Ni borregos, ni alimañas

Millones de españoles nos vamos a ver perjudicados por la subida de impuestos aprobada por el gobierno ayer, un nuevo incumplimiento de su programa electoral que, además, sólo servirá para prolongar la recesión en España.

Mariano Rajoy ha tenido la oportunidad de emprender acciones sensatas para la recuperación de nuestra economía: bajar impuestos, poner en cintura a las comunidades autónomas, reducir drásticamente la estructura del Estado y el gasto público... En una situación como ésta de nada sirve incrementar la presión fiscal sobre el ya agobiado contribuyente si el Estado no reduce su tendencia al despilfarro. En esto, por desgracia, Rajoy ha adoptado una receta puramente socialista: su prioridad desde que empezó esta legislatura ha sido subir los impuestos en vez de contener el gasto e imponer orden y racionalidad en las administraciones. Para esta torpe e injusta política económica no nos hacía falta un gobierno del PP: el PSOE ya hizo lo mismo. En su caso teníamos al incendiario metido a bombero que disparaba gasolina en vez de fuego contra las llamas. El cambio del PP se ha notado tan poco que ni siquiera se ha molestado en promover acciones legales contra los que han llevado España a la ruina. Zapatero y sus ministros -entre ellos Rubalcaba- se han ido de rositas e incluso se permiten dar lecciones de cómo debería gestionarse el desastre que ellos mismos nos dejaron.

Esta situación es indignante. Lo que está ocurriendo cabrea a cualquiera, y es lógico que muchos españoles, hartos de tanto mangoneo, pierdan los nervios ante esta nueva infamia perpetrada por la casta política. Precisamente digo "nueva infamia" porque no es la primera vez que tenemos motivos para sentirnos muy enfadados ante la conducta y las decisiones de un gobierno. En esta última década los derechos más elementales han sufrido graves agresiones a manos del poder político, agresiones tanto o más graves que las que padecemos ahora. A modo de ejemplo empezaré por el peor de todos: hace dos años entró en vigor una ley que negaba el derecho a la vida a todo ser humano en sus primeros meses de existencia, dando barra libre para matar a los miembros más indefensos de nuestra sociedad y concediendo facilidades adicionales para liquidar a los que, por ejemplo, tuviesen el síndrome de Down. Para defender esta ley el gobierno de Zapatero no tuvo reparos en soltar una colosal mentira en sede parlamentaria, afirmando que abortar no es acabar con una vida humano. Añadamos a esto que durante el mandato del PSOE se impuso también hace seis años una asignatura de adoctrinamiento ideológico obligatorio en los colegios; uno de sus promotores la defendió alegando que tenía como fin "contrarrestar los valores del neoliberalismo conservador", es decir, erradicar aquellas opiniones que no son del agrado del PSOE. Pero las imposiciones antidemocráticas en las escuelas no se acaban ahí. En regiones como Cataluña se somete a los alumnos a una imposición lingüística declarada ilegal por el Tribunal Supremo en una sentencia que el gobierno catalán se niega a obedecer, una insumisión que tiene como fin seguir pisoteando impunemente los derechos de los ciudadanos. No quiero cerrar esta lista de ejemplos sin recordar la negociación entre ETA y el PSOE, iniciada en secreto antes de la llegada de Zapatero al poder y cuyos resultados sufrimos en la actualidad, con los etarras metidos en las instituciones, cobrando de nuestros impuestos y paseando en coche oficial a costa de todos los contribuyentes, incluidas las víctimas de esa banda terrorista.

Muchos españoles hemos tenido, en fin, motivos de sobra para sentirnos cabreados durante los últimos años. De hecho, millones de españoles salimos a la calle a manifestarnos contra esas infamias y lo hicimos siempre de forma pacífica, sin incendiar las calles ni romper siquiera una sola papelera. Durante la llamada "rebelión cívica" no hubo enfrentamientos con la Policía, no se escupió ni se agredió a ningún político, tampoco sufrió agresiones ningún medio de comunicación, no se cortaron calles mediante concentraciones ilegales, y no se buscó perjudicar al resto de los ciudadanos ni dañar propiedades públicas porque los convocantes de aquellas movilizaciones querían movilizar y convencer, no coaccionar. Lo fácil habría sido dejarse llevar por los más bajos instintos, buscar el simple desahogo o perseguir la venganza en un vano intento de compensar el daño que se nos hacía desde el poder. Sin embargo, no hicimos lo fácil, sino lo correcto; no optamos por la violencia, sino por la palabra.

Cierta parte del escenario político e ideológico no asume esa misma actitud cuando decide sumarse a una protesta. Los ejemplos son tan numerosos, conocidos y cercanos en el tiempo que no veo necesario tener que recordarlos. Curiosamente, muchos de ellos despreciaban e insultaban a quienes nos movilizábamos de forma pacífica estos últimos años. Para ellos era cosa de "ultras" defender la libertad lingüística, el derecho a vivir, la libertad de enseñanza o la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. No tenían reparos en descalificar de cualquier modo esa rebelión cívica, incluso presentándola como una protesta contra el "gobierno de España", como si protestando pacíficamente contra el mal gobierno del PSOE estuviésemos cometiendo un delito de sedición. Desde el PSOE y sus medios afines incluso se lanzó una consigna simplona para descalificar a todo el que protestase contra las medidas de aquel gobierno: la "crispación", un mantra que repetían como loros muchos que ya no ven reparos ahora en hacer cosas peores que crispar. Ahora son ellos los que protestan y lo hacen, en muchos casos, mediante la violencia y la coacción. Veo difícil intentar convencer de nada a energúmenos cuya forma de protestar es cortar calles sin previo aviso, impidiendo a miles de ciudadanos llegar a sus puestos de trabajo, o escupir y agredir a un político como hicieron algunos ayer con Cristina Cifuentes. Quien emplea como argumentos la coacción y la violencia ya ha renunciado, de facto, a emplear la razón y la palabra.

Eso sí, cabe preguntarse qué esperan conseguir algunos mediante la coacción y la violencia. Convencer a las víctimas de sus ataques de ira, me temo que no; antes bien, éstos acabarán aborreciendo a quienes -so pretexto de que les ha perjudicado el gobierno- buscan trasladar el daño a los que acuden a trabajar o a todos los contribuyentes, que somos los que pagamos el mobiliario urbano. En el fondo le hacen un favor a aquellos contra los que protestan: para cualquier gobierno es un regalo que los discrepantes actúen como salvajes, porque eso sirve para desacreditarles a ellos y a quienes coinciden con ellos en la protesta aunque no lo hagan con métodos violentos. Algunos, por desgracia, piensan que entre portarse como un borrego y actuar como una alimaña no hay término medio, pero sí que lo hay, como hemos demostrado millones españoles durante años. Ahora bien, si algunos-entre ellos muchos que defienden recetas mucho peores que las de Rajoy- quieren darle un formidable balón de oxígeno a este gobierno, sólo tienen que seguir justificando y empleando la violencia con cualquier pretexto. Así, además de no conseguir nada, sólo conseguirán fastidiarnos a todos aún más de lo que ya lo estamos... y no esperen que por ello les dé las gracias.

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