El recurso de Vox a una ley vasca que margina el español podría volverse contra el PP gallego

La discriminación del español por el gobierno vasco dio lugar a un recurso de Vox ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

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Un decreto del gobierno vasco que margina el español

En noviembre de 2019, el gobierno vasco (formado por el PNV y el PSOE) aprobó el Decreto 179/2019, que dice tener como fin la "normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales" de esa comunidad española. Varios artículos de ese decreto dan prioridad al uso del vasco sobre el español a nivel oficial. Por ejemplo, el Artículo 41.2 señala:

"Los actos públicos y comparecencias ante los medios de comunicación, llevadas a cabo dentro de la actividad de comunicación institucional de las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi, se realizarán, por lo menos, en euskera. Asimismo, se dará prioridad al uso del euskera de acuerdo con los criterios que establezca cada una de ellas en atención a la caracterización sociolingüística de las personas receptoras".

El Artículo 16.1 abunda en esa exigencia que deja el uso del español como algo opcional y a la mera voluntad del ayuntamiento de turno:

"Los elementos de identidad corporativa de las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi, especialmente las denominaciones de órganos y organismos, en cualquier tipo de soporte, se redactarán al menos en euskera".

Vox recurrió ese decreto y la ley vasca en la que se basó

En enero de 2020, Vox recurrió ese decreto ante el TSJPV, señalando que supone "un atropello lingüístico para los castellanoparlantes de la Comunidad Autónoma Vasca". El PP también anunció que recurriría ese decreto, afirmando que "pisotea el derecho a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales". La diferencia de ambos recursos es que Vox recurrió también la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, en la que se basa dicho decreto. Una ley que el gobierno de Rajoy no recurrió al Tribunal Constitucional (TC) por sus pactos con el PNV.

El TSJPV eleva una cuestión de inconstitucionalidad a instancias de Vox

Este lunes se anunció que el TSJPV elevará una cuestión de inconstitucionalidad al TC a instancias del recurso de Vox contra la citada Ley 2/2016, por la posible inconstitucionalidad de su Artículo 6.2, que dice lo siguiente:

"Las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales podrán ser redactados en euskera. Esta facultad podrá ejercerse, en los supuestos anteriormente mencionados, siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización y uso del euskera. Cuando las resoluciones, actas y acuerdos se redacten en euskera, se remitirán en esta lengua las copias o extractos a la Administración autonómica y a la Administración estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación básica de régimen local".

Según Confilegal, el TSJPV ha señalado que dicho artículo "sitúa al euskera en una posición de primacía que impide la libertad de opción de los hablantes por una u otra lengua ya que la somete a unos condicionamientos que, reduciéndola a un único supuesto -el desconocimiento del euskera-, la imposibilitan".

Una norma que vulnera la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional

El recurso de Vox y la consiguiente cuestión de inconstitucionalidad plantada por el TSJPV a instancias de ese partido están más que justificados. Recordemos que en su sentencia 31/2010, el TC señaló que las administraciones públicas en comunidades bilingües "no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales", ya que de asumir esa preferencia "se estaría contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística", añadiendo: "Toda lengua oficial es, por tanto –también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española–, lengua de uso normal por y ante el poder público".

Una ley gallega aprobada por el PP margina el español en los mismos términos

Leyendo la citada ley vasca llama la atención el parecido de sus disposiciones con lo que dice el Artículo 7 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, aprobada por un gobierno del PP y firmada por Manuel Fraga:

"1. El gallego, como lengua propia de Galicia, lo es también de su Administración Local.

Las convocatorias de sesiones, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, actas, notificaciones, recursos, escrituras públicas, comparecencias judiciales y todos los actos de carácter público o administrativo que se realicen por escrito en nombre de las corporaciones locales se redactarán en lengua gallega.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tales entidades pueden hacerlo, además, en la otra lengua oficial, el castellano".

Es decir, que esta ley autonómica gallega, al igual que la antes citada ley vasca, permite excluir el español de los escritos oficiales de los ayuntamientos gallegos, lo cual contradice claramente lo señalado por el TC en su sentencia 31/2010, antes mencionada. La paradoja es que el PP vasco recurrió un decreto por discriminar el español, mientras que el PP gallego apoyó una ley que hace exactamente lo mismo y que se está aplicando en Galicia desde hace 24 años, teniendo como resultado la exclusión del español de toda la rotulación oficial y de la práctica totalidad de los impresos y escritos de las administraciones locales y autonómica de Galicia, lesionando los derechos de los hispanohablantes.

Si Vox recurre esa ley, el resultado judicial tendría que ser el mismo

Si Vox se anima a recurrir la citada ley gallega, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) tendría que hacer un tremendo encaje de bolillos para no estimar, como lo ha hecho el TSJPV, que dicha norma debe ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, y con más motivo aún, pues su redacción es aún más explícita que la ley vasca en cuanto a la posibilidad de marginar el español a voluntad de cada ayuntamiento. Así pues, ese recurso de Vox a una ley vasca puede volverse de rebote contra el PP gallego y su política de exclusión del español, una política que se parece peligrosamente a la del PNV.

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Foto: Xunta de Galicia.