La UME no pertenece al PSOE: es de todos los españoles y está a su servicio

España tiene un gobierno cercado por los escándalos de corrupción y que parece empeñado en caer un poco más bajo cada día que pasa.

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Esta mañana, el socialista Óscar Puente, ministros de Transportes y responsable político del accidente de Adamuz (con 46 muertos y por el que todavía no ha dimitido seis meses después) se ha lanzado a utilizar políticamente a las Fuerzas Armadas en medio de la ola de incendios que afectan a varias regiones, incluyendo incendios de especial gravedad en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Puente ha escrito esta mañana este mensaje en su cuenta de Twitter:

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

Es intolerable que un ministro hable así de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una unidad que no pertenece al gobierno, sino a todos los españoles -es parte de las Fuerzas Armadas- y que está al servicio de todos los españoles, no sólo de las comunidades gobernadas por el PSOE. Se da la circunstancia, además, de que la Comunidad de Madrid es, con mucha diferencia, la región española que más dinero aporta al Estado, un dinero que permite a la UME no sólo atender emergencias en esa comunidad, sino también en otras regiones españolas (escribo esto desde Galicia, por cierto).

Por si no bastaba con los rastreros mensajes de Óscar Puente intentando sacar tajada política de medios públicos pagados por todos los españoles, como si sólo los hubiesen pagado él y los miembros de su partido, hoy a las 14:10 horas la presidencia del gobierno ha publicado este mensaje en su canal oficial de Twitter, @desdelamoncloa:

El mensaje afirma: "Estos son los medios del Gobierno de España desplegados hoy en los incendios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila". Curiosamente, el mensaje omite uno de los sitios en los que está desplegada la UME. Ayer mismo esta unidad militar señaló esos sitios, sin omisiones:

Como vemos, la UME cita en primer lugar el incendio forestal de La Mierla, en Gualajara, que está en Castilla-La Mancha, una región gobernada por el PSOE. ¿La Moncloa decidió omitir el despliegue de la UME en esa región para no echar por tierra el rastrero mensaje de Óscar Puente? Es indignante que la información institucional se haga con este sectarismo político, poniéndose al servicio del burdo intento del PSOE de utilizar políticamente incendios forestarles que también afectan a una región gobernada por los socialistas.

Por otra parte, hay que recordar que la UME y las demás unidades de las Fuerzas Armadas no son del gobierno, sino de España. Son parte de los recursos del Estado, pagados por todos los españoles. El Artículo 97 de la Constitución Española asigna al gobierno la dirección de esos recursos, pero no su propiedad. Los socialistas vienen colonizando todas las instituciones en España, colocando al frente de ellas a personas afines, en algunos casos con muy generosos sueldos públicos pagados por todos. Ahora, además, pretende patrimonializar a las Fuerzas Armadas como si fuesen propiedad del gobierno y, para más señas, del PSOE, un partido que trata al Estado como si fuese su finca particular.

Ya va siendo hora de terminar con esa visión sectaria de los recursos públicos, promovida, además, por un gobierno que está batiendo históricas marcas de recaudación (nunca antes el Estado había ingresado tanto dinero) al mismo tiempo que los españoles sufren un deterioro cada vez mayor de los medios administrados por el Estado, como podemos ver en el caos ferroviario, en el deficitario mantenimiento de las carreteras y en los problemas de suministro eléctrico, que ya han interrumpido tres veces la actividad de la gran industria en lo que llevamos de año. Tenemos aal gobierno que más dinero nos quita a los españoles y el más incompetente a la hora de gestionarlo. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero que debería servir para mantener nuestros servicios públicos en buenas condiciones? Ésa es la pregunta que el gobierno, incluido el ministro Óscar Puente, debe responder.