Puigdemont añade en Twitter un nuevo delito a las causas que ya hay contra él

El expresidente de la Generalidad parece empeñado en dar argumentos a la Justicia para condenarle a pasar una buena temporada en prisión. Ayer añadió un delito más a las causas abiertas contra él.

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Crean una cuenta falsa del 'Gobierno legítimo de Cataluña'

En un mensaje de Twitter, Puigdemont animó a seguir una cuenta, @catalan_gov, cuyo perfil se atribuye la condición de "Cuenta oficial de la Oficina del Gobierno legítimo de Cataluña".

La cuenta fue creada este mismo mes y publicó su primer mensaje el 7 de noviembre, atribuyéndose ilegalmente la condición de cuenta oficial del Gobierno de Cataluña:

Además, la cuenta usa el escudo de la Generalidad catalana, con el mismo estilo gráfico que las cuentas oficiales:

La auténtica cuenta del Gobierno catalán es @govern y está autentificada por Twitter. Desde la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, que depuso a Puigdemont y a sus consejeros después del golpe separatista que encabezaron, la Generalidad está ahora gestionada desde el Gobierno de España, concretamente desde el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría.

Puigdemont ha confirmado hoy su usurpación de funciones

En una confirmación de que son él y sus exconsejeros fugados quienes están detrás de esa falsa cuenta del gobierno catalán, hoy Puigdemont ha anunciado la puesta en marcha de una "estructura estable" para su falso ejecutivo. Se da la circunstancia de que cuando decidió aplicar el Artículo 155, el Gobierno de España anunció el cierre de todas las embajadas catalanas, a excepción precisamente de la de Bruselas, aunque su delegado, Amadeu Altafaj, fue cesado. La cuenta de Twitter de esta delegación no se actualiza desde el 31 de octubre.

Un delito tipificado en el Código Penal y castigado con penas de prisión

La creación de esa cuenta impostora de Twitter y su anuncio de crear un falso gobierno catalán en Bélgica son un claro delito de usurpación de funciones públicas, tipificado en el Artículo 402 del Código Penal: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años." Hay que recordar que el pasado viernes, Carmen Lamela, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, emitió una orden europea de detención contra Puigdemont y contra cuatro de sus exconsejeros, huidos como él en Bélgica, al no haber comparecido ante dicha Audiencia cuanto se les citó. En la orden se les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. A partir de ahora la Justicia podrá añadir uno más: usurpación de funciones.