Sección 230: el motivo real por el que los gigantes tecnológicos odian tanto a Trump

En las últimas horas, algunas personas han justificado la censura por motivos políticos en Twitter afirmando que, a fin de cuentas, es una empresa privada.

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Una ley sobre la pornografía que acabó usándose para regular el «odio»

El argumento sería bueno si Twitter fuese una empresa privada más, pero no lo es, como ocurre con las grandes plataformas tecnológicas. Trump apuntó el motivo en sus últimos mensajes en Twitter al mencionar la "Sección 230", una referencia que muchos no habrán entendido. Arrojemos un poco de luz al respecto.

Para los que lo desconozcan, la Sección 230, titulada "Protección para el bloqueo privado y el examen de material ofensivo", es una parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA) de Estados Unidos, una ley creada en 1996 para regular la pornografía en Internet, y que más adelante ha servido también para perseguir ese concepto tan ambiguo que es el "discurso de odio", cuyos límites a menudo se confunden con los de la libertad de expresión.

Los gigantes tecnológicos tienen permiso legal para censurar si lo hacen «de buena fe»

El apartado (c) (2) de la Sección 230 exime a las redes sociales de toda responsabilidad legal sobre "cualquier acción tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad del material que el proveedor o usuario considere obsceno, lascivo, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de otra manera objetable, sea o no dicho material protegido constitucionalmente". Esta última parte implica que esas empresas pueden lesionar la libertad de expresión con esa finalidad, con la condición de que lo hagan "de buena fe". Son términos muy ambiguos que han acabado englobando una censura indiscriminada de opiniones legítimas por motivos políticos e ideológicos.

Una amenaza para la libertad de expresión basada en un privilegio

Para que nos hagamos una idea, ese privilegio legal de las redes sociales les otorga un status parecido al de las operadoras telefónicas. Legalmente hablando, la censura por motivos políticos e ideológicos que se está imponiendo ahora mismo en las redes sociales es como si tu operadora te corta la llamada y te suspende la línea si emites una opinión por teléfono que no gusta a los dueños de esa empresa. Cuando una empresa privada ofrece un servicio público no puede hacer eso, sobre todo si tiene una posición dominante en el mercado (como pasa con Twitter y Facebook), pues sería una amenaza para la libertad de expresión. Y si la empresa hace algo así, entonces tendría que hacerse responsable legal de todas las conversaciones de sus clientes, igual que los medios de comunicación son responsables de lo que publican.

La orden que firmó Trump para frenar esa censura política

En mayo de 2020, Trump publicó una "Orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea", censura que ya se estaba desarrollando en las redes sociales, especialmente contra los usuarios conservadores. Esa orden señalaba que "Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un poder inmenso, casi sin precedentes, para dar forma a la interpretación de los eventos públicos; censurar, borrar o desaparecer información; y controlar lo que la gente ve o no ve". La orden señalaba concretamente la censura arbitraria que venía imponiendo Twitter a sus usuarios. La orden también añadía lo siguiente:

"Una empresa estadounidense, por ejemplo, creó un motor de búsqueda para el Partido Comunista de China que habría incluido en la lista negra las búsquedas de "derechos humanos", ocultó datos desfavorables para el Partido Comunista de China y rastreó a los usuarios considerados apropiados para la vigilancia. También estableció asociaciones de investigación en China que brindan beneficios directos al ejército chino. Otras empresas han aceptado anuncios pagados por el gobierno chino que difunden información falsa sobre el encarcelamiento masivo de minorías religiosas en China, permitiendo así estos abusos de los derechos humanos. También han amplificado la propaganda de China en el exterior, incluso al permitir que los funcionarios del gobierno chino usen sus plataformas para difundir información errónea sobre los orígenes de la pandemia COVID-19 y socavar las protestas a favor de la democracia en Hong Kong".

Los vínculos entre uno de esos gigantes y la censura en China

Hay que recordar que en 2019, Facebook fue acusada por un congresista republicano de estar ayudando al Partido Comunista de China a imponer la censura en ese país. Lo que esto significa es que algunas de esas redes sociales han obviado esa condición de "buena fe" que imponía la Sección 230 (c) (2) para dedicarse a la censura pura y dura por motivos políticos, incluso al servicio de una dictadura comunista. Algo insostenible si tenemos en cuenta, además, que algunos gigantes tecnológicos, como Facebook y Google, tienen tantos usuarios que ejercen una posición equiparable con la de un monopolio.

Facebook se enfrenta al mayor caso antimonopolio de EEUU

De hecho, hace un mes el Gobierno federal y los fiscales generales de 46 estados de EEUU presentaron contra Facebook uno de los casos antimonopolio más grandes en la historia de ese país, por abusar de su poder y de su dinero para aplastar a la competencia, en gran parte comprando a sus competidores. Unas prácticas que atentan contra la libertad de mercado.

¿Uno de esos gigantes tecnológicos podría adueñarse de un país?

