El 'one' y la declaración de un guardia civil que debería provocar un escándalo nacional

Este martes, la Audiencia Nacional fue el escenario de una importante declaración que en otro país habría provocado un terremoto político.

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El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo (uno de los escándalos de corrupción del socialismo español), declaró como testigo en el caso de las "cloacas" del PSOE, que está siendo investigado por el juez Santiago Pedraz.

Lo más llamativo de esa declaración de un mando de una de las fuerzas de seguridad del Estado es que Villalba admitió haberse reunido con la 'fontanera' socialista Leire Díez, quien aseguró que hablaba en nombre del 'one', y le habría ofrecido un ascenso, prometiéndole un lugar en la cúpula de la Guardia Civil a cambio de ofrecer información para dinamitar a la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de la Guardia Civil que investiga los casos de corrupción que afectan al gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez.

Recordemos que el pasado jueves el juez Pedraz imputó a la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González Fernández, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas Fernández, por delitos de prevaricación, pertenencia o cooperación con organización criminal, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos. Si lo que se supo ayer era cierto, esto confirmaría la existencia de una trama criminal dentro del propio Estado para entorpecer investigaciones judiciales que afecta a altos cargos socialistas, un hecho de una extraordinaria gravedad.

No cuesta mucho imaginar a qué "one" se refería Leire Díez cuando ofreció favores a un comandante de la Guardia Civil a cambio de defenestrar a compañeros que estaban cumpliendo con su deber de perseguir la corrupción. A fin de cuentas, el gobierno de ese "one" lleva meses atacando a los jueces que investigan sus escándalos, sin molestarse en disimular esas presiones, que deberían ser intolerables en un país democrático pero que en España, de la mano de Pedro Sánchez, se han convertido en algo habitual. Lo más pasmoso es ver la falta de reacción de la sociedad ante este nuevo escándalo, tal vez porque muchos españoles ya están saturados por tantos casos de corrupción o simplemente porque una parte de la sociedad cierra los ojos, sin más, cuando se trata de la corrupción de la izquierda.

Estas investigaciones judiciales están indicando cada vez con más fuerza la existencia de una mafia dentro del Estado para cometer delitos y después garantizar impunidad a sus autores, con una trama que está incrustada en algunos ministerios -entre ellos uno de los que más dinero maneja, que es el Ministerio de Transportes- y con ramificaciones en distintas instituciones públicas y empresas con participación estatal. Sánchez llegó al poder presentándose como alternativa contra la corrupción del Partido Popular, pero ocho años después nos encontramos con un panorama siniestro. El socialismo ha generado una cantidad de podredumbre de tales dimensiones que en otro país habría servido para derribar a media docena de gobiernos, pero aquí no dimite absolutamente nadie, ni tan siquiera la directora de la Guardia Civil cuando es imputada judicialmente por delitos muy graves.

El PSOE ha convertido el Estado es una ciénaga política y pretende que nadie pueda limpiar toda la suciedad que ha ido dejando tras de sí, porque es el entorno ideal que los socialistas tienen para tapar sus escándalos. España necesita un cambio drástico, un cambio con motosierra, como ocurrió en Argentina, para que esa banda de malhechores no pueda volver a asaltar y emponzoñar nuestras instituciones como vienen haciéndolo desde hace ocho años.

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Foto: PSOE.