El documento que puede influir en cómo se gobernará España... y del que casi nadie ha oído hablar

Por Álvaro J. Díaz-Mella

La Declaración «Galicia» ha abierto un debate casi desconocido sobre quién debe gestionar una parte muy importante de los fondos europeos: la Unión Europea, el Estado o las comunidades autónomas. Detrás de esa discusión presupuestaria se esconde una cuestión mucho más profunda: el reparto efectivo de funciones entre los distintos niveles de gobierno y la forma en que se administrarán miles de millones de euros de dinero público.

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Hay documentos que ocupan titulares durante unos días y desaparecen sin dejar rastro. Otros apenas trascienden fuera de los círculos institucionales y, sin embargo, pueden terminar influyendo durante años en la forma en que se gobierna un país. La Declaración «Galicia» pertenece, probablemente, a esta segunda categoría.

Hasta hace poco yo mismo apenas había oído hablar de ella. Sin embargo, cuanto más profundizaba en su contenido y en la documentación que la acompaña, más evidente resultaba que detrás de aquellas pocas páginas se escondía uno de los debates institucionales más relevantes que afrontará España durante la próxima década.

Aprobada por unanimidad por la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones, la Declaración rechaza algunos de los cambios propuestos por la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El motivo principal es el temor a que una mayor concentración de la gestión en los Estados miembros reduzca el protagonismo de las comunidades autónomas en la administración de los fondos europeos.

Lo llamativo no es solo el contenido de la Declaración, sino el escaso eco que ha tenido fuera de los ámbitos institucionales. Y resulta sorprendente, porque no estamos únicamente ante una discusión sobre fondos europeos. Lo que realmente plantea este documento es una cuestión mucho más profunda: si una reforma presupuestaria impulsada desde la Unión Europea puede alterar el reparto efectivo de funciones entre el Estado y las comunidades autónomas sin necesidad de modificar la Constitución.

Pero hay una pregunta que, a mi juicio, debería preceder a todas las demás. Antes de discutir quién debe gestionar más fondos europeos, ¿no deberíamos preguntarnos quién ha demostrado administrarlos mejor? Esa es la cuestión que realmente plantea la Declaración «Galicia», aunque apenas aparezca formulada en esos términos.

Puede parecer un asunto reservado a especialistas. No lo es.

Lo que realmente está en juego no es solo la distribución de unos fondos europeos, sino quién ejercerá una parte importante del poder administrativo durante los próximos siete años. En otras palabras, quién decidirá cómo se invierten miles de millones de euros de dinero público.

Existe, además, una pregunta que apenas aparece en este debate: ¿quién paga todo esto?

Con frecuencia hablamos del «dinero de Bruselas» como si procediera de una fuente ajena a los ciudadanos. Pero el presupuesto de la Unión Europea se financia con recursos aportados por los Estados miembros y, en último término, por millones de contribuyentes europeos. Cuando discutimos quién debe gestionar esos fondos, también estamos decidiendo cómo debe administrarse el dinero que pagan los ciudadanos.

La Comisión Europea sostiene que el sistema actual resulta excesivamente complejo y propone simplificar programas, reducir estructuras administrativas y articular un marco nacional para cada Estado miembro. Las comunidades autónomas responden que esa simplificación puede alejar las decisiones del territorio y dificultar que las inversiones se adapten a las necesidades específicas de cada región.

Ambas posiciones contienen argumentos que merecen ser analizados. Pero la Declaración deja sin responder una pregunta esencial.

España lleva más de cuatro décadas desarrollando uno de los Estados más descentralizados de Europa. Ese modelo ha permitido adaptar muchas políticas a la realidad de cada territorio, pero también ha ido consolidando diferencias entre españoles según la comunidad autónoma en la que residen. La sanidad, la educación, la fiscalidad, la vivienda, las ayudas públicas o los procedimientos administrativos ya no ofrecen las mismas condiciones en todo el país. Algunas de esas diferencias responden al propio ejercicio del autogobierno; otras alimentan un debate cada vez más intenso sobre la igualdad entre los ciudadanos y la cohesión territorial.

