Así perciben los españoles la supuesta igualdad de la que se jacta el gobierno

Ayer se publicó el barómetro de febrero del CIS. Contiene algunos datos que me parecen muy significativos, por ejemplo, que un 82,6% considera que las leyes favorecen a unos más que a otros. De éstos, un 48,6% considera que favorecen más a los ricos, un 26% a los políticos y un 13,3% a los poderosos. Además, una abrumadora mayoría de ciudadanos confían poco o nada en que las leyes protegerán sus derechos en caso de conflicto con una administración pública, una gran empresa o un banco, Hacienda o ante un ciudadano rico e influyente. Los españoles tienen tan asumida esta situación de injusticia y de despotismo que un 57,1% dice estar dispuesto a perder algo antes que acudir a los tribunales en caso de verse envuelto en un conflicto por sus derechos o intereses con otra persona, una resignación que es patética en un país que se dice democrático.

Significativamente, la institución pública mejor valorada es la Guardia Civil, y la peor calificada es el gobierno, seguido del parlamento. Los encuestados han dado un suspenso, aunque más generosos, a todas las instancias judiciales que figuran en la lista, desde los tribunales de justicia al Consejo General del Poder Judicial, pasando por el Tribunal Constitucional. El suspenso más indulgente se lo lleva el Defensor del Pueblo.

Estos datos revelan la penosa situación de nuestra democracia, con unos ciudadanos que muestran una escasa o nula confianza en las instituciones encargadas de velar por sus derechos e incluso en aquellas cuya función es representarles en el ejercicio de la soberanía nacional. A pesar de ello, un día sí y otro también nuestra clase política ignora esta realidad, como si el descontento de los ciudadanos le resbalase como un jabón a una casta política que nada en los privilegios en medio de una España con casi cinco millones de parados (las mayores cifras de desempleo de toda la historia de España) y con los comedores y centros de Cáritas desbordados por la cantidad de personas necesitadas que acuden a ellos.

Una vez más hay que insistir en que no sólo atravesamos una crisis económica, sino también política, democrática y de valores. Si ante la desastrosa situación económica ya se ha visto que el gobierno es del todo inoperante, por mucho que intente ahora aplicar unas reformas de las que abominó durante años, la gravedad de la situación política y el deterioro de las instituciones se topa con una clase política incapaz de devolver a los ciudadanos la confianza en la democracia. Incapaz porque para ello nuestros políticos tendrían que dar ejemplo, y no parapetarse tras sus privilegio mientras tantos españoles sufren todo tipo de carencias. Incapaz porque no se puede regenerar la democracia con las mentiras y las cacicadas en las que abunda el gobierno, ni con la tibieza y la ambigüedad en la que se ha instalado la oposición. Me temo, en fin, que los ciudadanos iniciamos un fuerte movimiento social que arrastre a la clase política en la dirección adecuada para esa regeneración, o cundirá cada vez más la resignación y nos convertiremos en un país deprimido y sin futuro. A todos nosotros nos corresponde decidir entre lo uno y lo otro.