España: políticos que te multan porque no opinas como ellos y sin pasar por un juzgado

Elentir EN Mié 26·4·2023 · 17:14 3

En los países democráticos, la palabra "censura" suena muy mal porque representa un concepto incompatible con la libertad de expresión.

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Multas por motivos de opinión y sin pasar por un juzgado

Sin embargo, en algunos países democráticos la censura se está implantando con el apoyo de muchos que se consideran demócratas e incluso de la mayoría de los medios de comunicación, que deberían ser los más interesados en oponerse a que los políticos puedan dictar lo que se puede opinar y lo que no. Es asombroso comprobar la naturalidad con la que algunos no sólo justifican, sino que incluso aplauden que se impongan multas por motivos de opinión sin pasar por un juzgado, que debería ser el procedimiento normal en una democracia para sancionar cualquier abuso del derecho a la libertad de expresión.

El caso de España: multas para imponer la ideología de género

En España ya hemos tenido unos cuantos ejemplos de esa censura gubernativa impuesta en aras de la anticientífica ideología de género. Uno de los primeros llegó en julio de 2011: el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impuso una multa de 100.000 euros al canal Intereconomía por criticar el día del orgullo gay. Un año después, la Justicia anuló la multa, señalando que el gobierno vulneró la libertad de expresión y el derecho de crítica.

Los socialistas no son los únicos que han recurrido a ese mecanismo antidemocrático para perseguir opiniones. En la Comunidad de Madrid, el gobierno regional del Partido Popular (PP) impuso tres multas en aras de las leyes que imponen la ideología de género: una de ellas contra un director de colegio que criticó esa ley, otra contra una asociación que editó un libro que criticaba los abusos de esas leyes y una tercera a una profesional que ayudaba a homosexuales descontentos con su condición.

En los tres casos, la Justicia anuló las multas constatando que vulneraron derechos fundamentales, pero las leyes que permitireron poner esas multas siguen en vigor porque el PP se ha negado a derogarlas, como le ha pedido Vox en cuatro ocasiones.

Los partidos separatistas también vienen aplicando esa censura en Cataluña. En 2017, la asociación HazteOir.org fue multada por el gobierno catalán, con un importe de 1.707 euros, por un autobús en el que mostraba su desacuerdo con las tesis de la ideología de género. En 2019, la Justicia anuló la multa. Ayer, el gobierno catalán volvió a multar a HazteOir.org por otro autobús, esta vez por criticar la Ley Trans. Ahora la multa es de 20.000 euros. La asociación ya ha anunciado un recurso judicial. Todos los precedentes apuntan a que la Justicia anulará también esta sanción.

La complicidad de casi todos los partidos y de muchos medios

Lo más pasmoso es que casi todos los medios anuncian este tipo de multas presentando a los multados como culpables de delitos de opinión por el mero hecho de criticar una ley o discrepar de la ideología de género. Muchos que criticaban la censura durante régimen de Franco, ahora la apoyan porque son ellos quienes la imponen. Pero la censura gubernativa era inaceptable entonces y lo sigue siendo ahora, por mucho que criminalicen a los censurados para así justificarla.

La gran diferencia es que antes España vivía bajo una dictadura, y ahora nos están imponiendo la censura en un régimen democrático: es algo que parecía impensable pero ya está ocurriendo, y lo que es peor, con el apoyo de todos los partidos políticos menos uno (Vox, que es el único que se opone a las leyes antidemocráticas que contemplan esas sanciones por motivos de opinión) y con la aprobación de muchos medios de comunicación. Los que apoyan esa censura gubernativa se dicen demócratas pero son unos aprendices de dictadores. Un demócrata no admite que los políticos puedan multar a alguien porque no opina como ellos. Eso es algo propio de una dictadura, no de una democracia.