El carrusel de los becarios: cuando la subvención sustituye al empleo

Por Álvaro J. Díaz-Mella

Hace unos días, un buen amigo me contaba la situación de su hijo, Carlos, con una tristeza que no lograba disimular. El joven cumplió 22 años el pasado 5 de julio, tras graduarse en Administración de Negocios Digitales por una universidad gallega.

La Administración también debería rendir cuentas
Conciertos hoy, deuda mañana: el futuro que le dejamos a Galicia

En enero se incorporó a una empresa para realizar las prácticas curriculares obligatorias: seis meses, cinco horas al día, sin percibir un solo euro. Tras graduarse, la misma empresa lo contrató durante otros seis meses, a cinco horas y media diarias, por 350 euros brutos al mes. Parte o todo de ese importe, según le explicaron, procede de una ayuda pública de la Xunta de Galicia destinada al empleo juvenil.

No se trata de una colaboración ocasional: son cinco horas y media diarias durante medio año por 350 euros. ¿Qué futuro ofrecemos a un graduado con un perfil que administraciones y empresas presentan como estratégico para la digitalización?

Cuando una empresa encadena prácticas y fórmulas subvencionadas sin convertir el puesto en empleo ordinario, la puerta de acceso se vuelve carrusel. La Administración no crea una carrera profesional: sostiene un puesto que desaparece cuando termina la ayuda y facilita que el joven pase de una fórmula temporal a otra sin llegar a entrar del todo en el mercado laboral.

En un artículo reciente sobre natalidad escribía que nuestra obligación no es decirles a los jóvenes cuántos hijos deben tener, sino procurar que quienes quieran formar una familia puedan hacerlo sin que una vivienda imposible, un sueldo insuficiente o el paso del tiempo decidan por ellos. El caso de Carlos es exactamente eso: alguien a quien el entorno empieza a marcarle el ritmo.

Pero no es un caso aislado.

Otra titulada, a la que llamaré María, terminó el Grado en Economía, presentó su Trabajo de Fin de Grado y cursó después un máster en internacionalización, con una estancia en una escuela de negocios de Londres. Su entrada en el mercado laboral duró cerca de dos años: seis meses de prácticas curriculares por 600 euros brutos al mes; ocho de beca de formación por 600 euros netos; y tres de prácticas en una firma de auditoría, cobrando entre 700 y 800 euros netos al mes.

Después firmó un contrato indefinido en el sector logístico por 20.000 euros brutos anuales distribuidos en 16 pagas: menos de 1.100 euros netos mensuales. Según su testimonio, las funciones asignadas no exigían titulación universitaria ni experiencia previa. El grado, el máster, los idiomas y la estancia internacional no se tradujeron en una categoría profesional ni en una remuneración acorde con la cualificación acumulada.

En ese trayecto observó que una beca de formación podía enlazar con otro periodo de becas vinculado a una universidad gallega, también con perfiles no matriculados o procedentes de ciclos formativos. No es la descripción exhaustiva de todos los programas, pero sí una señal de lo fácil que resulta convertir la transición laboral en un pasillo sin final.

Dos historias distintas conducen a la misma pregunta: ¿cuánto tiempo puede pedírsele a un joven que estudie, se especialice, acumule experiencia y acepte salarios de transición antes de ser tratado como un profesional?

No toda ayuda al empleo juvenil es inútil ni todo contrato formativo es abusivo. Hay programas gallegos de doce meses para titulados con cuantías muy superiores a esos 350 euros. Una beca no es un contrato laboral. El problema aparece cuando la subvención deja de ser puerta de entrada y se convierte en la condición de existencia del puesto. Las prácticas curriculares no remuneradas no están pensadas para cubrir un trabajo ordinario durante meses. Cotizar a la Seguridad Social tampoco convierte una beca en una carrera profesional.

La diferencia entre formación y empleo debería verse en la práctica: aprendizaje real, funciones acordes con el título, responsabilidades crecientes y una posibilidad razonable de continuidad laboral. El contrato para la obtención de práctica profesional es otra figura: una relación laboral para adquirir experiencia al nivel de estudios obtenido. No todo lo que se presenta como formación tiene la misma naturaleza ni ofrece los mismos derechos.

Tampoco basta con apretar solo a la empresa. El salario medio en Galicia queda por debajo del nacional. Un tejido mayoritario de microempresas no puede pagar como una gran compañía de alto valor añadido. Esa limitación explica parte del problema, pero no debería servir para perpetuar ocupaciones formativas mal pagadas. Galicia forma perfiles que después no siempre retiene. Aumentar las convocatorias públicas no cierra esa brecha: hace falta una economía capaz de competir por ese talento porque lo necesita, no porque una ayuda le permita reemplazarlo cada seis meses.

Las ayudas públicas deberían publicarse con resultados verificables: cuántos trabajadores continúan a los doce meses, con qué salario y si la empresa consolidó el puesto. Quien rote beneficiarios sin una salida laboral razonable debería afrontar un tiempo fuera de las convocatorias o la devolución parcial de la ayuda.

El futuro de Carlos, el de María y el de miles de jóvenes gallegos no puede depender de que una ayuda pública sostenga un puesto que se esfuma cuando termina la subvención. Hay que dejar de convertir la transición en destino y construir una economía capaz de pagar el valor que esos jóvenes ya pueden aportar.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, septiembre de 2026

Fuentes:

• Normativa sobre prácticas académicas externas: Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Contrato formativo para la obtención de práctica profesional: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
• Estadística Estructural de Empresas (Comercio e Industria, 2024): Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Encuesta Anual de Estructura Salarial (2024): INE.
• Estadística sobre Actividades de I+D (2024) y gasto por comunidades autónomas: INE / Eurostat.

---

Imagen: Meta.ai.