España es un país en el que los culpables de grandes desastres con muchos muertos siguen sin asumir ningún tipo de responsabilidad.
Este año hemos tenido el ejemplo del desastre ferroviario de Adamuz, con 46 muertos. Recordemos que hace dos semanas se confirmó la responsabilidad política sobre esa tragedia, causada por unas vías en mal estado en medio de un caos ferroviario generado por la pésima gestión del gobierno de Pedro Sánchez y, concretamente, del ministro de Transportes Óscar Puente. Ninguno de los dos ha dimitido todavía.
Ayer, el diario El Debate señaló que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del gobierno, reconoce ahora que las obras pendientes en el Poyo habrían evitado en parte la tragedia de las riadas de Valencia, un desastre que se saldó con 229 muertos en esa comunidad. En una reunión entre la Comunidad Valenciana y el gobierno central, con grandes ausencias de este último, un representante de la CHJ reconició que "efectivamente las obras pendientes podrían haber evitado" en parte la tragedia de la dana de Valencia.
Recordemos que un mes antes de la catástrofe, ocurrida a finales de octubre de 2024, la CHJ se negó a construir tanques de tormentas en la carretera Elche-Santa Pola, que habrían servido para mitigar en gran medida los efectos de las riadas.
Al cumplirse un año de la tragedia, el pasado mes de octubre, nos enteramos de que el gobierno no ha ejecutado ninguna obra de prevención de riadas, y no tiene previsto iniciar ninguna al menos hasta 2027, es decir, cuando ya hayan pasado tres años de la catástrofe de Valencia y cuando llegue el momento de convocar unas nuevas elecciones generales, que de momento Sánchez tiene unas grandes posibilidades de perder por segunda vez consecutiva.
Estos hechos son escandalosos, igual que la actitud de impunidad y propotencia de este gobierno, que no sólo evita asumir cualquier responsabilidad política por los muertos causados por su pésima gestión, sino que además pretende distraer la atención de sus escándalos internos provocando incendios en nuestras relaciones exteriores, especialmente con Estados Unidos e Israel, sin importar las consecuencias que eso tenga para nuestras relaciones comerciales.
Sánchez sabe que si es desalojado del poder tras las próximas elecciones tiene muchas posibilidades de acabar en prisión, ya que es el máximo dirigente de un partido político, el PSOE, cercado por graves escándalos de corrupción. Por eso fía su supervivencia personal a cortinas de humo que acaparen titulares y distraigan la atención de hechos tan graves como el publicado ayer por El Debate.
Lo peor es que esta tramposa estrategia de manipulación política está teniendo éxito, no sólo por unos medios que caen en la trampa de dejar que el gobierno dirija sus focos de atención, sino también por un electorado de izquierda dispuesto a olvidar cualquier escándalo de corrupción y a los muertos en esas tragedias con tal de que no gobierne la derecha, un electorado que se ha dejado embaucar por un gobierno que promueve una estrategia de polarización política cuyo fin es, a todas luces, evitar que Sánchez acabe perjudicado por sus escándalos y por sus graves negligencias.
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Foto: Una imagen de Carlet (Valencia) difundida por @pasalakua, en la que vemos vehículos que fueron arrastrados por una riada.
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Comentarios:
maytehuete
Gracias, Elentir 👏
11:37 | 31/03/26
isanchezgil
Lamentablemente, no es solo el electorado español embaucado, o consciente, da igual. También ahora se las da de adalid de la contestación a Trump, y, por tanto, a USA, muy aplaudido por todos los woke de Europa y de USA.
En cuanto a la/s catástrofe/s que venimos sufriendo desde 2018, ninguno de sus ministros, empezando por la pájara Teresa Ribera, a quien dieron la patada hacia arriba, ha reconocido su incompetencia, su inoperancia y, también, su mala fe.
Y hablo de mala fe porque es muy sospechoso que, cuando se ha producido una catástrofe como la de la DANA, en una Autonomía gobernada por un partido que no es el suyo, ni ayudaron cuando debían, ni, posteriormente, han hecho nada por poner en marcha las indemnizaciones acordadas por la UE, algo más de 900 millones de euros, para pagarles las indemnizaciones a que tienen derecho.
0:35 | 1/04/26
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