Yolanda Díaz usó una cuenta institucional para difundir una entrevista con fines partidistas

El uso de recursos públicos para fines personales o partidistas es una de las más feas costumbres que se dan entre la clase política española.

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El gobierno de Pedro Sánchez ha incurrido repetidas veces en esa práctica que choca con la obligada neutralidad política de las administraciones públicas. La Junta Electoral ha venido abriendo expedientes a Sánchez, a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y a la exministra de Educación Isabel Celaá por utilizar el Palacio de La Moncloa y cuentas institucionales de Twitter con fines partidistas. Pero la historia se repite.

Anoche, el canal izquierdista La Sexta publicó una entrevista con la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista de España (PCE) y que está en plena promoción de su nueva marca electoral, llamada "Sumar". Díaz aprovechó ese espacio con fines partidistas, para continuar su pugna con la otra facción ultraizquierdista del gobierno, que es Podemos, y lanzando duros reproches al fundador de ese partido, Pablo Iglesias. Como ya hicieron antes otros miembros del gobierno, Díaz utilizó la cuenta institucional de Twitter del Ministerio de Trabajo para difundir esa entrevista. Fue la única publicación hecha por ese ministerio este fin de semana.

Recordemos que estas cuentas institucionales son propiedad del Estado y gestionadas por empleados públicos cuyo sueldo pagamos todos los contribuyentes. Díaz ha aprovechado una cuenta sostenida con fondos públicos y que tiene más de 231.000 seguidores para hacer campaña y promocionar su nueva marca electoral. Este uso partidista de recursos públicos choca con el Artículo 433 del Código Penal, recién reformado por el propio gobierno hace unos meses para beneficiar a sus socios separatistas:

"La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare".

El Artículo 433 ter, introducido por el propio gobierno al que pertenece Díaz con la citada reforma, explicó qué se entiende por "patrimonio público" a efectos penales:

"A los efectos del presente Código, se entenderá por patrimonio público todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas".

Entre esos bienes se incluyen los canales de comunicación de las administraciones, entre los cuales figuran las cuentas institucionales de Twitter de los ministerios. Ojalá alguien lleve este asunto a los tribunales, en vista de que este gobierno se salta la ley como le da la gana.

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Foto: La Moncloa.