Los derechos lesionados por las leyes de género que Ayuso se niega a derogar

En las últimas elecciones madrileñas, Isabel Díaz Ayuso esgrimió el lema "Socialismo o Libertad", pero una vez más el PP dice una cosa y hace la opuesta.

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Vox pide derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid

Este lunes, Vox anunció la presentación de una iniciativa para derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid, es decir, la Ley 2/2016. Esta iniciativa surge después de las críticas de Ayuso a la Ley Trans nacional promovida por Podemos, pero cuyo contenido coincide en gran medida con la citada ley madrileña. El texto de esta ley incluye conceptos como la "autodeterminación de género", que desvincula el sexo de la biología y sustituye ésta por la mera autopercepción a efectos legales: un completo disparate que es una de las bases ideológicas de la Ley Trans de Podemos.

Ayuso se niega por quinta vez a derogar las leyes de género madrileñas

La presidenta madrileña ha sido muy rápida en responder a la iniciativa de Vox. Ayuso dijo ayer que no va a derogar las leyes de género de la Comunidad de Madrid, que incluyen la citada Ley Trans (la Ley 2/2016) y la Ley LGTBi (la Ley 3/2016). Ayuso ya se negó a derogar esas leyes en cuatro ocasiones. Esta negativa es la quinta. Llegados a este punto, es de Justicia que los madrileños conozcan los efectos de esas leyes sobre los derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales que esas leyes de género vulneran

En primer lugar, la Ley 2/2016 incluye la "inversión de la carga de prueba" en su Artículo 48, un concepto que viola el derecho a la presunción de inocencia (amparado por el Artículo 24 de la Constitución). Esto significa que alguien acusado de discriminación de una persona trans deberá probar su inocencia ante una acusación sin pruebas, algo propio de un régimen totalitario.

Así mismo, el Artículo 22 de esa ley impone las tesis de la ideología de género en todos los centros educativos, lo cual viola el derecho a la libertad de educación protegido por el Artículo 27 de la Constitución 22 y también la libertad ideológica y la libertad religiosa, amparadas por el Artículo 16 de nuestra Carta Magna. Los Artículos 40 y 41 de esa ley también imponen esa ideología en los medios de comunicación, algo que viola los derechos a la libertad de expresión y de información, amparados por el Artículo 20 de la Constitución.

En cuanto a la Ley 3/2016, coincide en gran medida con los abusos que comete la otra ley de género antes citada. Su Artículo 66 incluye la "inversión de la carga de prueba", que viola el derecho a la presunción de inocencia, obligando a los acusados de discriminación a probar que no son culpables ante una acusación sin pruebas. Además, el Capítulo XI de la ley impone las tesis de la ideología de género en todos los centros educativos, lo cual viola la libertad de educación, la libertad ideológica y la libertad religiosa (igual que ocurre con la Ley 2/2016). Finalmente, el Artículo 12 de esa ley impone las mismas tesis ideológicas en los medios de comunicación, algo que viola la libertades de información y de expresión.

Los tres varapalos judiciales que han recibido ya esas leyes de género de Madrid

Estas lesiones de derechos fundamentales justificaban por sí solas la derogación de esas leyes sin esperar a que se materialicen. Pero es que en el caso de las leyes de género madrileñas, esas violaciones ya se han producido y han dado lugar ya a tres varapalos judiciales contra esas leyes por lesionar derechos fundamentales. La primera violación de derechos llegó en septiembre de 2016, poco después de aprobarse esas leyes. El gobierno regional del PP, entonces encabezado por Cristina Cifuentes, impuso una sanción al director de un colegio privado por el mero hecho de criticar la Ley 3/2016, sometiéndole además a un linchamiento mediático por ello. Dos años después, la Justicia anuló la sanción señalando que vulneró hasta diez derechos constitucionales. Ni la Comunidad de Madrid ni el PP madrileño pidieron perdón por ello.

La segunda violación llegó en diciembre de 2016. El gobierno de Cifuentes impuso una multa de 1.500 euros a una asociación por publicar un libro que criticaba lo abusos de las leyes de adoctrinamiento sexual. Ni la Fiscalía ni la Justicia habían observado delito alguno en ese libro. Usurpando funciones de los jueces, el gobierno madrileño del PP impuso una sanción admiistrativa por motivos de opinión, algo propio de una dictadura. Como en el caso del director del colegio que acabamos de ver, el gobierno regional del PP acompañó esa sanción con la promoción de una campaña de linchamiento mediático contra la asociación censurada. En julio de 2019, la Justicia condenó a la Comunidad de Madrid por ese descarado acto de censura. Nuevamente, ni el gobierno regional ni el PP de Madrid pidieron perdón por ello.

La tercera violación de derechos que ha quedado constatada judicialmente se produjo en abril de 2019, cuando una "coach" que ayudaba a homosexuales que no se sentían satisfechos con su orientación fue multada por la Comunidad de Madrid. La sanción fue de 20.001 euros, y vino nuevamente acompañada de un linchamiento mediático de la persona sancionada, instigado por el propio gobierno madrileño en una auténtica persecución por motivos ideológicos. En julio de 2021, y como en los anteriores casos, la Justicia condenó a la Comunidad de Madrid y la acusó de cometer un "fraude de ley". Ayuso y su gobierno no hicieron ninguna declaración al respecto.

Ayuso engañó a los madrileños: ha elegido socialismo

En ningún país democrático debería haber leyes que lesionan derechos fundamentales y que son utilizadas por administraciones públicas para imponer la censura, castigar a la gente por sus opiniones y promover persecuciones por motivos ideológicos. Esto es lo que cabe esperar de un régimen totalitario, no de una democracia. Después de lo visto, si Ayuso se niega a derogar esas leyes es porque entre socialismo y Libertad, ella ha elegido socialismo. Un nuevo engaño a los votantes del PP, en línea con los que viene haciendo ese partido desde hace años. ¿Cuántos engaños más tendrán que sufrir algunos votantes para darse cuenta de que el PP les toma el pelo?

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Foto: Comunidad de Madrid.