PSOE, Podemos y ERC aprovechan el estado de alarma para atacar derechos constitucionales

El empeño de Sánchez en declarar seis meses de estado de alarma, saltándose los plazos marcados por la Constitución, se explica en los hechos de las últimas horas.

PSOE y Podemos llevan su ofensiva contra la democracia también a los centros educativos
El PSOE, Podemos y ERC negocian un modelo lingüístico como el del Apartheid sudafricano

Pactan desterrar la lengua española de los colegios catalanes

La agenda ideológica extremista del propio ejecutivo socialista-comunista se ha juntado esta semana con la tramitación de la nueva ley educativa socialista, la LOMLOE (también conocida como Ley Celaá), en la que el PSOE y Podemos están aliándose con los separatistas de ERC para atacar derechos constitucionales. Anteayer ya vimos el acuerdo alcanzado por esos partidos para desterrar definitivamente la lengua española de los colegios catalanes.

Se trata de un atentado contra los derechos lingüísticos de los españoles de Cataluña, pues la mayoría de ellos tienen el español como lengua materna, equiparable a lo ocurrido en la Sudáfrica del régimen racista del Apartheid, que impuso el idioma afrikaans en los colegios de la mayoría negra que no hablaba esa lengua. Hoy se ha confirmado ese pacto contra los derechos de los hispanohablantes, que elimina de la ley la mención al español como "lengua oficial del Estado", condición que le otorga el Artículo 3 de la Constitución.

Atacan a la educación diferenciada violando una sentencia del TC

Hoy también se ha conocido otro pacto suscrito por el PSOE, Podemos y ERC para recortar derechos constitucionales. Lo ha anunciado el diputado de Podemos Pablo Echenique con estas palabras: "Hoy hemos acordado prohibir los conciertos con colegios que segreguen por sexo". El dirigente de extrema izquierda ha añadido: "Quien, en pleno Siglo XXI, quiera separar a niños y niñas, que se lo pague de su bolsillo". Lo que no dice Echenique es que todas las familias ya pagan la educación de sus hijos vía impuestos, y tienen un derecho constitucional a la libertad de enseñanza amparado por el Artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Como ya advertí en septiembre, este pacto de la extrema izquierda viola una sentencia del Tribunal Constitucional, la 31/2018, en la que se indica claramente que "la educación diferenciada por sexos no es discriminatoria", que "a opción por un determinado modelo pedagógico forma parte del derecho al ideario o carácter propio del centro" y, como tal, forma parte del "ejercicio del derecho de creación de centros y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos", derechos amparados por el citado Artículo 27 de la Constitución.

Quieren liquidar la educación especial que presta atención a discapacitados

Por si no bastaba con los ataques a los hispanohablantes de Cataluña y a los colegios concertados, se ha confirmado también que el Gobierno sigue adelante en su propósito de liquidar la educación especial, es decir, los colegios que ofrecen una enseñanza específica adaptada a las necesidades de alumnos con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual. El Gobierno quiere que estos alumnos pasen a centros educativos ordinarios, un completo disparate, y para lograrlo pretende vaciar de contenido los colegios de educación especial en un plazo de diez años.

La Plataforma Educación Inclusiva Sí Especial También, en defensa de los centros de educación especial, denunció ayer en un comunicado lo que considera que es una "sentencia de muerte" para dichos centros: "De nada ha servido el esfuerzo de los alumnos y alumnas, familias y profesionales de la educación especial, la manifestación de Valladolid, las distintas concentraciones por todo el territorio español, las peticiones oficiales al PSOE, las reuniones mantenidas directamente con la Ministra de Educación", se lamentan desde esa plataforma, y añaden: "Desde nuestras casas vemos como se está aprovechando la situación actual para callar a las familias: en la situación de Estado de Alarma se nos priva de poder salir a las calles a manifestarnos y poder ser escuchados".

El Gobierno se otorgó el poder de prohibir manifestaciones en el estado de alarma

Precisamente, en el decreto del estado de alarma publicado el 25 de octubre, el Gobierno introdujo en el Artículo 7 el siguiente punto: "las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios". Una limitación que permite al Gobierno prohibir a su capricho cualquier manifestación en su contra.

Nuevo ataque a la libertad de información con la excusa de la 'desinformación'

Por si no bastaba con todo lo anterior, hoy el BOE publica una orden del Ministerio de Carmen Calvo para establecer un "Procedimiento de actuación contra la desinformación", en la que se esgrime la "seguridad nacional" como excusa para la "detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional". Desde la oposición política, Santiago Abascal ha reaccionado a esta iniciativa acusando a Sánchez de instaurar "la censura": "El mentiroso compulsivo pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira", ha denunciado el líder de Vox.

No es la primera vez que el Gobierno esgrime conceptos como la "desinformación" o los "bulos" para vigilar a los medios y amedrentar a las voces críticas. Recordemos que ya en abril la Guardia Civil reconoció que había recibido órdenes de vigilar informaciones que generen "desafección" al Gobierno, lo cual generó una gran polémica, ya que en ese momento el Gobierno estaba siendo objeto de multitud de críticas por su respuesta tardía y negligente a la primera ola de la pandemia de coronavirus. Casualmente, esta nueva iniciativa para vigilar a los medios y a las redes sociales llega en plena segunda ola de la pandemia, cuando nuevamente se incrementan las críticas al Gobierno por su mala gestión de la crisis sanitaria y por los perjuicios que sus decisiones están provocando en el ámbito económico. Tengamos presente que la libertad de información es un derecho amparado por el Artículo 20 de la Constitución.

Unos ataques a nuestras libertades que deberían pagarse con la cárcel

Es especialmente grave que el PSOE haya decidido juntarse con los fans del chavismo venezolano y con los promotores del golpe separatista de octubre de 2017 para desarrollar una ofensiva contra derechos constitucionales en varios frentes, aprovechando que los españoles nos vemos limitados por el propio Gobierno en el ejercicio de nuestro derecho de manifestación con la excusa del estado de alarma. Nuestra legislación establece figuras penales como el delito de prevaricación y los delitos contra derechos fundamentales. Los dirigentes del PSOE, de Podemos y de ERC que están promoviendo este ataque a nuestras libertades deberían acabar inhabilitados y en prisión. Atacar nuestras libertades no puede salir gratis, y menos si se aprovecha para hacerlo un momento tan delicado como el actual y la indefensión de los españoles en esta situación.