Hoy se cumple un año de la culminación del golpe separatista encabezado por Carles Puigdemont. Un año después, ¿cuál ha sido el resultado del golpe, y cuál la reacción de nuestras instituciones?
El 'éxito' político del golpe: romper la convivencia y espantar a turistas y empresas
Políticamente hablando, es cierto que el golpe fracasó en su intento de separar a Cataluña del resto de España, pero lo que sí han conseguido los separatistas es romper la convivencia entre catalanes y empujar a su región por un precipicio en materia económica. Empezaré por esto último, con un dato muy significativo: desde el 1 de octubre de 2017 al 13 de marzo de 2018 abandonaron Cataluña más de 4.500 empresas, entre ellas seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35: el Bando de Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Abertis, Cellnex y Colonial. El éxodo de empresas ha continuado desde entonces. A esto hay que añadir el desplome del turismo a causa de la inestabilidad política creada por el golpe. Este verano se han registrado descensos de hasta el 50% el turismo nacional y del 20% del turismo extranjero en Cataluña.
En cuanto a la convivencia, la violencia separatista ha ido en aumento. Tras el acoso violento a una secretaria judicial y a guardias civiles en Barcelona el 20 de septiembre del año pasado, incluyendo el destrozo de varios vehículos policiales por parte de los separatistas, llegó el acoso a policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, las agresiones a demócratas, incluido un ataque a puñetazos a una madre de familia por quitar lazos amarillos, al grito de "extranjera de mierda"; el intento de incendiar una vivienda familiar por tener la bandera de España en su balcón, y lo más grave, con sus ocupantes -niños incluidos- dentro; el ataque a una conferencia en Barcelona por versar sobre Cervantes; y este último fin de semana, las agresiones de separatistas a patadas y puñetazos contra manifestantes pacíficos. Hay que señalas que estos violentos son aliados de los separatistas que gobiernan en Cataluña, que otorgan una total impunidad a esos matones.
La revolución de los balcones: muchos españoles dieron una lección de dignidad a los políticos
Cabe preguntarse cómo puede ser que políticos que se apoyan en esas prácticas de matonismo estén gobernando una toda una región. Basta con ver la reacción de los grandes partidos. En septiembre de 2017, cuando la maquinaria del golpe estaba ya a pleno rendimiento, Ciudadanos y el PSOE se mostraban contrarios a aplicar el Artículo 155 de la Constitución; el PP había descartado esa medida en agosto, como si fuese un tabú el mecanismo previsto para estos casos por la norma de convivencia que los propios españoles votaron en referéndum. Ante la inacción de los políticos, el 30 de septiembre de 2017 miles de ciudadanos se movilizaron a iniciativa de la Fundación DENAES para defender la unidad de España. El PP intentó desmovilizarles e incluso boicotear la convocatoria, que finalmente fue un éxito. A la semana siguiente, la movilización se repetía en Madrid, donde Santiago Abascal, presidente de Vox, pronunció un discurso memorable:
Sin esperar a los grandes partidos, muchos españoles colgaron la bandera nacional de sus balcones en señal de rechazo al golpe y en apoyo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los catalanes no nacionalistas. Los acosos a las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron contestados primero con calurosas despedidas a los agentes en sus lugares de origen (despedidas que el gobierno de Rajoy quiso impedir), pero también con emocionantes muestras de apoyo personales de catalanes y también por manifestaciones de respaldo a los agentes incluso en feudos separatistas. Las manifestaciones en defensa de la unidad de España se sucedieron en diversas poblaciones catalanas, para disgusto y cabreo de los golpistas. Fue lo que Vox tituló como "la revolución de los balcones" en un documental presentado el pasado mes de marzo. Sin duda, el mejor resumen hasta ahora de la respuesta de los españoles al golpe separatista:
La respuesta de los cuatro grandes partidos al golpe separatista
Después de haber depositado en el Tribunal Constitucional casi todo el peso de la respuesta del Estado al proceso separatista, Rajoy no aplicó el 155 hasta tres semanas después del golpe. La tardanza no era nueva: se había pasado tres años permitiendo a los separatistas desafiar impunemente al Estado de Derecho. Y cuando por fin se aplicó el 155, el gobierno renunció a controlar TV3 -por exigencia del PSOE-, dejándola en manos de los separatistas, y se apresuró a convocar elecciones autonómicas antes de Navidad -siguiendo los consejos de Ciudadanos- para quitarse el muerto de encima. En noviembre Ciudadanos rechazaba la posibilidad de ilegalizar a los partidos separatistas, lo que significaba dejar impune su apoyo a un golpe de Estado.
