Siete razones legales, políticas y morales para plantar cara al golpismo separatista

El gobierno autonómico catalán está intentando justificar su actual golpe separatista recurriendo a una serie de falacias, a fin de rodearlo de un falso carácter democrático que lo haga más respetable.

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Por supuesto, no hay nada de respetable en intentar romper una Nación con siglos de historia, y menos aún cuando quienes emprenden ese camino son una casta de políticos corruptos cuyo fin principal -que nadie lo dude- es eludir la acción de la Justicia y evitar ser condenados por graves escándalos que afectan de lleno a los partidos nacionalistas, con Jordi Pujol como figura principal. Esta fuga de la Justicia que disfrazan de independencia amenaza con romper la convivencia pacífica entre los propios catalanes, con un resultado que podemos imaginar recordando que el último golpe de Estado separatista contra la Segunda República, el 6 octubre 1934, se saldó con 107 muertos, pues acabó convertido en una sangrienta rebelión armada.

Se me ocurren muchas razones para oponerse a ese desafío rupturista, pero a continuación me limitaré a enumerar siete de carácter legal, político y moral, que me parecen más que suficientes:

1ª. Cataluña es y siempre ha sido España. La primera aparición en el mapa político de algo parecido a Cataluña fue con el significativo nombre de "Marca Hispánica". La unidad de los reinos cristianos de la Reconquista, alcanzada durante el reinado de los Reyes Católicos, ya incluía a la actual Cataluña como parte de la Corona de Aragón. Cataluña está estrechamente ligada a la historia de España como Nación, en la que ocuparon lugares destacados numerosos catalanes. Incluso el considerado como "príncipe de los poetas catalanes", Jacinto Verdaguer, dedicó versos en catalán a ensalzar a España. El separatismo no sólo es una traición a España, sino a la propia Cataluña. De hecho, la catalana ha sido una de las regiones más favorecidas de España, recibiendo importantes privilegios fiscales y comerciales de distintos Reyes. Es inmoral que el legado de lealtad, unidad y solidaridad de tantas generaciones sea tirado por la borda en aras de una ideología totalitaria, excluyente e insolidaria, que falsifica la historia, promoviendo en las escuelas el odio a España, esa España por la que tanto se esforzaron y sacrificaron tantas generaciones de catalanes.

2ª. Los catalanes apoyaron masivamente la Constitución Española de 1978, cuyo Artículo 1.2 establece: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado." Esto significa que el propio poder de la Generalidad de Cataluña emana del pueblo español. El Artículo 2 de la Constitución, así mismo, señala: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". El 90,46% de los catalanes apoyaron esta Carta Magna en referéndum, siendo una de las regiones españolas que más apoyó la Constitución, por detrás de Canarias, Andalucía y Murcia. Para que nos hagamos una idea, el Estatuto catalán de 2006, hoy vigente, recibió un 73,9% de votos a favor. Ese apoyo de los catalanes a nuestra Constitución es un hecho vinculante. Al saltarse la Constitución, los separatistas están traicionando a los propios catalanes. ¿Quién les garantiza que en uno o dos años esos mismos políticos no se saltarán cualquier cosa que voten los catalanes igual que han hecho con la Constitución a la que apoyaron masivamente?

3ª. Ningún político tiene derecho a trocear la soberanía nacional. Decir que una parte de un país es, porque sí, un sujeto de soberanía es una pura arbitrariedad jurídica inaceptable en cualquier Estado de Derecho. De hecho, con su desafío el separatismo se queda sin argumentos para contestar otros planteamientos separaristas: ¿por qué no la provincia de Barcelona o la ciudad de Badalona? ¿Por qué no un barrio o un edificio? Dirigentes separatistas han negado el derecho a decidir al Valle de Arán y a Tarragona, sin ofrecer argumentos convincentes para responder a una pregunta obvia: ¿por qué España puede trocearse y Cataluña no?