Precisamente por eso sorprende que la Declaración «Galicia» centre casi todo su esfuerzo en preservar el actual reparto de competencias sin plantearse una cuestión previa. Si el propio modelo autonómico sigue siendo objeto de debate por las diferencias que genera y por las dudas que suscita sobre su eficacia, ¿no debería acompañar esa reivindicación de una demostración objetiva de que esas competencias se ejercen mejor?

Y aquí aparece la gran paradoja de la Declaración.

Sus firmantes defienden con razón el principio de subsidiariedad y la proximidad al territorio. Sin embargo, apenas dedican espacio a responder una cuestión previa: ¿qué balance ofrece la gestión autonómica de los fondos europeos durante las últimas décadas? Antes de reclamar más capacidad de decisión, sería razonable conocer si los fondos se han ejecutado con la rapidez prevista, si las cargas administrativas se han reducido, si los objetivos comprometidos se han alcanzado y qué revelan los informes de los órganos de control sobre la eficacia de esa gestión.

Reclamar competencias es perfectamente legítimo. Presuponer que se ejercen mejor sin demostrarlo ya resulta más discutible.

Disponer de competencias no garantiza, por sí solo, una buena administración. La experiencia demuestra que no es lo mismo comprometer fondos que ejecutarlos, pagarlos o certificarlos. Cada una de esas fases responde a una realidad distinta y confundirlas puede ofrecer una imagen equivocada de la eficacia de una administración.

Aquí conviene distinguir las responsabilidades. La Comisión Europea debe justificar que su reforma simplificará el sistema sin perjudicar la adaptación territorial. El Estado debe demostrar que una mayor concentración de la gestión ofrecerá mejores resultados. Pero las comunidades autónomas parten de una situación diferente: llevan décadas administrando una parte sustancial de estos recursos y, por tanto, disponen ya de una trayectoria de gestión que puede y debe ser evaluada. Precisamente por eso su carga de la prueba es mayor.

Por eso, el debate no debería reducirse a decidir si los fondos los gestiona Bruselas, Madrid o las comunidades autónomas.

Sin embargo, la cuestión decisiva es otra.

¿Quién ha demostrado administrar mejor el dinero de los contribuyentes?

Si Bruselas quiere simplificar, debe acreditar que esa simplificación producirá mejores resultados.

Si el Estado pretende concentrar más capacidad de decisión, debe demostrar que gestionará los recursos con mayor eficacia.

Y si las comunidades autónomas desean conservar o reforzar sus competencias, también deben probar que administran mejor los fondos que reciben.

Porque los ciudadanos no financian administraciones para que acumulen competencias.

Las financian para que resuelvan problemas.

La Declaración «Galicia» ha abierto un debate que trasciende con mucho a Galicia. No trata únicamente de fondos europeos. Trata de quién debe ejercer el poder, con qué controles y con qué resultados.

Europa quiere simplificar. El Estado quiere concentrar capacidad de decisión. Las comunidades autónomas quieren conservarla.

Todos pueden tener razones para defender su posición.

Lo que ninguno debería dar por supuesto es que la cercanía al poder equivale automáticamente a una mejor gestión.

Quién decide.

Quién gestiona.

Quién responde.

Y quién lo paga.

Esa debería ser la verdadera discusión.

Las competencias pueden reclamarse. La buena gestión debe demostrarse. Porque el poder no se justifica por quién lo ejerce, sino por cómo lo ejerce.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, 2026

Documento relacionado:

Declaración 'Galicia' de la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones

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Álvaro J. Díaz-Mella es un vigués felizmente prejubilado que ya peina canas y tiene demasiadas opiniones sobre lo que ve de nuestra sociedad imperfecta.