El accidente de Angrois y los trucos judiciales para tapar la responsabilidad de PSOE y PP

El próximo 24 de julio se cumplirán diez años del grave accidente ferroviario de Angrois, que provocó 80 muertos y 144 heridos.

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El inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía en el juicio del accidente

El juicio por aquel accidente, que aún continúa, ha vivido un giro que ha indignado a las víctimas, cuando la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha exonerado al exdirector de seguridad de ADIF. En su informe provisional, la Fiscalía afirmaba que "el trágico accidente no habría sucedido" si "hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad" que existía en esa línea".

Ahora, sin embargo, la Fiscalía dice justo lo contrario: "En su condición de director de seguridad no infringió el deber que ostentaba" y actuó "de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión" de Adif. Según señala Europa Press, las nuevas conclusiones de la Fiscalía establecen que la línea Orense-Santiago de alta velocidad, en la que el tren Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad ERTMS por un cambio de proyecto, "fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas" y acorde a los "códigos prácticos" de Adif.

Las víctimas atribuyen el cambio a la afinidad del Fiscal General con el PSOE

En el programa "Quen anda aí?" de la Televisión de Galicia, un portavoz de las víctimas ha vinculado el cambio de criterio de la Fiscalía con una posible orden del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, un hombre vinculado con el PSOE de Galicia, organización regional a la que también pertenece José Blanco, que era ministro de Fomento en funciones cuando se inauguró esa línea sin el sistema ERTMS que habría evitado el accidente. Recordemos que en la inauguración de esta línea, Blanco destacó el "incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes".

Se da la circunstancia de que en este juicio, el exdirector de seguridad de ADIF está siendo defendido por la Abogacía del Estado, ya que ADIF es una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una posible condena del exdirectivo de ADIF dejaría en evidencia las responsabilidades políticas en este accidente y haría al Estado responsable civil subsidiario.

Las interferencias políticas que se han registrado en este juicio

No es la primera vez que este juicio sufre interferencias políticas. En 2016, la Agencia Ferroviaria Europea no quiso revelar su informe sobre el accidente por presiones del gobierno español. Recordemos que entonces gobernaba el PP, que también se ve salpicado por este accidente, ya que si Blanco pudo ser responsable político al inaugurar la línea sin las medidas de seguridad previamente anunciadas, fue Ana Pastor (PP), entonces ministra de Fomento, la que mantuvo esa línea en funcionamiento a pesar de carecer de ERTMS.

En enero de 2023, la plataforma de víctimas del accidente ya denunció las interferencias del gobierno gallego (PP) en el juicio, señalando: "El primer juez instructor del caso, Luis Aláez, nombró por sorteo a tres peritos profesionales, pero la Xunta desestimó dos de esos nombramientos al amparo de una normativa autonómica y designó a funcionarios sin experiencia ferroviaria. No pudo imponer al tercer perito al no encontrar un ingeniero de telecomunicaciones".

Las víctimas recuerdan que en enero de 2014, un auto emitido por el juez del caso señaló: "Es cierto que la apariencia de imparcialidad puede verse empañada por el hecho de que ha sido la Xunta la que ha designado a los técnicos que han de realizar la pericial". La plaraforma de víctimas añadía: "Las víctimas y familiares compartíamos esa reflexión y tratamos de impedirlo, ya que para saber la verdad y que se depuraran todas las responsabilidades era necesario objetividad, experiencia e independencia". Así mismo, las víctimas señalaban: "Nos parecía intolerable que el poder ejecutivo tratara de influir en la justicia de esta forma, saltándose los principios más básicos de la separación de poderes, pero finalmente la Xunta logró su objetivo".

La plataforma de víctimas señala al PSOE, al PP y a Podemos

El año pasado, con motivio del noveno aniversario del accidente, la plataforma de víctimas recordaba el triste papel de los políticos en este caso:

"En 2016, la UE concluyó en su informe que el gobierno no cumplió con la obligación de investigar por la falta de independencia y por no analizar las causas que afectan a Fomento, Renfe y Adif.

Dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha esa investigación. No lo han hecho ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de éste último en coalición con Podemos pese al apoyo inicial y el posterior silencio.

Decía uno de los primeros periodistas en narrar la tragedia que en "Angrois todo era público: el tren, la vía y hasta el conductor. Todo público, salvo las responsabilidades políticas."

El Sr. Blanco publicitó que la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia. Cambió el proyecto original por las prisas, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso. Y se jactaba de haber adelantado los plazos.

La Sra. Ana Pastor prometió en sede parlamentaria, una investigación independiente y colaboración con la justicia. Varios autos señalaron la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif. Presionó a la UE para ocultar el informe que desmontaba la verdad oficial: Que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad. Durante su mandato se desconectó el sistema de seguridad ERTMS porque generaba retrasos y se obvió un aviso por escrito de un jefe de maquinistas advirtiendo del peligro".

Rajoy y Sánchez se han negado a recibir a la plataforma de víctimas

La plataforma de víctimas también lamentaba "el trato recibido por los diferentes presidentes del Gobierno y la Xunta. Pese a pedir reiteradamente una reunión, el Sr. Rajoy y Sr. Sánchez ni siquiera se han dignado en contestarnos". Y a continuación añadían:

"El Sr. Feijóo sí nos recibió, pero con antidisturbios: En el primer aniversario se nos impidió la entrada al acto de entrega de “medallas a las víctimas” a un grupo formado por niños, personas con dificultades, ancianos, etc.. Una actitud lamentable, antidemocrática y contraria a los más mínimos sentimientos de humanidad.

Los mismos que venían a los hospitales a vernos o acudían a los funerales a mostrar su apoyo y decir que nunca nos iban a olvidar, hoy, una vez más, adelantan la entrega de las Medallas de Galicia haciéndola coincidir con el aniversario, para desviar la atención en su estrategia de ocultación.

Pero nosotros no nos vamos a callar y no dejaremos de luchar hasta el final, para que se haga Justicia, se conozca toda la verdad, se asuman responsabilidades y se nos pida perdón por el trato recibido".

Como sabéis los lectores más veteranos de esta web, yo estaba en Santiago de Compostela cuando se produjo el accidente y pude ver los cadáveres de las víctimas tendidos en aquel lugar y cubiertos con sábanas. Desde entonces he venido apoyando a las víctimas del accidente en su deseo de que se haga Justicia y seguiré haciéndolo, caiga quien caiga. Me parece escandaloso que en un país democrático el poder político (tanto el nacional como el autonómico) se dedique a interferir en una causa judicial para intentar tapar su responsabilidad en este accidente, y todo esto, casualmente, a un mes de las próximas elecciones generales.

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Foto: Elentir.