 72 votos contra 63. Lo ocurrido hoy es un clarísimo delito de sedición como lo tipifica el Código Penal.

Ya ha pasado la hora de las palabras: toca actuar para frenar el golpismo separatista
Son españoles para percibir una pensión y también lo son para juzgarles por sedición

Un acto de sedición y de desobediencia a las instituciones democráticas

El Artículo 544 es muy claro al respecto:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales."

En su declaración, los separatistas usurpan, además, la soberanía nacional al pueblo español, atribuyéndosela al Parlamento de Cataluña, e incluso afirman que la actual cámara es "expresión del poder constituyente", a pesar de que es fruto de unas elecciones autonómicas. Esta declaración es un fraude de ley, algo inadmisible en cualquier país democrático y que sólo tiene cabida en una república bananera, que es lo que pretenden instaurar estos totalitarios. Pero lo más grave es que, además, los separatistas declaran su desobediencia al Estado y a las instituciones democráticas votadas por los propios catalanes junto al resto de los españoles: "el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y de competencia".

Los catalanes se van a ver en medio de un enfrentamiento de poderes

Hay personas lo bastante ilusas como para creer, en serio, que una intentona golpista como la señalada se puede desarrollar con la etiqueta propia de un cóctel de alta sociedad, sin perder las formas y sin llegar nunca a la manos. Craso error. Las administraciones públicas se dotan de instrumentos coactivos para hacer cumplir sus dictados. Todos pagamos impuestos porque sabemos que, de no hacerlo, nos caería una fuerte multa. Todos sabemos que incumplir las normas de tráfico puede acarrearnos una fuerte sanción y, de ser algo muy grave, incluso costarnos la cárcel. Todos sabemos que robar o agredir al prójimo puede hacer que acabemos en una celda. En un Estado de Derecho la ley, cuando no es respetada, no se impone con caricias ni con buenas palabras. Hacerlo sería transmitir a toda la sociedad el mensaje de que transgredir la ley sale gratis, y eso haría tambalearse los cimientos en los que se asienta nuestra convivencia.

Con la declaración aprobada hoy por los separatistas en el Parlamento catalán, lo que se está provocando es una situación en la que habrá dos autoridades intentando establecer mandatos coactivos sobre los ciudadanos. Los habitantes de Cataluña, tengan la ideología que tengan, se van a ver enfrentados a una situación kafkiana en la que sendos poderes -el gobierno legítimo de la Nación y los separatistas intentando imponer la independencia- intentarán obligarles a cumplir sus respectivas normas. Los catalanes tendrán que elegir entre obedecer las leyes españolas o las que impongan los separatistas: tendrán que elegir entre las multas de unos o las de otros. Y esta elección será especialmente complicada para los funcionarios públicos autonómicos, a los que los separatistas intentarán obligar a hacer cumplir su voluntad. En una situación normal, un funcionario sensato se negaría a desobedecer las leyes establecidas para someterse a las de un Estado inexistente y sin ningún reconocimiento internacional, pero la situación creada en Cataluña por décadas de adoctrinamiento separatista dista mucho de la normalidad. Muchos funcionarios están implicados en este proceso golpista, ya sea por adhesión ideológica o por miedo a un poder autonómico que hace lo que le da la gana, desde hace años, por culpa de la constante dejación de funciones del gobierno central a la hora de hacer cumplir la ley en Cataluña.

El precedente sangriento del golpe separatista de 1934

Es posible que alguna gente crea que estoy hablando de meros funcionarios de Hacienda, unos de España y otros de esa fantasmagórica "república catalana", aspirando simultáneamente a recaudar los impuestos al mismo carnicero, al mismo panadero o al mismo padre de familia. Pero ése no será el peor escenario de la colisión entre ambos poderes. El peor momento llegará cuando esa colisión de poderes se plasme en una colisión entre cuerpos policiales, cuerpos que van armados. Y eso por no hablar de la intención de los separatistas, ya afirmada en algunas ocasiones, de hacerse con las instalaciones y medios de las Fuerzas Armadas en esa comunidad. Algunos se creen que están haciendo algo tan inofensivo como jugar una partida al Risk o al Monopoly, pero no es así. La declaración golpista de hoy es el inicio de un grave conflicto civil, y estos conflictos suelen traducirse en episodios de violencia, especialmente cuando se intenta usar a instituciones armadas para imponer la voluntad de ciertos elementos contra las leyes establecidas. No sería la primera vez: el 6 octubre 1934 el separatismo catalán dio un golpe contra la Segunda República que se saldó con 107 muertos, después de que el gobierno golpista de Companys intentase utilizar a los Mossos d'Esquadra y a civiles armados para imponer su autoridad frente a la del Estado.

Suspender la autonomía y apresar a los golpistas para evitar males mayores

Eso fue un intento de imponer un proyecto político mediante una institución armada, contra la legalidad vigente, y lo mismo ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando Tejero entró en el Congreso a tiros. Aquel golpe empezó así, a tiros, y acabó con los guardias civiles saliendo del Congreso pacíficamente. No hubo ni un muerto. La situación ahora, ciertamente, es muy distinta, pero no porque la intentona golpista del separatismo catalán se haya iniciado, a diferencia del 23F, de forma pacífica, sino porque está abocada a acabar igual que empezó el 23F hace 34 años, y porque ahora el gobierno, que no está secuestrado por individuos armados en el congreso, está delegando toda su responsabilidad en el Tribunal Constitucional, de una forma cobarde e absurda. ¿Qué pasará cuando algunos vean que su partida de Risk, o lo que pretendían arreglar con flema leguleya presentando recursos ante un tribunal, empieza a traducirse en tiros en las calles? Obviamente, en un país miembro de la Unión Europea, que se diese una situación así sería un escándalo, y por supuesto lo que ocurriese sería achacable a quienes han estado jugando con fuego, arriesgándose a incendiar la convivencia entre españoles. Con la primera colisión violenta, el separatismo habrá dado motivos suficientes para una suspensión de la autonomía catalana, motivos que ni un pusilánime como Rajoy podría eludir llegado ese momento. Pero además, entonces será especialmente difícil justificar todo este golpe bananero puesto en marcha con el único propósito de ocultar los colosales escándalos de corrupción de la casta separatista, escándalos que esa casta ha estado protagonizando durante años y que han representado un robo a gran escala que han sufrido todos los catalanes. Si quiere evitar que la cosa acabe a tiros y cueste alguna vida, el gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de esperar a que otros le hagan el trabajo, suspendiendo la autonomía y ordenando la detención de los golpistas. Lo demás es transmitir la idea de que saltarse la legalidad sale gratis y dar pie a que Cataluña se convierta, tarde o temprano, en el escenario de episodios de violencia con dramáticas consecuencias.