Topónimo 'Orense': ¿lo llaman 'normalización' porque suena menos feo que 'intolerancia'?

Los promotores de la ingeniería social siempre se las apañan para que sus planes para degradar las libertades parezcan menos desagradables.

El BNG dice que 'Orense no existe' pero en su sitio web dice 'Castela e León' y 'A Rioxa'
Los topónimos en español de Galicia, la hispanofobia y el periodismo basura

Una ley discriminatoria que contradice al Estatuto de Galicia

En Galicia podemos ver un ejemplo de ello con la política lingüística. El Estatuto de Galicia, aprobado en 1981, afirmó en su Artículo 5 que el gallego y el castellano son los idiomas oficiales de Galicia, que "todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos" y que "nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua". Los políticos que apoyaron este texto cambiaron muy pronto de idea sobre la discriminación.

En 1983, el Parlamento de Galicia aprobó una "ley de normalización lingüística". Su Artículo 2 coincidía con el espíritu de bilingüismo del Estatuto de Galicia, al afirmar: "Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma". Sin embargo, el Artículo 10 de esa ley contradecía abiertamente ese bilingüismo, desterrando el español de la toponimia oficial, al afirmar algo que entra en contradicción con los usos habituales en todos los territorios de países democráticos en los que hay más de una lengua oficial: "Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega".

Disfrazando como 'normalización' la discriminación del español

De esta forma, se disfrazaba como "normalización" la discriminación y la intolerancia contra el español, un idioma hablado en Galicia desde la Edad Media, es decir, desde los tiempos en los que el latín vulgar dio paso a dos nuevos idiomas: los que se hablan hoy en Galicia. Algunos alegan que esto es una forma de reparar la política discriminatoria del franquismo, en la que el gallego no tenía reconocimiento oficial, no figuraba en la toponimia y no se enseñaba en las escuelas. Pero una discriminación no justifica otra, y menos aún que una democracia haga con un idioma algo parecido a lo que una dictadura hizo con el otro.

Por otra parte, hay que señalar que esa ley discriminatoria fue aprobada por unanimidad. Es decir, que contó con el apoyo de Alianza Popular (hoy Partido Popular), la Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los nacionalistas de BNG-PSG y Esquerda Galega y el Partido Comunista de Galicia (PCG). Hoy el Partido Popular (PP), el PSOE y el BNG apoyan sin figuras esa ley. El PP reafirmó ese apoyo en mayo de 2023, como ya señalé aquí.

El PP rechazó en otras regiones una normativa así tachándola de 'monolinguismo impositivo'

Paradójicamente, en 2011, cuando el PSOE y el PNV desterraron los topónimos en español de Vizcaya y Guipúzcoa, el Partido Popular se opuso a ello alegando que eso era "establecer un monolinguismo impositivo". En 2021, cuando el PSOE y los nacionalistas eliminaron el topónimo español "Mahón", el PP también rechazó ese cambio, proponiendo "una fórmula integradora" que contemplase los topónimos en ambas lenguas y afirmando: "Para nosotros la coexistencia es lo normal, es lo legal". Pero en Galicia el PP hace justo lo contrario.

Por supuesto, la finalidad real de esa ley no era normalizar el gallego (para eso habría bastado que se reconociesen como oficiales los topónimos en ambas lenguas), sino la exclusión del español, tratado como una lengua forastera en Galicia a pesar de que lleva cientos de años hablándose en esta región española. Ni siquiera se contempló la posibilidad de que cada localidad eligiese su propia denominación. Cuando en 2004 el Ayuntamiento de la Coruña votó reconocer como oficiales los topónimos de la ciudad en ambas lenguas, el gobierno gallego, en manos del PP, lo rechazó, exhibiendo el mismo rechazo que los separatistas a los topónimos en español.

Una ley que ha servido para promover la intolerancia al español

Los resultados de discriminar al español de la toponimia oficial han sido los previsibles. Esa ley ha servido para promover la intolerancia al español, extendiendo a distintos sectores de la sociedad lo que antes eran actitudes propias de los separatistas más radicales. Ayer pudimos ver un ejemplo de ello. El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome (de Democracia Ourensana), publicó un mensaje en Twitter defendiendo el uso del topónimo "Orense" cuando habla en español, haciendo una argumentación muy buena desde el punto de vista lingüístico. Los argumentos de Pérez Jácome coinciden con los de la Real Academia Española (RAE), que en relación al topónimo "Orense" afirma:

"Nombre tradicional en español de la provincia y la ciudad de Galicia cuyo nombre en gallego es Ourense. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo gallego como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en español lo adecuado es emplear el topónimo en esta lengua. El gentilicio, para todo tipo de textos, incluidos los oficiales, es orensano".

Como suele ocurrir, decenas de intolerantes han respondido a Pérez Jácome con insultos y mofas, simplemente porque el alcalde defendió un topónimo en español que muchos vecinos de Orense usan a diario desde hace muchos años. Hay una paradoja más, que muchos suelen pasar por alto: en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en su Artículo 2, el Estatuto de Galicia aún recoge los topónimos "La Coruña" y "Orense" como nombres de dos de las provincias gallegas. Ocurre lo mismo en el texto del Estatuto en español publicado en el sitio web de la Xunta de Galicia, ya que el texto del Estatuto nunca fue cambiado para modificar esos topónimos.

Sólo un partido ha propuesto derogar es normativa discriminatoria

No quiero terminar estas líneas sin recordar que en 2020 Vox presentó en el Congreso una propuesta para recuperar esos topónimos en español en la toponimia oficial, denunciando que leyes como la citada de 1983 "han permitido y fomentado que se proscriba el uso del castellano y establecido que la única denominación oficial sea la de la lengua vernácula". La propuesta pedía "regular mediante ley el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España y de que comparta este carácter con la de las restantes lenguas españolas propias de la correspondiente región" Era una propuesta muy razonable y acorde con el espíritu del Artículo 3 de la Constitución. La iniciativa ni siquiera fue admitida a trámite. Esto es lo que algunos partidos entienden por "diálogo" y por "democracia".

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Imagen: Instituto Geográfico Nacional. Mapa de Galicia de 1849 con el topónimo "Orense" y con otros topónimos en español que han sido excluidos de la toponimia oficial por el mero hecho de estar en español.