Críticas a Orbán y silencio ante Sánchez: el sesgo de Europa ante los abusos de poder

En las últimas semanas, diversos medios se han hecho eco de la amenaza para la democracia que supondrían las medidas tomadas en Hungría contra el coronavirus.

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Los primeros casos de coronavirus fueron detectados en Hungría el 4 de marzo. Hasta ahora, el país ha sido una de las naciones europeas menos afectadas por esta pandemia. Para que nos hagamos una idea, ayer España llevaba 57,2 contagios por cada 100.000 habitantes: Hungría sólo 4,4. La diferencia se debe, en buena medida, a la rápida reacción del Gobierno de Viktor Orbán: el Gobierno de Hungría aprobó el estado de emergencia el 11 de marzo, sólo una semana después de detectarse esos primeros contagios y cuando el país sólo llevaba 121 positivos por coronavirus. Por el contrario, el Gobierno español aprobó el estado de alarma el 14 de marzo, casi un mes y medio después del primer caso detectado (que se conoció el 31 de enero) y cuanto España ya llevaba 6.332 contagiados y 193 muertos.

Lluvia de críticas desde Europa contra el Gobierno húngaro

Curiosamente, y a pesar de esa radical diferencia en cuanto a la rapidez de su reacción -con fatales consecuencias en el caso de España-, el Gobierno conservador de Viktor Orbán ha recibido muchas más críticas de medios y políticos europeos que el ejecutivo izquierdista de Pedro Sánchez, a causa, supuestamente, de las medidas adoptadas por el Gobierno húngaro para hacer frente al coronavirus. Concretamente, las críticas se han focalizado en dos cuestiones:

• La posibilidad de extender el estado de emergencia de forma indefinida: a finales de marzo, el Parlamento húngaro, en el que el partido Fidesz de Orbán tiene mayoría absoluta, aprobó una ley que permite extender de forma indefinida el estado de emergencia, en el cual el Gobierno puede gobernar por decreto. Políticos europeos criticaron duramente la medida. La eurodiputada progresista holandesa Sophie in 't Veld dijo, por ejemplo, que esa medida pretendía "matar la democracia y el Estado de Derecho en Hungría".
• La aprobación de una ley para castigar bulos con hasta 5 años de prisión: a comienzos de abril, el diario progresista The Guardian afirmaba que periodistas húngaros tienen miedo de ser encarcelados.

El Gobierno español está aprobando medidas peores...

Muchos lectores españoles de Contando Estrelas habrán observado el enorme parecido de las medidas del Gobierno húngaro criticadas por medios y políticos europeos, con ciertas medidas del Gobierno español aún peores que las del Gobierno húngaro que no han recibido críticas europeas:

• La extensión indefinida del estado de alarma en España y los abusos ligados a él: hasta ahora, el Gobierno español ya ha solicitado cuatro prórrogas del estado de alarma que han sido aprobadas por el Congreso de los Diputados, cada vez con menos apoyos. Ante esa pérdida de apoyos, ahora el Gobierno pretende pedir una prórroga de 30 días, lo que le permitiría reducir el control parlamentario sobre el ejercicio de los poderes extraordinarios otorgados al ejecutivo. De hecho, la Ley Orgánica 4/1981, que regula el estado de alarma, establece claramente límites a las prórrogas del estado de excepción pero no a las del estado de alarma. Es decir, que en España podría darse las mismas prórrogas indefinidas que en Hungría, pero con una diferencia, y es que el Gobierno español está aplicando suspensiones de libertades que rebasan el estado de alarma, como incluso ha denunciado una fiscal del Tribunal Supremo.
• Amenazas de 5 años de prisión a los difusores de bulos: en medio de una campaña de acusaciones del Gobierno contra la oposición de extender "bulos", para intentar frenar las crecientes críticas por la mala gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez, el 17 de abril la Fiscalía General del Estado -en manos de una exministra del propio Gobierno de Pedro Sánchez- advirtió que los propagadores de bulos pueden enfrentarse con penas de hasta 5 años de prisión, es decir, como en Hungría, pero con una importante diferencia: las leyes españolas no castigan los bulos, sino las falsedades que tengan como fin hacer estafas, por ejemplo. De hecho, unos días antes de ese anuncio de la Fiscalía, el Gobierno había planteado posibles cambios legislativos para penalizar los bulos.

A lo anterior hay que añadir los insultos y amenazas lanzados por el vicepresidente español Pablo Iglesias contra la oposición desde la tribuna de Congreso el 29 de abril, ante las críticas de la oposición a su mala gestión de la epidemia en las residencias de ancianos. "Representan el odio, la hipocresía y la miseria moral y les aseguro que España se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan", dijo el vicepresidente refiriéndose a Vox, el tercer partido del Congreso: una amenaza gravísima y propia de un matón de la dictadura socialista venezolana.

... pero los medios y políticos europeos guardan silencio ante ellas

Pues bien: en medios extranjeros apenas ha aparecido nada de esto, ni siquiera la denuncia hecha por la fiscal del Tribunal Supremo, a pesar de haber sido publicada en uno de los diarios españoles con mayor audiencia. Tampoco hemos visto a políticos extranjeros clamar contra ese estado de excepción encubierto, que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por Vox, una fuerza con 52 diputados. Un recurso que también ha silenciado la mayoría de la prensa europea.

Ciertamente, las medidas que está tomando el Gobierno húngaro son peligrosas: cuanto más limitado esté el poder de gobernante, mejor. Lo que no se entiende es que los mismos medios y políticos europeos que critican las medidas de Orbán guarden silencio ante los abusos de Sánchez, que son peores que las acciones adoptadas por el Gobierno húngaro. Una vez más parece que estamos ante el habitual sesgo ideológico de gran parte de los medios y políticos europeos, cuya crítica parece responder más al carácter conservador de gobiernos como el de Hungría o el de Polonia, que a la propia naturaleza de sus acciones. Sólo así se explica su escandaloso silencio ante la deriva autoritaria que está tomando España con su gobierno de coalición formado por socialistas y comunistas.