Sánchez se salta la ley y ofrece 140 millones de euros a la ONU a pesar de que está en funciones

El gobierno de Pedro Sánchez sigue actuando como si la legalidad vigente no pusiese límites a sus caprichos y a sus deseos.

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El último episodio de esa tendencia autocrática se conoció ayer. En una intervención en la sede de la ONU Nueva York, a donde ha acudido con un séquito de 107 personas (76 más que en su viaje a EEUU en 2021, cuando fue con 31 acompañantes), Pedro Sánchez comprometió 120 millones de euros para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, también conocidos como Agenda 2030, además de ofrecer a España como sede de la cumbre de financiación de esos objetivos, que se celebrará en 2025. Además, ha prometido 20 millones de euros más para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Así pues, Sánchez compromete a destinar a la ONU 140 millones de euros pagados por todos los españoles, convirtiendo a España en uno de los principales donantes (a pesar de no ser precisamente uno de los países más ricos), mientras su gobierno está en funciones y después de haber perdido las últimas elecciones generales. El compromiso adquirido por Sánchez implicaría a España durante varios años.

Una medida quen viola la Ley 50/1997 del Gobierno

Con este anuncio, Sánchez se salta abiertamente la Ley 50/1997 del Gobierno, concretamente su Artículo 21.3, que señala lo siguiente sobre las competencias de los gobiernos en funciones:

"El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Obligar a los españoles a pagar 140 millones de euros a la ONU excede por completo el despacho ordinario de asuntos públicos, y desde luego no es un asunto urgente ni que resulte de interés general, pues se trata de una agenda política con aspectos ideológicos muy controvertidos.

Una forma de gobernar propia de un autócrata

Esta nueva vulneración de la legalidad por parte del gobierno de Pedro Sánchez se suma a su pretensión de aprobar una ley de amnistía, una medida inconstitucional cuyo único fin es obtener el apoyo del separatismo catalán, que ha fijado unas exigencias abiertamente contrarias a la legalidad constitucional y al Estado de Derecho para facilitar la reelección de Sánchez como presidente del gobierno.

La Real Academia Española define "autocracia" de la siguiente forma: "Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley". A juzgar por los pasos que el dirigente socialista está dando, parece que Pedro Sánchez está empeñado en degradar nuestra democracia para convertirla en una autocracia, en la que sus deseos personales sean la ley suprema, sin más límites que sus deseos y su voluntad. No es algo nuevo en un político socialista (basta con ver lo ocurrido en Venezuela y en otros países), e igual que en casos precedentes, estamos ante una grave amenaza para nuestra democracia y nuestras libertades.

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Foto: @sanchezcastejon. Pedro Sánchez, presidente en funciones del gobierno de Españal, con el socialista António Guterres, secretario general de la ONU, este lunes 18 de septiembre en Nueva York.