Cuando prometer sale gratis

Por Álvaro J. Díaz-Mella

La democracia permite castigar a quien incumple. El problema empieza cuando el ciudadano deja de creer que ese castigo sirva para algo.

Los hijos que no tuvimos
Vigo se muere. La ciudad de las luces que se apaga

Todos recordamos alguna promesa política. Una carretera que iba a estar terminada hace años, un tren que iba a llegar, unas viviendas que iban a construirse, una lista de espera que iba a reducirse o un impuesto que no iba a subir. Pasan los años y algunos de aquellos compromisos siguen exactamente donde estaban. Nosotros los recordamos; quienes los asumieron parecen tener más facilidad para olvidarlos.

Debemos exigir a quien gobierna que cumpla lo que prometió. Para eso, entre otras razones, recibió nuestro voto. Naturalmente, pueden aparecer circunstancias imprevistas, dificultades presupuestarias o hechos que hagan imposible o incluso desaconsejable llevar a cabo un compromiso concreto. Pero entonces debe explicar qué ha cambiado, por qué ya no puede hacer aquello que aseguró y qué alternativa propone. Lo que no deberíamos aceptar es que lo anunciado simplemente desaparezca y que, pasado un tiempo, quien lo anunció vuelva a pedirnos el voto con nuevos compromisos como si los anteriores nunca hubieran existido.

En muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana no aceptaríamos con tanta facilidad ese comportamiento. Si firmamos un contrato, debemos cumplirlo. Si debemos dinero, tenemos que pagarlo. Si asumimos una obligación en el trabajo, alguien nos pedirá cuentas si no la atendemos. Incluso en nuestras relaciones personales sabemos que una palabra incumplida demasiadas veces termina perdiendo valor. Sin embargo, hemos acabado aceptando que en política pueda ocurrir algo distinto: se adquiere un compromiso, no se cumple y, demasiadas veces, no pasa nada.

Entonces surge una pregunta sencilla: si quien gobierna no tiene demasiado interés en recordar lo que anunció, ¿quién debe hacerlo? En primer lugar, la oposición. No solo debe responder a la declaración del adversario o protagonizar la polémica del día. También tiene que guardar memoria: comprobar presupuestos y plazos, y preguntar qué ocurrió con aquello que se aseguró que se haría. A veces lo hace y no consigue que se escuche. Otras veces ni siquiera actúa con la perseverancia necesaria. Cuando nadie sigue un compromiso hasta el final, al gobernante le resulta más fácil sustituirlo por otro.

Después está la prensa. Durante mucho tiempo se habló de ella como el cuarto poder porque debía vigilar a los otros tres. Un medio independiente debería poder confrontar a un alcalde, a un presidente autonómico o al Gobierno con aquello que anunció años atrás y preguntar qué ocurrió. Pero tampoco deberíamos ignorar que la publicidad institucional, los patrocinios públicos y las campañas pagadas por las administraciones forman parte de los ingresos de muchos medios. Eso no significa que recibir publicidad pública elimine automáticamente la independencia, y decirlo sería injusto. Sí existe, sin embargo, un posible conflicto de intereses que exige transparencia, especialmente cuando determinadas actuaciones de comunicación pueden canalizarse también a través de empresas contratistas o concesionarias. Deberíamos poder saber quién paga, cuánto y a qué medios llega finalmente ese dinero.

Si fallan esos controles, todos aprendemos. El político también. Si anunciar una obra proporciona titulares, fotografías, entrevistas y reconocimiento, mientras dejarla sin hacer apenas tiene consecuencias, el incentivo resulta evidente. Cuando llega la siguiente campaña basta con superponer nuevos compromisos a los antiguos y confiar en que la memoria de los ciudadanos sea más corta que el programa electoral.

Pero también aprende el ciudadano. Y quizá ahí esté la parte más preocupante. Llega un momento en que algunas personas dejan incluso de enfadarse. Quien protesta todavía espera algo. Quien discute de política todavía piensa que merece la pena hacerlo. Más preocupante es quien escucha las nuevas promesas de una campaña electoral y termina pensando: «¿Para qué?».

No sé cuántas personas dejan de votar por este motivo ni creo que exista una única explicación. Hay quien no vota por desinterés, quien está satisfecho con la situación, quien no se siente representado y quien simplemente no puede o no quiere participar. Pero cuando una promesa se incumple sin explicación y nadie parece pedir cuentas por ello, se deteriora la confianza. No siempre se traduce en abstención. A veces se convierte en cinismo, indiferencia o en esa frase que se escucha cada vez con más frecuencia: «son todos iguales».

Esa desconfianza tampoco es nueva. En 1899, el vigués Ricardo Mella Cea escribió en La ley del número que el elector «permanece indiferente, como si supiera de antemano que nada tiene que esperar del legislador». En ese pasaje, Mella se refiere con «legislador» al representante político elegido para legislar. Su crítica al sistema representativo era mucho más radical que la que planteo aquí y no pretendo hacerla mía. Lo que me llama la atención es que, 127 años después, podamos leer esa frase y reconocer algo que sigue resultándonos familiar.

Tenemos una ventaja que no deberíamos despreciar: en democracia podemos echar del poder a quien nos gobierna. Podemos premiar a quien cumple y castigar a quien no lo hace. Pero para decidir necesitamos saber qué nos dijeron y qué hicieron después. Necesitamos una oposición que fiscalice, unos medios capaces de ejercer su función sin depender excesivamente de aquellos a quienes deben vigilar y ciudadanos que no aceptemos que cada campaña electoral borre la anterior.

Me preocupa el incumplimiento de una promesa, pero todavía más que acabemos considerándolo normal. Lo primero puede deberse a circunstancias que quien gobierna tendrá que justificar. Lo segundo significa que hemos empezado a aceptar que la palabra dada en política vale menos que en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Y cuando prometer da votos y no cumplir no tiene consecuencias, el problema ya no es la promesa. Es que prometer ha terminado saliendo gratis.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, agosto de 2026