4ª. Un Estado de Derecho no puede aceptar que cumplir la ley sea algo optativo o negociable. Los españoles -catalanes incluidos- se dieron a sí mismos en referéndum unas reglas de juego que obligan a todos por igual. Esas reglas incluían los cauces necesarios para modificar el actual modelo constitucional. Los separatistas han decidido, por su cuenta, que no se consideran sometidos a esas reglas. Esto es inaceptable en cualquier ciudadano de a pie, pero aún más en responsables políticos que están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Por otra parte, ¿con qué cara piensan obligar a los catalanes a obedecerles si esos mismos políticos se han saltado las leyes como y cuando les ha dado la gana? Un político que lanza ese mensaje a la ciudadanía está transmitiendo una idea nada democrática: que la obediencia a las leyes depende de la mera voluntad del político de turno por hacerlas cumplir. Esto es dejar la puerta abierta al despotismo.

5ª. El separatismo ha ejercido el poder saltándose la ley durante años y convirtiendo a Cataluña en un paraíso para la corrupción política. En 2013 la UE ya situó a Cataluña como una de las regiones con más corrupción política de Europa (el puesto 130 de un total de 172, siendo la región peor situada de España). Además, es con diferencia la comunidad española con más políticos acusados y procesados por corrupción (303 frente a los 153 de la segunda, que es Andalucía, y los 145 de la tercera, que es Madrid). Esto no es más que el efecto de una forma de gobernar basada en la idea de que los políticos tienen derecho a saltarse la ley. La Generalidad ha incumplido abiertamente sentencias durante años, jactándose de desobedecer a una Justicia a la que estamos sometidos todos los españoles sin excepción. Esa forma de gobernar es corrupción pura y dura. Si el separatismo ha emprendido esta vía rupturista es, de hecho, por los escándalos que salpican a la casta separatista. Pretenden tapar la corrupción y eludir a la Justicia creando un nuevo Estado donde los jueces estén a las órdenes de esos políticos corruptos.

6ª. Estamos ante una rebelión armada que pretende tomar como rehenes a los millones de catalanes que se sienten españoles. Hechos como éste suelen tener un final sangriento. Ese es el resultado lógico cuando unos políticos irresponsables deciden que pueden arrebatarle una parte de su territorio a un país, sin importarles la oposición de muchos de los habitantes de ese territorio y la obligación del Estado de imponer el orden y la legalidad vigente. De hecho, la constante pérdida de apoyo al separatismo ni siquiera le ha importado al actual gobierno catalán. Recordemos que en 2007 el separatismo catalán estableció en un 66% el porcentaje de apoyos que precisaba para la independencia. Sin embargo, ante la pérdida de apoyos de los partidos secesionistas, han iniciado el actual golpe separatista sumando los partidos independentistas sólo un 47% de los votos. Esto convierte el actual proceso rupturista en un intento de secuestrar a una parte importantísima de la población catalana, que se sigue sintiendo española. España no puede quedarse de brazos cruzados ante una rebelión armada, que es como cabe calificar a un gobierno autonómico que intenta separarse del país usando a su brazo armado -en este caso los Mozos de Escuadra- para imponer su voluntad a los ciudadanos. Siempre que un grupo separatista ha intentado reventar un país democrático de esta forma, el resultado ha sido un enfrentamiento grave. En el caso de EEUU, un golpe separatista como el catalán dio lugar a una sangrienta guerra civil, y eso teniendo los secesionistas sureños más apoyos que los que tienen los separatistas catalanes a día de hoy. Como ya he señalado, en la propia Cataluña el golpe separatista de Companys en 1934, durante la Segunda República, se saldó con 107 muertos.

7º. El separatismo convertiría a Cataluña en una dictadura. Hasta ahora los políticos separatistas se han caracterizado por el sistemático pisoteo de los derechos individuales de aquellos que estorban al secesionismo en su proyecto rupturista. La prohibición de escolarizar a los niños en español (a pesar de ser la lengua más hablada en Cataluña) y las multas lingüísticas a los que no rotulan sus negocios en catalán son dos ejemplos de esa política dictatorial del nacionalismo catalán. Pero a ello hay que sumar la violencia separatista contra los que se sienten españoles e incluso contra los hispanohablantes, una violencia que los políticos separatistas se niegan a condenar. Los constantes abusos de poder de los políticos separatistas y su rechazo a respetar la ley y las sentencias judiciales cuando no les vienen bien, demuestran un talante autoritario que depararía un negro futuro a una Cataluña independiente.