Como resultado de ello, sólo siete meses después de dar el golpe, los separatistas volvieron a la Generalidad, y esta vez poniendo a su frente a un tipo racista e hispanófobo, cuyo discurso de investidura dejó clara su intención de continuar el golpe. Durante todo este proceso, merece la pena recordar que Podemos ha actuado como una simple comparsa de los separatistas, lo que le ha provocado disputas internas y una gran caída de votantes en las encuestas. En cuanto a la actuación del gobierno socialista de Pedro Sánchez frente a los golpistas, ha sido todo lo vergonzosa que cabía esperar de alguien que llegó a La Moncloa con el apoyo de los mismos partidos que apoyaron el golpe separatista, adquiriendo con ellos unos compromisos aún por desvelar.
La respuesta de Vox, un partido que ha logrado mucho con muy pocos medios
En contraste con la penosa actuación de los cuatro grandes partidos, lo ocurrido en Cataluña ha servido para catapultar a una pequeña formación que hasta entonces tenía difícil incluso aparecer en los medios. A diferencia de la tardanza con la que el gobierno de Rajoy respondió al golpe, en cuanto se conoció que la Generalidad estaba creando una Hacienda propia mediante la obtención ilegal de datos fiscales de todos los contribuyentes catalanes, Vox presentó su primera querella contra Puigdemont y su gabinete ya el 30 de enero de 2017, querella que un mes y medio después fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona. En cuanto se inició en el Parlamento catalán el proceso rupturista, el 6 de septiembre de 2017 Vox presentó una nueva querella contra Puigdemont y su gobierno, acusándole de delitos de usurpación de funciones, desobediencia, sedición, rebelión y malversación de caudals públicos. La querella fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 11 de octubre, diez días después del golpe: otra muestra de la lentitud de nuestro sistema judicial.
El 20 de octubre, Vox daba a conocer que la Sala Civil y Penal del TSJC les pedía entregar una fianza de 20.000 euros en cuatro días para poder personarse como acusación popular en las causas abiertas por ese partido contra el gobierno de Puigdemont. Vox era un pequeño partido con escasos recursos y sin subvenciones, y parecía que no iba a poder frente a ese gasto, pero lanzó una cuestación popular: miles de españoles respondieron a la llamada de ayuda y se recaudó más del doble. Gracias a la acción de Vox como acusación popular, y también gracias a un puñado de jueces y fiscales valientes, varios de los responsables del golpe han acabado en prisión preventiva. Por supuesto, esto no entraba en los planes de los grandes partidos.
Las presiones políticas para desactivar la ofensiva judicial contra los golpistas
En abril, cuando aún estaba el PP en el poder, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó torpedear la acusación de malversación contra los golpistas, negando que ese delito se hubiese producido (simplemente porque dejaría con el culo al aire al gobierno de Rajoy por su negligencia a la hora de fiscalizar las cuentas de la Generalidad). Ya en julio y con el PSOE en el poder, Vox denunció "amenazas veladas" de "tentáculos gubernamentales" para que renunciase a la causa contra los golpistas. Unos días después el abogado de Puigdemont proponía al gobierno socialista "desactivar a Vox". Lejos de amilanarse, el partido de Santiago Abascal anunció que continuaría con su ofensiva judicial contra los golpistas. Curiosamente, y aunque el periodista Hermmann Tertsch instó a Pablo Casado y a Albert Rivera a pronunciarse sobre esas presiones, el PP y Ciudadanos guardaron silencio. Al final, este proceso ha servido para demostrar quiénes están dispuestos a mojarse por defender a España y quiénes prefieren la tibieza y la inacción. Lo más llamativo de este golpe es que se topó con un pequeño partido, Vox, que está creciendo cada vez más precisamente por su valentía. Ojalá pronto podamos verlo en el Congreso combatiendo al separatismo con la misma firmeza que ha demostrado en los tribunales.
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(Foto: Fundación DENAES. La Plaza de Colón el 7 de octubre de 2017, totalmente abarrotada durante la convocatoria de la Fundación DENAES en defensa de la unidad de España)
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Comentarios:
JFM
Lo surrealista fue que en la noche del referendum Rajoy propuso dialogo. Dialogo y en los dias sucesivos, dinero.
12:38 | 1/10/18
Jose
VOX tendrá sus virtudes y defectos, como todo el mundo. Pero en este momento da la sensación de que es la única fuerza política que está limpia y que no tiene hipotecas con ninguna de las mafias que se han instaurado en España en estos últimos 40 años. Incluida la del 3%.
Puede ser la última oportunidad para salir votando, de la balsa de mierda donde nos han metido los que han pastoreado a los españoles los últimos 40 años
16:07 | 1/10/18
jose luis sanchez ponz
Votare a VOX
20:15 | 6/10/18
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