Además, si esas empresas deciden invadir la esfera política, podrían adueñarse en la práctica de un país asfixiando el debate público y alterando una campaña electoral a su gusto, para beneficiar al partido o al candidato que más les favoreciese... Que es, de hecho, lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales en EEUU con las constantes interferencias y censuras de Twitter y Facebook contra Trump y a favor de Joe Biden. Llegados a este punto, hemos de tener en cuenta que cuando una empresa adquiere unas enormes dimensiones propias de un Estado y puede modelar a su gusto a la opinión pública, estamos ante una amenaza equiparable a la de un Estado autoritario.

La orden de Trump habría enfrentado a esos gigantes con demandas millonarias

En respuesta a esa amenaza contra la democracia, la orden ejecutiva firmada por Trump señalaba: "La sección 230 (c) fue diseñada para abordar las decisiones judiciales tempranas que sostienen que, si una plataforma en línea restringiera el acceso a algunos contenidos publicados por otros, se convertiría en un "editor" de todo el contenido publicado en su sitio con fines de agravios tales como difamación. (...) La disposición también tenía la intención de promover la visión expresa del Congreso de que Internet es un "foro para una verdadera diversidad de discurso político".

Esta orden de Trump pretendía dejar fuera de la protección de esa Sección 230 la censura arbitraria impuesta por los gigantes tecnológicos en base a motivos políticos o ideológicos. Para esos gigantes tecnológicos, esa orden era una seria amenaza al poder que han ido acumulando, no sólo económico, sino también político, pues les obligaba a responder por sus contenidos igual que los medios de comunicación. Podrían haberse enfrentado a demandas millonarias.

Trump pretendía auditar los fondos públicos que reciben esas plataformas digitales

Además, la orden buscaba evitar que fondos federales pudiesen seguir financiando a plataformas digitales "que restringen la libertad de expresión". Esta parte de la citada orden de Trump pretendía hacer una auditoría en cada departamento y agencia federal para revisar el gasto de dichos organismos "en publicidad y marketing pagado a plataformas en línea". Dicha revisión incluiría la cantidad de dinero gastada en las plataformas en línea que reciben fondos federales. Esta orden habría hecho aflorar todo el dinero público que fluye hacia los gigantes tecnológicos. ¿Se entiende mejor ahora el tremendo odio que sienten por Trump?

La orden apelaba a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el debate público

Así mismo, la orden requería al Departamento de Justicia una revisión de "las restricciones de discurso basadas en puntos de vista impuestas por cada plataforma", a fin de identificar si esas empresas incluyen en prácticas discriminatorias. Acto seguido, la orden recordaba: "La política de los Estados Unidos es que las grandes plataformas en línea, como Twitter y Facebook, como medios fundamentales para promover el libre flujo de expresión e ideas en la actualidad, no deben restringir la expresión protegida. El Tribunal Supremo ha señalado que los sitios de redes sociales, como la plaza pública moderna, "pueden proporcionar quizás los mecanismos más poderosos disponibles para que un ciudadano privado haga oír su voz"", una afirmación recogida por la sentencia de dicho Tribunal en el caso Packingham v. North Carolina (2017, ver PDF).

"La comunicación a través de estos canales se ha vuelto importante para una participación significativa en la democracia estadounidense, incluso para presentar peticiones a los líderes electos. Estos sitios brindan un foro importante al público para que otros participen en la libertad de expresión y el debate", señalaba la orden, y añadía: "En mayo de 2019, la Casa Blanca lanzó una herramienta de informes de sesgos tecnológicos para permitir a los americanos informar incidentes de censura en línea. En solo unas semanas, la Casa Blanca recibió más de 16,000 quejas de plataformas en línea que censuraban o tomaban medidas contra los usuarios en función de sus puntos de vista políticos".

Pretendía revisar también las prácticas discriminatorias de los gigantes digitales

La orden encomendaba también al Fiscal General la creación de un grupo de trabajo para examinar los "actos o prácticas injustas o engañosas" y contrarios a las leyes cometidos por esos gigantes tecnológicos, entre ellos un "mayor escrutinio de los usuarios en función de los otros usuarios que eligen seguir o sus interacciones con otros usuarios", "algoritmos para suprimir contenido o usuarios basados ​​en indicaciones de alineamiento político o punto de vista" y "políticas diferenciales que permitan comportamientos que de otro modo serían inadmisibles, cuando sean cometidos por cuentas asociadas con el Partido Comunista Chino u otras asociaciones o gobiernos antidemocráticos". Esto último ha quedado en evidencia por el hecho de que Twitter suspenda la cuenta de Trump mientras mantiene intactas las cuentas de dictadores comunistas.

La paradójica actitud de algunos liberales y muchos socialistas

Dicho esto, en las reacciones que se han visto en las redes apoyando la censura política de Twitter contra Trump nos encontramos con dos paradojas:

• Algunos que se dicen liberales defendiendo la censura impuesta por gigantes tecnológicos que erosionan el libre mercado y que se financian con fondos públicos, y que ayudan a la dictadura comunista de China a reprimir a los demócratas.
• Muchos que se dicen socialistas o comunistas pero apoyan que una gran empresa someta el debate público a su voluntad, abusando de su posición dominante en el mercado y recurriendo a su dinero para beneficiar a candidatos más propicios a sus prácticas monopolísticas.

O unos y otros no se han enterado de qué va todo esto, o es que les parece que todo vale con tal de silenciar a los que no opinan como ellos.

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Foto: Dado Ruvic/Reuters.