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Por Álvaro J. Díaz-Mella
Raquel, mi suegra, tiene 82 años. Cuando hablamos de listas de espera, pienso en ella. No en una media estadística, sino en lo que significa aguardar atención a esa edad. La espera puede comenzar en el centro de salud y continuar después en el hospital: una consulta, una prueba y, si hace falta, una intervención.
Detrás de cada cita pendiente hay una persona que necesita saber qué le ocurre y qué se puede hacer. La sanidad es el servicio público al que acudimos cuando el cuerpo deja de responder como esperamos. En ese momento, una explicación administrativa no sustituye una respuesta a tiempo. Quien está preocupado por su salud necesita información y una fecha, no un horizonte que se aleje cada vez que intenta alcanzarlo.
Los datos difundidos por Sanidade muestran que, al cierre del primer semestre de 2026, la demora media quirúrgica en la lista de espera estructural de Galicia se situó en 89,5 días, frente a los 69,3 de junio de 2025. Los pacientes registrados en esa lista pasaron de 49.223 a 57.680, un aumento del 17,2 por ciento. Es un empeoramiento que obliga a responder. La Xunta lo atribuye a las huelgas médicas contra la reforma del Estatuto Marco. Su impacto debe tenerse en cuenta. Pero la demora quirúrgica ya había aumentado al cierre de 2025 y seguía por encima de la registrada antes de la pandemia. También hubo huelgas aquel año. La cuestión es determinar qué parte del deterioro responde al conflicto y qué otros factores impiden recuperar mejores tiempos.
Gobernar consiste también en anticipar dificultades, limitar sus efectos y recuperar el terreno perdido. Sanidade ha anunciado reorganización de agendas, reprogramación de citas y refuerzos para atender la actividad aplazada. El plan de reforma de la Atención Primaria hasta 2030 debe someterse al mismo criterio: comprobar qué asistencia consigue prestar. Una plaza anunciada no equivale todavía a un profesional disponible en la consulta.
El Gobierno gallego podrá responder que, en la sanidad pública, en Galicia se espera menos que en otras regiones españolas. Aunque sea así en determinados indicadores, menos malo no es bueno. Compararse sirve para conocer la situación, pero no para convertir una demora en aceptable. La referencia debe ser la necesidad del enfermo y el tiempo clínicamente razonable para atenderla. Una media tampoco cuenta toda la historia. No dice cuánto lleva esperando cada paciente ni qué significa esa demora en su caso. Por eso debemos conocer las diferencias entre áreas y especialidades, el número de personas pendientes y cuántas carecen todavía de una fecha asignada. Publicar un dato general es un comienzo; mostrar lo que hay detrás permite juzgar si las medidas funcionan.
La sanidad pública es gratuita en el momento de usarla, pero la sostenemos entre todos con nuestros impuestos. Ese esfuerzo nos da derecho a reclamar que los recursos se administren bien. El acceso sin pago directo no rebaja la exigencia sobre los tiempos, la organización o la calidad del servicio. Defender lo público también significa cuestionar una gestión que no alcanza los resultados necesarios.
Y aquí importa recordar quién ha tenido tiempo para actuar. Desde que Gerardo Fernández Albor llegó a la presidencia de la Xunta en enero de 1982, AP y PP han ocupado esa presidencia durante aproximadamente el 86 por ciento del tiempo. Esa permanencia no explica por sí sola cada problema, pero impide presentarse como un recién llegado ante las carencias del sistema. El Ministerio tiene sus responsabilidades; las huelgas afectan a la actividad, y la demografía y la disponibilidad de profesionales condicionan la asistencia. Todo eso debe formar parte del análisis. Ninguna dificultad, sin embargo, puede convertirse en una excusa permanente. A cada administración le corresponde actuar desde sus competencias y dar cuenta de lo que consigue.
Por eso las preguntas al conselleiro de Sanidade son sencillas. ¿Qué reducción de las demoras se compromete a conseguir y en qué plazo? ¿Cómo sabremos si los refuerzos anunciados están realmente disponibles? ¿Cómo se informa a quienes siguen sin fecha? Las respuestas deben permitir comprobar los avances sin tener que descifrar un informe ni confiar únicamente en una declaración.
También hay que cuidar a quienes prestan la asistencia. Médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo necesitan una organización que les permita trabajar bien. La crítica al Sergas no debe confundirse con un reproche indiscriminado a sus profesionales: pedir que el sistema mejore es reclamar que su trabajo tenga respaldo y que los recursos lleguen donde hacen falta.
Raquel no pide pasar delante de nadie. Pide que la espera tenga un límite adecuado a su necesidad, que alguien responda y que la cita llegue antes de que su preocupación se convierta en un problema mayor. Es lo mínimo que cabe reclamar a una Administración que gestiona nuestra salud y nuestro dinero. El fracaso ajeno nunca debería ser la medida de nuestro éxito. Galicia merece una sanidad que reconozca sus dificultades sin resignarse a ellas y demuestre sus mejoras en la vida de los pacientes. La buena gestión no se proclama: se demuestra.
Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, octubre de 2026
Fuentes:
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Foto: Xunta de Galicia.
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